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Contratada tras una entrevista de trabajo con su suegro, el concejal de Personal: “No lo conocía”

La nuera de Antonio Díaz, exedil de Personal y Hacienda y exalcalde de Santa Brígida, niega que entrara en el Ayuntamiento por el vínculo familiar, puesto que su marido "no tenía relación" entonces con su padre

"Tenían que pagar en vía ejecutiva, pero recibí el listado de embargos de la Seguridad Social y vi que no estaban, me sorprendió muchísimo que los concejales no pagaran los impuestos", afirma la tesorera del Ayuntamiento

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Antonio Díaz, junto a Carlos Sánchez en el banquillo de los acusados. (ALEJANDRO RAMOS)

Antonio Díaz, junto a Carlos Sánchez en el banquillo de los acusados. (ALEJANDRO RAMOS)

Encarnación Sierra asegura que intercambió las primeras palabras con su suegro en circunstancias muy poco comunes, en una entrevista de trabajo. Ya por entonces estaba casada y tenía tres hijos. Lo conocía “de vista” y por las fotografías familiares que le enseñaba su suegra, de la que estaba divorciado. Incluso lo había invitado a su boda, aunque sólo asistió a la ceremonia, no a la celebración. “Es el padre de mi marido, pero no había relación entre ellos”, justifica. A la entrevista de empleo acudió animada por su cuñada, que no sólo le informó de la oferta, sino también de que en ese lugar trabajaba su padre.

Encarnación Sierra es la nuera de Antonio Díaz, exalcalde del municipio grancanario de Santa Brígida. Este miércoles ha declarado en calidad de testigo en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el propio Díaz, el abogado Adolfo Llamas y el exconcejal de Urbanismo Carlos Sánchez por una presunta trama de fraude fiscal y contratación de familiares y amigos en el Ayuntamiento de la villa.

"Sabía que mi suegro trabajaba allí, pero no que era concejal, no lo conocía. No sabía ni dónde estaba Santa Brígida, pero un trabajo es un trabajo", ha explicado en su declaración Sierra para intentar disipar cualquier sospecha de nepotismo. Tras ser entrevistada por su suegro, que entonces -noviembre de 2002- era edil de Personal y Hacienda, fue contratada. "Me dijo que iba a entrar un mes y que no seguiría si no cumplía las expectativas. Hoy, tengo las oposiciones aprobadas", ha añadido la testigo, recordando que con posterioridad superó un proceso selectivo y logró una plaza como funcionaria en la administración local.

Antonio Díaz también manifestó en la sesión del martes que en ese momento no sabía quién era la mujer que hoy en día sí reconoce "felizmente" como nuera.

La de Sierra es una de las contrataciones por las que está sentado en el banquillo el exalcalde de Santa Brígida, a quien la Fiscalía acusa de influir "de forma decisiva" sobre su predecesor en el cargo, Carmelo Vega, fallecido recientemente, para que iniciara unos procedimientos que prescindieron "de todo sistema de selección, contraviniendo de forma grosera los principios que deben regir la correcta actuación de la Administración Pública".

Otro de los contratos cuestionados es el de Rosa Nolasco, que también ha prestado declaración como testigo. "Era una oferta de empleo que se tramitaba a través del Servicio Canario de Empleo, me llamaron y me entrevisté con los cuatro alcaldes" que formaban parte de la Mancomunidad de Medianías (Santa Brígida, San Mateo, Tejeda y Valsequilla), ha recordado Nolasco, que asumió la administración de este órgano supramunicipal, que presidía entonces Carmelo Vega.

Aunque comenzó trabajando en San Mateo, pronto fue destinada a Santa Brígida, donde acabó realizando labores para el Ayuntamiento. "Hubo problemas con los compañeros, que se quejaron con razón, y me hicieron un contrato de interinidad como abogada" mientras se resolvía el concurso para la provisión de una plaza de técnico de Administración General que había convocado el Consistorio. "Me despidieron cuando se ocupó la plaza, después demandé y gané en segunda instancia, me pagaron una indemnización y los salarios de tramitación", dijo Nolasco, quien ha reconocido que estuvo empadronada en la casa de Antonio Díaz "por motivos personales" y que estuvo afiliada al PP, el partido del alcalde.

La testigo acusó a Marcelino López Peraza, ex secretario general del Ayuntamiento y acusación particular en esta causa, de amenazar al abogado Adolfo Llamas, asesor jurídico de la corporación, durante una reunión en presencia de trabajadores municipales y concejales.

El abogado Adolfo Llamas. (ALEJANDRO RAMOS)

El abogado Adolfo Llamas. (ALEJANDRO RAMOS)

Contrato de informática

En la sesión de este miércoles también ha comparecido Antonio Hernández, adjudicatario en octubre de 2000 del contrato para el suministro de material informático al Ayuntamiento por un montante de 25 millones de pesetas (150.000 euros). En su declaración ha reconocido que era el proveedor de sistemas, equipos informáticos y programación de la autoescuela Camponuevo, que administraba Antonio Díaz, contradiciendo lo manifestado por este en la sesión del día anterior. Sin embargo, ha negado que mantuviera una relación personal con el exalcalde a pesar de que lo conoce desde hace "25 años".  

Hernández ha admitido también que el de Santa Brígida fue el primer concurso que ganó y que anteriormente había concurrido sin éxito a un procedimiento convocado por el Cabildo de Tenerife. En relación a los más de 130.000 euros adicionales que le pagó el Consistorio al margen del concurso y mediante talón, se ha limitado a afirmar que si los cobró fue porque realizó los trabajos y recordó que tuvo que renovar la instalación de la Policía Local.

