Bronca en el juicio del caso Eólico durante el interrogatorio al policía que instruyó la investigación

El juicio del caso Eólico pierde expectación mediática, pero no nervio. Este miércoles se ha vivido la sesión más bronca en lo que va de vista oral. Los conatos de enfrentamiento que se habían producido durante los primeros interrogatorios han dado paso a tensos cara a cara entre el magistrado que preside el tribunal de jurado, Pedro Herrera, y los abogados María del Mar García y Víctor García de Bordallo, que defienden a los dos acusados que no han reconocido los hechos, el exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, respectivamente.

El conflicto se ha generado durante la declaración del inspector de la Policía Nacional que instruyó la investigación. El magistrado interrumpió en numerosas ocasiones a ambos letrados cuando trataban de desacreditar y desmontar las conclusiones de las pesquisas policiales, cuestionando algunas de las pruebas incriminatorias contra los acusados, entre ellas los dos correos que dan origen al procedimiento. Pedro Herrera recordó a las defensas que el inspector comparecía ante el tribunal en calidad de testigo y que, por lo tanto, sólo se le podía preguntar por los hechos objeto de enjuiciamiento de los que tuviera conocimiento y no por cuestiones ajenas al procedimiento, como las vinculadas a la obtención de esas pruebas, que ya habían sido resueltas en un auto dictado en 2014.

El presidente del tribunal reprochó a la abogada de Celso Perdomo que ejerciera la defensa con preguntas que contenían valoraciones propias e insistió en que el fin de las testificales, “por mucha película americana que veamos”, no es más que aclarar los hechos por los que se juzga a los procesados. El momento más tenso, sin embargo, lo protagonizó con el abogado de Mónica Quintana, con quien se enzarzó en una discusión tras recriminarle su manera de interrogar y, más en concreto, su forma de “redireccionar” las declaraciones del testigo para tratar de convencer al jurado de la inocencia de su defendida. “Yo no he direccionado nada”, le contestó en hasta tres ocasiones Víctor García de Bordallo, que colmó la paciencia del magistrado cuando quiso dar por zanjada la pugna y continuar con el interrogatorio. “El que dirige el juicio soy yo, no usted. No asuma una responsabilidad que no es suya”, dijo Herrera alzando la voz y visiblemente molesto con la actitud del abogado.

En una extensísima declaración de más de dos horas, el instructor de las diligencias policiales del caso Eólico explicó con detalle las actuaciones realizadas, desde las intervenciones telefónicas a seis sospechosos hasta las vigilancias o las entradas y registros en domicilios y oficinas de los investigados. El agente de la Policía Nacional desmontó también las versiones esgrimidas por las defensas de Perdomo y Quintana para justificar determinadas transferencias de dinero o la compra de libros con cargo a las arcas públicas.

El testigo relató que, durante la investigación, la Brigada de la Policía Judicial pudo comprobar que en la página web de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias no se había colgado un borrador del concurso eólico ni ninguna otra documentación relativa a este procedimiento, como sostienen las defensas para tratar de hacer ver que la información facilitada por Celso Perdomo a determinados empresarios a través de mensajes de correos electrónicos no era privilegiada y, por lo tanto, no les daba ventaja con respecto a otros posibles licitadores.

Los investigadores tuvieron acceso a estos correos a través de la documentación contenida en la primera denuncia, la que interpuso Alberto Santana, trabajador descontento de la empresa de Wilebaldo Yanes, receptor, al igual que Daniel Fernández de Salamanca, de los correos del director general de Industria con el borrador del concurso y el listado de contactos de propietarios de terrenos públicos y privados donde poder instalar los parques. Siempre según el testimonio del inspector, esos mensajes fueron encontrados posteriormente en el disco duro del ordenador de Yanes, en un registro en su domicilio.

Con respecto al delito de cohecho, es decir, al ofrecimiento, aceptación o pago de diferentes cantidades de dinero a cambio de favores en el concurso eólico, el instructor de las diligencias policiales también ha derrumbado las teorías de las defensas.

Los abogados de Perdomo y Quintana mantienen que el empresario Enrique Guzmán, uno de los acusados que ha reconocido los hechos, realizó dos transferencias por un montante total de aproximadamente 25.000 euros a la cuenta que la funcionaria del Cabildo abrió en el Fortis Bank de Luxemburgo por la labor de intermediación del director general de Industria para la adquisición de una parcela y la construcción de una nave en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona para que se instalase allí una fábrica.

