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La Fiscalía se opone a la petición de la defensa de Clavijo de archivar el caso Grúas

La fiscal Anticorrupción ha pedido a la jueza de La Laguna que instruye el procedimiento que se lleven a cabo las medidas de investigación que acordó practicar el pasado 13 de mayo

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Citan a declarar al presidente canario como investigado por el caso Grúas

Fernando Clavijo, presidente en funciones del Gobierno de Canarias e investigado en el caso Grúas EFE

La Fiscalía se ha opuesto a la solicitud de archivo del caso Grúas planteada por la defensa del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una decisión que considera "muy prematura" al no haberse practicado aún las nuevas diligencias de investigación acordadas por la instructora.

Según publican los diarios Canarias 7 y Diario de Avisos, la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, se ha dirigido por escrito a la jueza de La Laguna que instruye el caso para pedirle que se lleven a cabo las medidas de investigación que acordó practicar el pasado 13 de mayo.

La fiscal contesta de este modo a la petición de sobreseimiento del caso remitida a la jueza por el abogado José Antonio Choclán en nombre de Fernando Clavijo, que sostiene que no existe nada ilícito en el expediente por el que se señala a su cliente: la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos, la grúa, en La Laguna durante el tiempo en el que fue alcalde de la ciudad.

La representante del Ministerio Público mantiene, en cambio, que se aprecian "indicios" para investigar si Clavijo cometió delitos de prevaricación y de malversación al levantar los reparos que el interventor municipal opuso a dos decisiones adoptadas respecto a la grúa municipal, entre ellas la concesión por parte del Consistorio de un crédito de 120.000 euros a la empresa que lo gestionaba.

Respecto a este último, la fiscal defiende que el hecho de que la empresa devolviera al Ayuntamiento el dinero que se le prestó no hace "desaparecer" el posible delito de malversación. Y entiende, asimismo, que hasta la fecha "no se ha presentado prueba alguna para poder desvirtuar la existencia" de un posible tercer delito de tráfico de influencias. 

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