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Caso Canódromo

“La pregunta del millón que se hace todo el que pasa por Schamann es: ¿Cuándo tiran ese mamotreto?”

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), María de los Ángeles  Sánchez, afirma que "nos sigue molestando ver eso ahí, fuera de lugar, de espacio y puesto de forma ilegal"

El abogado de Avecalta, Yeray Alvarado, explica que el Supremo "va a entrar por tercera vez en el asunto del canódromo y va a verificar si el Plan General de 2012 es legal o no"

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, sostiene que declarar la caducidad de la licencia es inviable y aunque no le "gustan" las torres del canódromo, ordenar su derribo no será una opción hasta que culmine el proceso judicial

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Canódromo

Canódromo

Han pasado unos 15 años desde que Avecalta, una pequeña asociación de vecinos del barrio de Schamann ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, alertó de que se habían cometido una serie de irregularidades en la permuta y posterior construcción de un edifico de 15 plantas y 120 viviendas en la zona del antiguo canódromo.

La denuncia dio origen a una de las presuntas tramas de corrupción más conocidas de la capital grancanaria: el denominado caso Canódromo, que paralizó las obras de las torres dejándolas incompletas y ofreciendo una panorámica de abandono sobre la ciudad.

"Nos sigue molestando ver eso ahí, fuera de lugar, de espacio y puesto de forma ilegal. La pregunta del millón que hace cualquier persona que pasa por Schamann, ya sea de Escaleritas o Vegueta es: ¿Cuándo tiran ese mamotreto? Eso es lo que espera la gente", manifiesta l a presidenta de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), María de los Ángeles  Sánchez.

Sánchez señala que hasta la fecha los jueces "han reconocido que se cometió un pelotazo urbanístico" y que una comisión de investigación municipal interna destacó una serie de incorrecciones en la operación. 

Aunque la Justicia ha dado por cerrada la vía Penal, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dado ahora un paso más admitiendo a trámite un recurso de Avecalta, por el que analizará si hubo arbitrariedad en la inclusión de las viviendas en el Plan General de Ordenación aprobado en 2012, que fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los vecinos argumentan que el Plan de 2012 recoge las determinaciones urbanísticas de los planeamientos de 2000 y 2003 (Plan Especial del Canódromo), ambos  anulados por el Supremo en 2014 al apreciar que el  Ayuntamiento, liderado entonces por José Manuel Soria (PP) - con el exalcalde Juan José Cardona como concejal de Urbanismo - y posteriormente por Josefa Luzardo, no justificó los motivos por los que permitió calificar como suelo urbano los terrenos del antiguo canódromo. 

Sánchez no oculta a Canarias Ahora su decepción cuando conoció que la Justicia había decidido dar carpetazo a la vía Penal. A su juicio, no se quiso profundizar. Al respecto, recuerda que no se llevaron a cabo todos los estudios que pidió la acusación, ni se llegó al fondo de la investigación. 

Casos semejantes que han aflorado en otros puntos del territorio nacional han sido vistos con otros ojos por los jueces, argumenta la presidenta de Avecalta, quien todavía cuestiona "a dónde ha ido el dinero" de la permuta que benefició en nueve millones de euros a Urbacan, tras vender el aprovechamiento urbanístico a Realia.

Un caso que llega por tercera vez al Supremo

El abogado de Avecalta, Yeray Alvarado, señala el control exhaustivo que lleva a cabo el Supremo antes de admitir a trámite un recurso tras el cambio de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Motivo por el que considera que, tras tomar la decisión de analizar el caso, el Alto Tribunal garantiza que "va a entrar por tercera vez en el asunto del canódromo y va a verificar si el Plan General de 2012 es legal o no, por haber asumido como propia la ordenación anteriormente anulada". 

Esto último es fundamental en el caso que dirime ahora el TS, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no entró a valorar si el Ayuntamiento había actuado correctamente al volcar el contenido del Plan del año 2000 que había sido tumbado por la Justicia, en el texto aprobado en el año 2012. 

Si finalmente el Supremo falla a favor de los vecinos, las torres no podrán culminar su construcción en Schamann. L concejala de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina,  advirtió el pasado año que esto  podría derivar en una "indemnización millonaria"

Una opción que rechaza Alvarado, quien pone sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento declare caduca la licencia de obras. Algo que aseguran haber pedido los vecinos, pero el Consistorio no ha hecho.

De momento, el Supremo ha rechazado una demanda de  la empresa encargada de los trabajos, Realia, que exigió una  indemnización de 2,30 millones de euros  por los daños sufridos a la espera de una sentencia firme.

Doreste: "U n regalo envenenado que dejó el señor Soria"

Durante los años en que el caso ha caminado en la Justicia, ha cambiado en diversas ocasiones el color político de los dirigentes del Consistorio. Sin embargo, Sánchez lamenta no haber encontrado entendimiento en el vigente grupo de Gobierno, conformado por el Partido Socialista (PSOE), Podemos y Nueva Canarias (NC).

La presidenta de Avecalta remarca que parte del personal técnico del Ayuntamiento sí es el mismo que hace quince años y "cuando llega un concejal, sea del color que sea, no quiere ni molestar, ni que le molesten" durante sus cuatro años de mandato. 

Javier Doreste, concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Doreste, concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, asegura mantenerse a la espera de que actúen los tribunales. Si bien reconoce que no le "gustan" las torres del canódromo, afirma que la postura de los servicios jurídicos municipales sigue un principio de continuidad y no puede contradecirse llegados a este punto. 

"No nos gustan las torres del canódromo, fue un regalo envenenado que dejó el señor Soria a la ciudad. Desde el punto de vista político, nos gustaría que nunca se construyeran, pero estamos pendientes de los tribunales", apostilla. 

Doreste sostiene que mientras el caso siga en manos del Supremo, el Ayuntamiento no podrá ordenar el derribo del mamotreto. 

Preguntado por los motivos por los que no se ha caducado la licencia de obras concedida a Realia, explica que esa vía no se puede explorar, porque la misma se encuentra suspendida por orden judicial. De ser declarada la licencia ilegal, indica que se abriría una vía indemnizatoria para la propiedad.

En caso de que el Supremo falle a favor de los vecinos, asegura que "nos alegraríamos", de lo contrario "tendríamos un problema, porque no nos gustan esas torres". La solución entonces pasaría por "hablar con la empresa y negociar, para dar una salida al problema", como la compensación con suelo "más fácilmente edificable", concluye.

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