Las deudas por condenas del ‘timesharing’ desbordan a Anfi, que ofrece propiedades con cargas para saldarlas

El Grupo Anfi, el mayor operador de Europa en ‘timesharing’ (vacaciones a tiempo compartido), se confiesa “desbordado” por los cientos de procedimientos de ejecución (pagos y embargos) que tiene que afrontar para cumplir con las sentencias firmes que han recaído en su contra como consecuencia de las irregularidades en los contratos suscritos con sus clientes a través de esta modalidad turística, su seña de identidad. Después de recibir varias advertencias ante la falta de respuesta a los requerimientos judiciales para que informase de los bienes susceptibles de embargo en esas causas, la empresa ha aportado una relación de propiedades con cargas, ya que están gravadas con una o más hipotecas y, además, tienen limitaciones de uso.

El emporio turístico fundado en los años ochenta por el empresario noruego Bjorn Lyng está siendo objeto de una investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria, por los posibles delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Las diligencias se abrieron después de que la Fiscalía de Las Palmas presentara una denuncia en verano de 2019 contra dos sociedades del grupo, Anfi Sales y Anfi Resorts, por ocultar sus bienes para impedir o dilatar el cobro de las cantidades a las que han sido condenadas en numerosos procedimientos judiciales desde que, en una resolución dictada el 15 de enero de 2015, el Tribunal Supremo fijara doctrina sobre la materia al anular los contratos de por vida en el negocio del ‘timesharing’.

En esa causa están personados desde el principio los abogados Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Navarro y Ceballos, y Eva Gutiérrez, de Canarian Legal Alliance (CLA), autores de los escritos que, a principios de 2019, dieron pie a la apertura de la investigación del Ministerio Público. En fechas recientes, se han incorporado nuevos abogados al procedimiento en representación de otros clientes, también en calidad de acusación particular. El Grupo Anfi se ha opuesto a estas últimas personaciones al entender que no se ha justificado el perjuicio que se les ha ocasionado. El recurso presentado por la empresa está pendiente de resolución judicial.

Los denunciantes siguen apreciando en las actuaciones del emporio turístico una actitud obstruccionista. Ya en el pasado advirtieron del vaciado de cuentas de las sociedades para eludir los pagos a los clientes. Los saldos en las cuentas corrientes de Anfi Sales y Anfi Resorts, que en 2016 superaban los diez millones de euros, quedaron prácticamente a cero. Con ello, el grupo, que se ha negado por sistema a pagar las deudas de forma voluntaria, evitaba los embargos por la vía de apremio. En el marco de la investigación que se instruye en los juzgados del sur de Gran Canaria, Anfi ha reconocido las dilaciones a la hora de cumplir los requerimientos para informar de los bienes susceptibles de embargo, precisamente el motivo de la denuncia de la Fiscalía (por insolvencia punible), pero ha justificado su actuación por el “desbordamiento” que, según dice, sufre por los cientos de procedimientos civiles de ejecución en los que está inmerso.

Además, ha defendido que la empresa ya puso a disposición del juzgado una serie de propiedades para hacer frente a las deudas. Sin embargo, tal y como advierte una de las denunciantes, la abogada Eva Gutiérrez, se trata de bienes de difícil ejecución. En primer lugar, porque son inmuebles, por lo que es necesario realizar una tasación y una liquidación, con el tiempo y el coste que ello conlleva. Además, porque se trata de propiedades con cargas, gravadas todas ellas con una o más hipotecas y con limitaciones de uso por su explotación turística. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, estas propiedades aparecen en la séptima posición en el orden de embargo (de más fácil a difícil ejecución), por detrás del dinero líquido, créditos, alquileres, intereses… Los denunciantes señalan, por otra parte, que Anfi solo ha aportado parte de los bienes de una de sus sociedades ejecutadas (Anfi Sales) y no de las otros dos que aparecen en los contratos (Anfi Resorts y Anfi Tauro). La empresa defiende que el valor de mercado de esas propiedades supera con creces las cargas hipotecarias que llevan aparejadas.

El despacho Canarian Legal Alliance ha cuantificado en más de veinte millones de euros los ingresos que percibe Anfi de sus clientes en concepto de cuotas de mantenimiento, en algunos casos en cuentas bancarias en el extranjero. Anfi tiene cinco complejos en la isla que suman alrededor de 1.000 apartamentos que se explotan por el sistema de aprovechamiento por turnos en 51 semanas cada uno. Las cuotas oscilan entre los 400 y los 900 euros. Este bufete asegura desconocer el destino de esos ingresos del grupo turístico, así como de otras rentas que la empresa obtiene por el alquiler de determinados locales en el bulevar comercial o por las villas de lujo situadas en la zona de Anfi Tauro. CLA acumula más de 500 sentencias contra Anfi por un importe cercano a los 8 millones de euros. De ellas, más de un centenar son firmes del Supremo y obligan a devolver 2,5 millones.

En el proceso penal, Anfi también ha recurrido la decisión del instructor de pedir información a los distintos juzgados donde se tramitan los procedimientos civiles para conocer el estado de las ejecuciones y si la empresa ha presentado una relación de bienes o de pagos.