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Caso Paraíso

El empresario acusado de sobornar al exconcejal de Tunte Pacuco Guedes: "Fueron solo negocios"

La constructora Mazotti transfirió 200.000 euros a la empresa del hijo de Guedes para pagar la reparación de un barco

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Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. (ALEJANDRO RAMOS)

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. (ALEJANDRO RAMOS)

El empresario Alejandro Navarro Miñón, acusado de un delito de cohecho en el caso Paraíso, ha afirmado este miércoles que los pagos a la empresa del hijo del exedil del PSOE de San Bartolomé de Tirajana Francisco Guedes, Excursiones Marítimas, fueron solo negocios y no un soborno.

En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra los ochos acusados en esta trama, el propietario de la constructora Mazotti ha indicado que en Excursiones Marítimas vio una oportunidad para introducirse en el sector turístico con "algo pequeño", ante el declive que advertía en la construcción.

Navarro ha señalado al tribunal, al igual que hicieron este martes los también acusados Francisco Guedes y su hijo Jonás, que su incorporación a la empresa fue de forma "verbal", pues cuestiones de salud y el propio caso Paraíso impidieron que se procediera a la ampliación de capital para hacerse socio de ella.

En la contabilidad de Mazotti se reflejaron como gastos los ingresos que efectuó entre noviembre de 2006 y mayo de 2007 para pagar la reparación del barco Atlantis de Excursiones Marítimas, nóminas de trabajadores y combustible, aunque no se especificaron los conceptos porque estaba pendiente de formalizar su incorporación a la sociedad.

Según Navarro, los miembros del consejo de administración de la constructora conocían esos pagos, que no guardan relación con la obra de urbanización del poblado Cesa en la zona del Pajar, actuación que tampoco captó su interés porque económicamente no era de las importantes.

Ha hecho hincapié en que la suma que aportó a Excursiones Marítimas fue de 200.000 euros, una cantidad que no era importante para una empresa como Mazotti, que era de las primeras en Canarias en 2007 y que desapareció a raíz de este proceso.

Navarro ha recalcado que los beneficios que obtenía su empresa por la urbanización del poblado Cesa eran de 18.000 euros, cuando la inversión en el barco superó los 200.000 euros, y ha calificado de "locura total" la solución que ofreció el Ayuntamiento de San Bartolomé a los problemas que surgieron en esa obra.

Su dedicación a esa obra fue "mínima" y, de hecho, se enteró de la existencia del poblado Cesa cuando fue detenido, según la versión que ha ofrecido el empresario, quien ha dicho que estaba en desacuerdo con la segunda fase de la obra propuesta por el Ayuntamiento que le fue adjudicada por procedimiento negociado sin publicidad.

Navarro, que además de ingeniero de Caminos es licenciado en Derecho y por ello se sienta en el estrado con los abogados, ha sostenido que lo que se discute sobre los problemas derivados de esta obra son de índole administrativa y no penal.

Como muchos proyectos, este presentaba muchos problemas desde sus inicios, porque se trataba de urbanizar una zona en la que ya existían viviendas, ha añadido Navarro, quien también ha señalado que nunca le comunicaron los reparos a esa adjudicación por parte de la Intervención del Ayuntamiento, que aún le debe 500.000 euros de esa obra, de la que nunca cobró nada, según ha asegurado.

En esta sesión también han declarado los empresarios Antonio Hernández y su hijo Esteban, en relación a las supuestas irregularidades en la tramitación del expediente de desafectación y enajenación del solar del campo de fútbol de Aldea Blanca, que estaban interesados en adquirir, y por las que se enfrentan también a penas de 5 años de cárcel por delitos de cohecho.

Ambos han reconocido que se efectuaron unas obras en la casa de la madre de Francisco Guedes por la amistad que mantienen sus familias pero no por el interés que tenían en que se tramitara el expediente del campo de fútbol.

Esteban Hernández ha reconocido que su padre se obsesionó con ese expediente y ha recalcado las presiones vecinales y del Ayuntamiento que sufrieron por el ruido que causaban los camiones de su empresa, y que de ahí surgió su interés por el solar.

Padre e hijo han indicado que pagaron 24.000 euros al funcionario Antonio Muñiz, administrativo que en esa época ejerció de secretario accidental del Ayuntamiento, en concepto de un préstamo que este solicitó como amigo a Antonio Hernández para comprar un apartamento en Puerto Rico para su familia.

Muñiz, sin embargo, ha negado haber recibido ese préstamo de 24.000 euros, ni en efectivo ni a través de un cheque bancario, y ha dicho que se debe a un error de transcripción el reconocimiento que hizo del mismo cuando declaró por esta causa en el juzgado.

Ha explicado que se encargó de coordinar la tramitación del expediente del campo de fútbol y ha asegurado que no ha "tocado a nadie" ni tenía "capacidad técnica ni amistad para obligar a nadie", después de que la magistrada presidenta, Pilar Parejo, le llamara al orden por recriminar la actuación del fiscal.

Según Muñiz, ese expediente se tramitó de forma legal y se inició a propuesta del edil de deportes de entonces, a raíz de conversaciones que mantuvo con Antonio Hernández, que estaba interesado en su compra.

Además, ha apuntado que el Ayuntamiento era el más interesado en vender el solar, porque lo iba a poner a la venta a un precio muy superior al que lo adquirió.

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