Jueces y fiscales negocian este miércoles con el Ministerio de Justicia mejoras salariales que eviten la huelga indefinida, que afecta a Canarias

Jueces y fiscales se reunirán este miércoles con el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, en el marco de la reunión de la Mesa de Retribuciones, para negociar una actualización salarial que evite la huelga indefinida que ya han convocado a partir del 16 de mayo.

Está previsto que en el encuentro tres representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propongan actualizar los salarios de los jueces, alineándose de esta forma con tres de las cuatro asociaciones judiciales que han formalizado ya una convocatoria de huelga indefinida.

El Pleno del Consejo ya acordó, por unanimidad, que era “necesario revisar y actualizar las retribuciones” de los jueces “adecuándolas a los principios cuantitativos y cualitativos” que recoge la Ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ explicó que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un “elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, así como “a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”.

Así, concluyó que “el espacio institucional adecuado para hacer reales y efectivas esas propuestas” era la ya convocada Mesa de Retribuciones, que tiene previsto reunirse este miércoles, y que los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya serían los encargados de participar en las reuniones y de llevar la propuesta.

Esta huelga ha sido declarada a nivel nacional, por lo que también los jueces y fiscales de Canarias se unirían a los paros en caso de llevarse a cabo.

Está previsto que en la Mesa de Retribuciones convocada para este miércoles a las 11 horas participen los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del CGPJ, Fiscalía y asociaciones profesionales, tal y como lo fija la ley “al objeto de facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal”.

La decisión del CGPJ de llevar esta propuesta a la Mesa de Retribuciones tiene lugar después de que el pasado 24 de abril la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) avisaran en un comunicado de que si no se llegaba a un acuerdo de mejora salarial irían a huelga.

En el mismo comunicado, las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el “estancamiento actual” del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar “oportuno” esperar a la reunión de este miércoles.

El pasado viernes, la APM, la AJFV, FJI, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisaron que se trataba de un trámite administrativo que debían cumplir al menos 10 días de que empezase la huelga, por lo que, a raíz de los festivos previstos para mayo, decidieron dar el paso con antelación. Las mismas fuentes insistieron en que el curso de la convocatoria dependería de la reunión de este miércoles.

Ante la formalización de la convocatoria de huelga indefinida, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press afearon a las asociaciones convocantes dicho movimiento al considerar que ello demostraba que no creían en la Mesa de Retribuciones y que no tenían “intención de dialogar”, sino una “intencionalidad política”.

De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en lo que va de 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses de parón hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial “en línea” con la de los LAJ.