Panasco llama “controversia jurídica” a la sentencia del Supremo que concluye que vulneró derechos de Rosell

El fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha reducido a una “controversia jurídica” el fallo del Tribunal Supremo que concluye que la Fiscalía vulneró el derecho de defensa de la jueza Victoria Rosell al investigarla por motivos disciplinarios. García Panasco ha rechazado dimitir, como solicitó la magistrada este miércoles después de que se hiciera público el fallo del alto tribunal, al entender que no se trata “de una cuestión personal” contra Rosell, sino de un problema de interpretación jurídica.

“Si todos los jueces de instrucción tuvieran que dimitir cada vez que la Audiencia Provincial le revoca una resolución por vulneración de derechos fundamentales, no sé cuántos jueces de instrucción habría en este país”, ha manifestado el jefe de los fiscales de Las Palmas en una entrevista concedida a la cadena Cope este jueves. Para García Panasco, la sentencia del Supremo ha avalado “el 90% de la argumentación” del Ministerio Público sobre las diligencias preprocesales abiertas a Rosell en noviembre de 2015, en plena campaña electoral de las generales a las que la entonces jueza en excedencia concurría como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas.

Para el fiscal jefe, la resolución del alto tribunal “aclara bastante bien” cuáles son las competencias de la Fiscalía en materia disciplinaria, un tema, dijo, “discutido y discutible”, y fija “los límites de lo que se puede y no se puede hacer en el marco de estos expedientes”. García Panasco ha remarcado que el Supremo ha desestimado los dos motivos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la investigación preprocesal. “Nosotros sí somos competentes para iniciar esas diligencias y la nota de prensa que sacamos ante las peticiones de información de los medios no vulneró ningún derecho fundamental”, ha afirmado.

García Panasco ha añadido que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha entrado en el fondo de las diligencias practicadas en aquella investigación preprocesal y ha validado “expresamente” algunas de ellas, como las referidas a la grabación de un programa de radio o la petición de información al Registro Mercantil o a un banco. En cambio, “hay otras que el Supremo considera que van más allá de lo que puede que sean propias de un expediente preliminar en el que lo que se valora es si se presenta o no se presenta una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial”.

El fiscal jefe de Las Palmas atribuye a una cuestión de interpretación la resolución del Supremo en cuanto a la extralimitación de las funciones del Ministerio Público en la investigación para tratar de preconstituir pruebas y a la vulneración del derecho de defensa de Rosell en un proceso con todas las garantías. “La Fiscalía General del Estado decía que no se requiere contradicción en este tipo de expedientes. Ahora el Supremo dice que sí lo requiere. Es un tema muy discutible porque el estatuto (del Ministerio Fiscal) sólo exige garantía de contradicción en las diligencias de carácter penal, y estas no lo eran”, ha subrayado.

En relación a la obligación de la Fiscalía de velar por la independencia judicial y por los derechos fundamentales de las personas a las que investiga, García Panasco ha recordado que los juzgados de instrucción también tienen este deber y, sin embargo, “no es infrecuente que la Audiencia Provincial revoque decisiones de los jueces de instrucción porque considera que se han vulnerado derechos fundamentales”. “A veces son criterios de estricta interpretación jurídica, que es donde debería centrarse el debate. Es indudable lo que dice el Supremo, pero no infrecuente”, ha apuntado el fiscal jefe provincial, que ha negado que se tratara de “una cuestión personal”.

“Tenemos que aprender de esto y seguir trabajando en cumplir los criterios que fija el alto tribunal, la máxima autoridad del país, que es el Supremo”, ha aseverado.

García Panasco también ha incidido en que el fallo del Supremo demuestra que la actuación de la Fiscalía “nada tiene que ver con lo que se enjuicia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en estos momentos en relación con el señor Salvador Alba”, el juez que se reunió con un empresario imputado para fabricar una declaración que perjudicara a la magistrada Rosell.