La llamada con la que ganó 24.000 euros o la excusa del principal acusado del caso Eólico para negar un soborno
Una supuesta intermediación inmobiliaria de la que sólo hay constancia de una gestión, una llamada telefónica a un abogado, es la excusa que ha utilizado la defensa del principal acusado del caso Eólico, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, para tratar de justificar dos transferencias del empresario Enrique Guzmán, por un valor cercano a los 24.000 euros, a la cuenta de Mónica Quintana, pareja del ex alto cargo en el momento de los hechos, en el Fortis Bank de Luxemburgo. Según la Fiscalía y el propio empresario, que ha confesado los hechos, el objetivo de esos ingresos era bien distinto: pagar los favores de Perdomo en el concurso de asignación de potencia eólica.
Para María del Mar García, letrada del hombre de confianza de Luis Soria en la Consejeria de Industria entre 2003 y 2005, existen “dudas razonables” sobre las acusaciones vertidas contra su representado en este procedimiento. Una de ellas tiene que ver con esos dos pagos, uno de 14.052 y otro de 9.400 euros, que el Ministerio Público atribuye con un delito de cohecho. En su informe final, la abogada se ha escudado en la versión de la intermediación inmobiliaria, a pesar de que Perdomo no dijo nada de ella en las declaraciones que prestó durante la fase de instrucción.
Según esa tesis de la defensa, Enrique Guzmán habría contactado con el director general de Industria para pedirle que mediara a favor de una empresa, Carboneco, que buscaba una parcela en Tenerife para instalar una fábrica de producción de anhídrico carbónico para suministrar a Coca Cola. Sin embargo, la única gestión que ha podido constatar, a través de la declaración de Guzmán y de otros dos testigos, es que contactó con un abogado de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Trujillo, para que este a su vez llamara a otro letrado de Tenerife, David Pérez, y que fuera este quien se encargara de la tramitación.
Tanto el propietario de la parcela donde se instaló la empresa como el constructor de la nave aseguraron durante la vista que no conocían de nada a Celso Perdomo y a Mónica Quintana y que ninguno de ellos participó en esas operaciones. La abogada del ex alto cargo, sin embargo, ha cuestionado la labor de los investigadores de la Policía Nacional, al entender que debieron entrevistar también a los responsables de las inmobiliarias con las que se negoció la venta para comprobar si había sido con ellos con quienes había mediado.
El letrado de Mónica Quintana, Víctor García de Bordallo, ha añadido a esta versión otro elemento, la ficha de su representada en el Fortis Bank de Luxemburgo, en la que justifica los ingresos con el concepto de “asuntos inmobiliarios”.
Juan Sánchez Limiñana, el abogado que representa a la empresa de energías renovables que ejerce de acción popular en esta causa, ha tirado de ironía para ridiculizar la versión de la defensa: “24.000 euros por una llamada. Ese trabajo lo quiero yo para mí”. El propio Guzmán manifestó en el juicio que esa supuesta labor de intermediación no valía ese dinero.
Con respecto a otro de los pagos, el de 12.700 euros de la sociedad de Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel, las defensas han aludido a un supuesto estudio realizado por Celso Perdomo sobre la energía generada por las olas. Ese dinero no fue transferido directamente a la cuenta de los acusados, sino que sirvió para pagar una parte de la reforma que habían acometido en el domicilio que ambos compartían. “José Ignacio Esquivel no ha negado que el proyecto se hiciera. Cosa distinta es que lo llevara a cabo”, dijo María del Mar García.
El fiscal Luis del Río había recordado antes que esa versión del informe de Perdomo no surgió hasta la cuarta declaración de Mónica Quintana y que el propio Esquivel en su declaración puntualizó que no le había pagado por ese estudio y que nunca lo utilizó. El documento, incidió el representante del Ministerio Público, no tenia fecha ni firma ni especifica quién lo había encargado.
La carta de Luis Soria
En relación al delito de revelación de secretos, la defensa de Celso Perdomo sostiene que los correos que dan origen al procedimiento, que fueron enviados meses antes de la publicación de las bases y que contenían un borrador del concurso y un listado con las parcelas susceptibles de ser adquiridas para la instalación de los molinos, así como los nombres de sus propietarios y los contactos, pudieron ser manipulados por el denunciante, Alberto Santana. La abogada García ha aludido a una supuesta incoherencia en las fechas y al hecho de que los correos fueron entregados impresos. Anticipándose a este argumento de la defensa, el fiscal había precisado instantes antes que los investigadores de la Policía Nacional encontraron esos mismos correos en el ordenador de uno de los empresarios a quien se los envió, Wilebaldo Yanes.
La abogada de Perdomo ha defendido que, aún dándolos por buenos, del contenido de esos correos no se desprende que fuese información privilegiada, puesto que esa documentación, dijo, ya circulaba por la red, incluso en la propia página web de la Consejería, una versión que ha sido desmentida por la Policía, por funcionarios del Gobierno que han declarado como testigos y por el propio consejero de Industria en el momento de los hechos, Luis Soria. Las acusaciones han insistido durante la vista en que el listado de parcelas y contactos suponía una evidente ventaja competitiva, puesto que la ubicación de los parques y su titularidad (el suelo público puntuaba más) tenían una considerable incidencia en el concurso.
La letrada de Perdomo también se ha referido a una carta remitida por Luis Soria a la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) para defender que su representado no cometió el delito de revelación de secretos. En esta misiva, el consejero de Industria respondía a la preocupación expresada por los industriales por la tardanza en convocar el concurso y les remitía, el 8 de octubre de 2005, veinte días antes de la publicación de las bases, un cuadro con la potencia eólica que se asignaría a cada una de las islas, una información que, según las acusaciones, ya era pública. “El propio consejero informó, es un hecho contundente”, dijo la abogada de Perdomo, que ha sostenido que el ex alto cargo “no tenía forma de influir en el concurso”.
El letrado de Mónica Quintana, por su parte, ha señalado que la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria “no tiene nada que ver” en los hechos enjuiciados y que su intervención “es tangencial”. “Jamás ha negado la cuenta en Luxemburgo, tampoco las transferencias”, ha afirmado Víctor García de Bordallo. “Existen muchos indicios de que esa mediación (inmobiliaria de Celso Perdomo) existió, pero aunque no fuera así, eso es lo que Mónica sabía. Aceptó lo que su pareja le dijo. La mediación inmobiliaria no era ilegal”, agregó.
Con respecto a los libros cargados a las arcas de la Consejería de Industria, por un valor superior a los 700 euros, el abogado de Quintana afirmó que no hay constancia de que hiciera una lista o que fuera a la librería Canaima a recogerlos.
Las defensas de los dos acusados que no han reconocido los hechos han afirmado que la negativa de ambos a declarar en el juicio no debe ser interpretada como una prueba de su culpabilidad y han aclarado que, si no lo hicieron, no fue con ánimo de “esconderse detrás de los testigos”, como dijo la acusación, sino porque en ese momento no se encontraban en condiciones de hacerlo.
Por su parte, los abogados de los cuatro acusados que han expresado su arrepentimiento, Enrique Guzmán, Alfredo Briganty, José Ignacio Esquivel y Honorato López, han pedido al jurado popular que reconozca la colaboración “sincera, veraz y útil” de sus representados con la Administración de Justicia y que valore la “pena adicional” que han cumplido durante doce años “sometidos a la incertidumbre de un resultado” y teniendo que fichar cada quince días en los juzgados.
Sólo Briganty ha usado el derecho a la última palabra para pronunciar una única frase: “La justicia es un principio moral”.