José María Lupiola, arquitecto del Ayuntamiento y designado responsable de la supervisión de los trabajos de mantenimiento del sistema informático, explicó que el contrato fijaba un año de garantía y que Hernández tuvo que acudir en numerosas ocasiones a las dependencias municipales después de que se detectaran problemas con el cuadro eléctrico que provocaban que se quemaran las placas de los ordenadores  

Con respecto al local donde operaba, el adjudicatario del servicio relató que en origen era un garaje que fue reconvertido en taller y reconoció que no disponía ni de rótulo en la fachada ni de licencia municipal.

Una orden para no pagar impuestos

Francisco Javier Idoy, cuñado de Antonio Díaz y recaudador del Ayuntamiento de Santa Brígida hasta el año 2003, ofreció este miércoles un relato de los hechos mucho más difuso del que pronunció en fase de instrucción, cuando afirmó de forma tajante que los trabajadores de Mungest, la empresa que se encargaba de la recaudación de los impuestos municipales, habían recibido órdenes para retener los recibos de los tributos de determinados miembros del gobierno local, en concreto a Carmelo Vega, Antonio Díaz y Carlos Sánchez. "A mí nunca me dieron la orden, pero se decía eso", manifestó en la vista.  

Uno de los empleados de Mungest, el auxiliar administrativo Antonio Santana, llegó a redactar y firmar un documento en el que confirmaba la existencia de ese mandamiento verbal, un escrito que sirvió a la tesorera, Ana María Ortega, para revocar esa orden y ponerla en manos de la Justicia. "La tesorera me pidió explicaciones sobre los expedientes y redacté un documento a petición suya, pero no tenía los conocimientos suficientes, me lo habían dicho los compañeros", reculó este miércoles Santana, que añadió, ante la incredulidad y el enojo de uno de los magistrados de la Sala,  que no existía ninguna resolución ni orden escrita, pero que los expedientes se retenían cuando se presentaba un recurso o se pedía fraccionar los pagos y que esta medida se aplicaba a todos los ciudadanos.

Lucio Santana, administrador de Mungest y hermano de Antonio Santana, ratificó su versión y añadió que los procedimientos también se podían paralizar por compensación de deudas. "En ningún ayuntamiento, ningún funcionario ni político me ha dado órdenes de no cobrar impuestos", ha afirmado el empresario, que dijo desconocer de qué forma los trabajadores tenían conocimiento de los recursos que presentaban los ciudadanos.

Ana María Ortega, la tesorera que revocó la orden verbal para paralizar los expedientes, detectó la anomalía a través de la Seguridad Social. "Tenían que pagar en vía ejecutiva, pero recibí el listado de embargos de la Seguridad Social y vi que no estaban, me sorprendió muchísimo que los concejales no pagaran, el procedimiento de recaudación estaba muy tasado ", explicó Ortega, que también expresó su extrañeza por la aparición de una factura privada de la autoescuela de Díaz en el Ayuntamiento. "No puedo garantizar que se pagara con dinero público, pero no es normal que apareciera allí".

En relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del solar donde se levantaba la casa donde residía el exalcalde de la villa satauteña, Ortega recordó que Díaz presentó un recurso de reposición en 2002 sobre el cobro por la vía ejecutiva y que el catastro acabó sentenciando que la parcela era de titularidad desconocida, por lo que se dio de baja el expediente. Sobre la autoescuela Camponuevo remarcó que "hubo embargos que no llegaron a su fin, se iban a cobrar y el banco decía que no había dinero. Si se pagó después, no lo sé".

Sin expediente de contratación

En la sesión de este miércoles también declararon la interventora Belén Vecino y la secretaria Rita Hernández, que ratificaron un informe conjunto que concluía que nunca existió un expediente de contratación del abogado Adolfo Llamas, que prestó servicios para el Ayuntamiento tanto en la gestión de las nóminas como en su defensa jurídica, ni de las otras contrataciones que están siendo juzgadas en esta causa.

Hernández precisó, no obstante, que Llamas tenía un poder general para participar en nombre del Ayuntamiento en los pleitos y acusó también a su predecesor en el cargo, Marcelino López Peraza, de amenazarla con "arrastrarla hasta los juzgados" si no le daba unos certificados relacionados con el expediente disciplinario que se le había abierto años atrás y que concluyó con una condena de inhabilitación.

Marcelino López Peraza, junto al abogado José Manuel Rivero y el fiscal Miguel Pallarés. (ALEJANDRO RAMOS)

Marcelino López Peraza, junto al abogado José Manuel Rivero y el fiscal Miguel Pallarés. (ALEJANDRO RAMOS)

Por último, Pacual Suárez, que fue auxiliar administrativo del Ayuntamiento desde 1996 y ahora es técnico de Administración General, se atribuyó la responsabilidad de la entrada de Adolfo Llamas como asesor en el Consistorio: "El exsecretario general Antonio Castro (ya fallecido) me preguntó si conocía a algún abogado especializado en derecho administrativo y le di su nombre. Antonio Díaz no influyó en su contratación, pero dijo que lo conocía".   

Todas las partes elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, en algunos casos con modificaciones puntuales que no afectan al sentido general de los pronunciamientos. Este jueves las acusaciones y las defensas expondrán sus informes finales.

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