Un funcionario de Agricultura trata de reabrir en Europa una denuncia archivada por la Fiscalía en 2020

Unas ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores otorgadas en 2017 y la pertinente denuncia de un funcionario, que ve “presuntas irregularidades graves que puedan ser constitutivas de delito” en la concesión de las mismas, han puesto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en el centro de la polémica.

La denuncia fue presentada en febrero de 2020 ante la Fiscalía de Las Palmas y la Consejería del Gobierno canario.

El denunciante es técnico del Servicio de Estructuras Agrarias y se refiere en concreto a unas ayudas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 8 de noviembre de 2017 por un importe total de 12.826.770 euros, financiadas en un 85% por el el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El monto restante lo aportan la Consejería regional (10%) y el Ministerio de Agricultura y Pesca (5%).

En una comunicación de régimen interno de diciembre de 2020 dirigida a la consejera Alicia Vanoostende a la que ha tenido acceso este periódico, el funcionario aseguró que se habían cometido una serie de irregularidades al “certificar primas y pagar importes a pesar de existir un informe negativo por mi parte como técnico de zona”. Añade que hubo peticionarios que “han obtenido la condición de Explotación Agraria Prioritaria sin cumplir todos los requisitos para la misma”.

Ante esta situación, cuenta a la destinataria de dicha comunicación que se dirigió a la Secretaria General Técnica, Bienvenida Reyes, y al Director General de Agricultura, José Basilio Pérez, para ponerles en conocimiento de los hechos, pero solo obtuvo una reunión con la Secretaria General Técnica, “la cual fue una conversación muy breve y dándome la impresión de que no tenía mucho interés en el tema”.

¿Qué dice la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca al respecto?

Tras estas acusaciones, la Consejería ha emitido un comunicado en el que recuerda que la Fiscalía de Las Palmas, “tras investigar los hechos, archiva la denuncia”.

Explica también que la propia Consejería paralelamente “realizó una investigación interna en 2021” para verificar los hechos denunciados, tras la cual emitió un informe asegurando que “no se aprecia conducta constitutiva de infracción disciplinaria” en los expedientes analizados, por lo que la Secretaría General Técnica decidió archivar la denuncia.

Por otro lado, informa que la Fiscalía Europea le ha enviado “un oficio” en este 2023 por el cual “se solicita informe sobre el estado de la denuncia por el empleado público y las diligencias de investigación realizadas y sus resultados”, remitiendo los “informes positivos de los técnicos de la Consejería que realizaron en las visitas de control a los beneficiarios”.

Según publica La Provincia, el funcionario ha denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estos hechos por segunda vez porque cree que “el trabajo de campo que ha realizado le tiene absolutamente convencido de que la razón está de su parte”.