Los peritos señalan que las obras de La Bufona debían haberse suspendido
La tercera jornada del juicio de los chalés de La Bufona tuvo como elemento principal la suspensión de las obras en el plan parcial por parte de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun): cuándo se dictó, a qué suelo afectaba y quién intervino en ese expediente.
Durante la vista declararon tres trabajadoras de la Apmun: una arquitecta, una aparejadora y una jurista. Una de ellas señaló que “la invasión de suelo rústico se detecta incluso en las fotos” y otra que, a la vista del Plan General, se veía que una parte estaba construida sobre suelo rústico de protección ecológica.
La jurista aseguró que la suspensión se dictó y que desde que se notificó se tenía que haber cumplido, pero que no se hizo el precinto por la excesiva carga de trabajo y los pocos medios técnicos y personales con que contaba la Agencia. “La suspensión se entiende que sigue vigente porque se incorpora la resolución al expediente”, aseguró.
Esa orden de paralización, que vino precedida de una denuncia de la familia Murillo y otra del Seprona, fue en verano del año 2000. La defensa de los acusados intenta demostrar que en esa fecha ya se habían terminado las obras y entregado las casas, y que la orden sólo afectaba a las 14 casas en suelo rústico.
La acusación particular considera que la orden afectaba a todo el plan parcial completo ya que decía “en el ámbito de La Bufona” y que se siguieron haciendo obras e incluso concediendo licencias, como la que se dio para las baldosas y la pérgola del fiscal Pallarés.
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