El juzgado se decanta por el derribo total del mamotreto

Mamotreto en Las Teresitas.

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife se decanta una vez más por el derribo total del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto. En una resolución judicial emitida hace algunas fechas se ratifica los contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial en el sentido de que el derribo total es una medida “correcta  y  consecuencia  necesaria  de  la  gravedad  de  la  lesión  al  bien  jurídico  protegido”.

Esta resolución es la respuesta que ofrece al Ayuntamiento de Santa Cruz al estudio que le hizo llegar con los distintos presupuestos que implica la demolición, teniendo en cuenta la superficie que desaparecería, si se demuele la totalidad o la parte que está dentro del deslinde. La Corporación local, además, había pedido al Juzgado de lo Penal número 5 encargado de ejecutar la sentencia que le aclarara la mejor forma de hacerlo. Pues bien, la respuesta es muy similar a la contenida en el fallo de la Audiencia: se debe tirar todo el edificio, pero si se encuentra una fórmula para mantener alguna parte en pie será responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento intentar que salga adelante.

Las posibilidades, en principio, pasarían por una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en el ámbito de Las Teresitas. Alternativa que algunas voces ya han advertido que se debe descartar dado que existe jurisprudencia que viene a ratificar que no es posible legalizar vía planeamiento lo que es ilegal. Otra posibilidad sería suscribir un convenio entre administraciones para ejecutar otro proyecto en la playa, una vez que el diseñado por Dominique Perrault ha sido descartado por acuerdo plenario. Aunque el Juzgado califica de “grosera ilegalidad” las incumplimientos en los que incurre el edificio y por lo tanto cree que lo más conveniente es su derribo total, acto seguido vuelve a señalar que la palabra última la tiene el Ayuntamiento, al menos, a la hora de intentar legalizarlo.

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