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Una jueza investiga si la petrolera de Cañete falseó documentos para eludir una imputación por homicidio imprudente

La causa por el accidente mortal ocurrido en las instalaciones de Petrologis Canarias en febrero de 2010 fue archivada por falta de acusación; nuevas pruebas aportadas por un antiguo trabajador de la empresa reabren el caso

El denunciante es el jefe de operaciones que fue despedido a principios de 2016 tras alertar de las deficiencias en seguridad y medio ambiente en la empresa

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Incendio Petrologis

Incendio en la planta de Petrologis en febrero de 2010.

Una jueza de Gran Canaria investiga por presunta falsedad documental al gerente de Petrologis Canarias SL, empresa petrolera que presidió hasta 2012 el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete (PP) y de la que conservó acciones hasta 2014. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel Vega, ha abierto diligencias contra Octavio Parada para tratar de esclarecer si el delegado de la empresa en las Islas manipuló documentos presentados en los juzgados para intentar esquivar responsabilidades sobre el grave accidente laboral ocurrido el 24 de febrero de 2010 en las instalaciones de la petrolera en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. El incendio originado ese día en uno de las tanques de combustible durante la realización de trabajos de soldadura se saldó con un fallecido y un herido de gravedad.

Petrologis Canarias, que ahora está en manos de Miguel Domecq, cuñado de Cañete (el exministro vendió las acciones en septiembre de 2014 para poder ser confirmado como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima), evitó el juicio por homicidio imprudente después de pagar más de 240.000 euros a las familias de las víctimas y de que la Fiscalía atribuyera toda la responsabilidad del accidente al trabajador que murió. La causa quedó sobreseída de forma provisional en verano de 2013 por imperativo legal, ante la falta de acusación, aunque la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, Victoria Rosell, apreció indicios de delito en la actuación del empresario. El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, ahora investigado por varios delitos, transformó el sobreseimiento provisional en libre, es decir, definitivo, ante los recursos presentados por la empresa y por la Fiscalía.

Sin embargo, nuevas pruebas aportadas por un antiguo trabajador de la empresa, el jefe de operaciones que ocupó el puesto del trabajador fallecido y que fue despedido seis años después tras advertir de las graves deficiencias en materia de seguridad y medio ambiente en la empresa, han abierto un nuevo resquicio en la vía penal. Rosell dedujo testimonio por presunta falsedad documental y la causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. La jueza Ana Isabel Vega ya tomó declaración el pasado 20 de diciembre al investigado, Octavio Parada, y al denunciante, Fernando Rosillo, según ha podido saber Canarias Ahora.

El Plan de Emergencias Interno (PEI), el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y los procedimientos para realizar trabajos en caliente (como el que acometía en el momento del accidente el trabajador que falleció) son los documentos bajo la lupa de la Justicia.

Todas las empresas que operan con sustancias peligrosas en determinadas cantidades están obligadas a disponer de un Plan de Emergencias Interno que, además, debe ser revisado cada tres años. El PEI aportado al juzgado por Petrologis Canarias en febrero de 2013, durante el procedimiento abierto contra el gerente por homicidio imprudente, databa de junio de 2009 y figuraba como actualización de otro elaborado en el mismo mes de 2004, es decir, cinco años antes, por la empresa Lainsa. El denunciante sostiene que el documento entregado a la juez -y a organismos públicos- por la empresa es el mismo que se había elaborado en 2004 para Petrolífera Ducar, de la que Petrologis fue filial hasta el año 2008. Un cambio de fechas y de carátulas habría bastado para hacer pasar por bueno un documento que, según el antiguo jefe de operaciones de la compañía, no contemplaba reglamentación sobre la materia aprobada en 2007. De hecho, un informe previo a una auditoría interna de la empresa ya reveló, en agosto de 2010, seis meses después del accidente, que el PEI estaba obsoleto y debía ser objeto de revisión.

En ese documento entregado en los juzgados figura Petrolífera Ducar como peticionaria del encargo para la elaboración del plan, a pesar de que desde 2008 Petrologis Canarias ya operaba en solitario. El Código de Identificación Fiscal (CIF) tampoco corresponde a Petrologis, sino a la que fue su empresa matriz hasta ese año. Además, el Plan de Emergencias Interno aportado al juzgado carece de autoría, no está firmado por ningún técnico.

En el escrito en el que expone todas las irregularidades detectadas, el denunciante recuerda que en el juicio laboral celebrado en mayo del año pasado por su despido (declarado improcedente), uno de los testigos, el jefe de operaciones que antecedió en el puesto al trabajador que falleció en el accidente de 2010, declaró que el PEI vigente en la fecha en la que se jubiló, en el año 2009, era de 2004.

También sostiene que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la herramienta de las empresas para anticipar los riesgos y planificar y adoptar medidas para evitar accidentes laborales, fue modificado por el gerente de Petrologis Canarias con la finalidad de eludir responsabilidades en el procedimiento judicial por homicidio imprudente. Al igual que el Plan de Emergencias, el de Prevención de Riesgos Laborales entregado a la Justicia está datado en junio de 2009, a pesar de que en la empresa figura otro con fecha 1 de enero de 2010, es decir, un mes antes del accidente.

Entre ambos documentos hay una diferencia sustancial. En el de 2009, el aportado a la Justicia, la responsabilidad sobre la coordinación de las actividades empresariales (artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) recae sobre el jefe de operaciones, el puesto que ocupaba el trabajador fallecido (aunque en su contrato figuraba como jefe de mantenimiento). En el de 2010, se incluyen como parte de las obligaciones del director de la empresa, el ahora investigado.

El segundo punto del mencionado artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que “el empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. El día del accidente, Petrologis había contratado los servicios de otra mercantil para realizar los trabajos de soldadura. El trabajador que resultó herido en el incendio pertenecía a esa empresa.

La tercera pata de la denuncia hace referencia a los procedimientos con los que se protocolizan las actuaciones que conlleven un riesgo, como los trabajos en caliente que acometían los dos operarios en el momento del siniestro. Según Rosillo, el gerente también modificó estos documentos a partir de unos modelos anteriores de otra compañía, Cepsa, y entregó permisos de trabajo, no procedimientos, con formatos “muy dispares, ya que lo que existía eran simples hojas sueltas, inclusive con codificación a pie de página que no corresponden con ningún procedimiento de Petrologis”.

En el auto de archivo provisional de la causa por homicidio imprudente, la jueza Rosell ya apuntaba a la empresa como responsable principal de “la inexistencia de un protocolo de coordinación entre las empresas para que los distintos trabajadores, no solo los suyos, conocieran el funcionamiento de los medios de prevención de riesgos y, en este caso, de extinción de incendios: salidas, instalación eléctrica, medios de extinción de incendios...” En una auditoría interna realizada en septiembre de 2013, el técnico firmante exponía que los procedimientos eran de reciente elaboración, lo que sirve al denunciante para reforzar su tesis de que no existían como tales en la fecha del accidente.

El escrito sobre las presuntas irregularidades en los documentos entregados al juzgado se completa con la aportación de otras pruebas, diversos correos electrónicos intercambiados con representantes de otras empresas, y capturas de pantalla de las propiedades de los documentos en los que figura el nombre de Octavio Parada en sus últimas modificaciones.

Canarias Ahora ha intentando, sin éxito, recabar la versión del director de Petrologis. Octavio Parada no ha atendido las llamadas realizadas desde el pasado lunes por este periódico ni ha contestado a la batería de preguntas formuladas el mismo día a través de un correo electrónico.

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