El inspector ha explicado que descartaron esta justificación desde el momento en que tanto el vendedor de la parcela como el constructor de la nave declararon, como también hicieron este martes en la vista oral, que no conocían de nada a los acusados y que las gestiones las tramitaron directamente con los responsables de la empresa Carboneco en Barcelona y con una inmobiliaria. Además ha señalado que Celso Perdomo no hizo ninguna referencia a esta supuesta intermediación en los tres primeros interrogatorios que le realizaron.

El testigo relató el entramado que habían ideado Perdomo y Enrique Guzmán para que el primero y su entonces pareja, Mónica Quintana, cobraran las primas generadas por la explotación de los parques eólicos que se pudieran adjudicar a la empresa del segundo. De esta manera, según un borrador de contrato hallado en uno de los registros domiciliarios, Guzmán cedería al director general de Industria el 16% de las acciones de una de las empresas que administraba, Eneroil. Esta sociedad tenía, a su vez, participaciones en otra, Proyectos Renovables de Canarias, que obtendría 225.000 euros por cada megavatio que se le concediera en el concurso eólico.

Los investigadores de la Brigada de la Policía Judicial tampoco dieron ninguna credibilidad al enrevesado intento de justificar otro pago , esta vez de 12.700 euros, realizado por la empresa Promotora de Recursos Eólicos, que representaban los también procesados -y arrepentidos- Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, a Celso Perdomo. Ese dinero fue transferido desde una cuenta de esa sociedad a la empresa Proarguineguín, la misma que había reformado la casa que compartían los ahora procesados. Las defensas aducen que el entonces cargo de confianza del consejero Luis Soria cobró esa cantidad por un trabajo que había realizado antes de acceder al puesto, en 2003, sobre la energía generada por las olas.

“El trabajo no tenía fecha, firma ni encabezado, ni ponía quién lo había solicitado. Me pareció de poca entidad”, sostuvo el instructor de la investigación, que añadió que Perdomo tampoco aludió a este estudio en sus tres primeras declaraciones y que José Ignacio Esquivel incurrió en contradicciones, tras afirmar en la inicial, en febrero de 2006, que no conocía al director general de Industria, y aseverar en la segunda, siete meses después, que había autorizado ese pago por el informe sobre la energía maremotriz.

El testigo redundó en la importancia de las conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial, que aportaron los indicios que después fueron corroborados por otras pruebas, como las vigilancias o la documentación hallada en los registros. Así ocurrió, por ejemplo, con la tercera de las acusaciones, la de malversación de caudales públicos. El pinchazo al teléfono de Perdomo permitió descubrir su plan para, en colaboración con su pareja, adquirir libros con cargo a las arcas de la Consejería de Industria. Tres albaranes de entrega y la aparición de esos ejemplares en la vivienda de ambos ratificaron su consumación.

En este punto del interrogatorio se produjo otro encontronazo entre el presidente del tribunal y la abogada de Celso Perdomo, que pretendía justificar la compra, por ejemplo, del diccionario de María Moliner, a pesar de que los altos cargos sólo pueden adquirir libros técnicos vinculados a las áreas que gestionan, en este caso, Industria y Energía.

En la sesión de este miércoles han declarado otros tres policías que intervinieron en la investigación, entre ellos el secretario de las diligencias. Los agentes han relatado que realizaron tres operaciones de vigilancia a los ahora procesados. En la primera, celebrada en octubre de 2005, cubrieron una reunión que comenzó sobre las 08.00 horas en la habitación del hotel AC Los Bardinos de la capital grancanaria donde se hospedaba el abogado madrileño Alfredo Briganty. En ella estaban Celso Perdomo y Honorato López (jefe de área de Industria), que también participaron, un mes después, en un encuentro en el mismo hotel con otro empresario, Enrique Guzmán, en esta ocasión por la tarde (sobre las 18.30 horas). La tercera vigilancia se produjo en el restaurante El Buen Comer, del Paseo Cayetano de Lugo, con el alto cargo del Gobierno y el funcionario como interlocutores.