Casi el 20% de los procesados por corrupción en el primer trimestre del año corresponden a Canarias

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

Los juzgados de Instrucción españoles dictaron durante el primer trimestre del año autos de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 97 personas por delitos relacionados con la corrupción, de las que 20 corresponden a dos casos investigados por magistrados de Canarias.

En ese mismo periodo, las Audiencias Provinciales de Canarias resolvieron dos casos de corrupción pendientes de años anteriores, ambos con sentencias condenatorias tras la celebración de la vista oral (sin conformidad por parte de los acusados).

De acuerdo con los datos sobre los procesos de corrupción tramitados durante el primer trimestre del año que ha hecho públicos hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados y tribunales de las islas tenían en marzo pendientes de juzgar quince procedimientos por corrupción cuya instrucción ya ha terminado.

Doce de ellos se verán en las Audiencias Provinciales (dos de ellos ante Jurado), dos serán enjuiciados por un juzgado de lo Penal y uno corresponderá examinarlo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por incluir a un aforado (los datos del CGPJ no precisan de qué causa se trata, pero el TSJC acaban de juzgar en Arrecife los cargos del “caso Stratvs” que afectan a la diputada Gladys Acuña).

En los tres meses del año, las Audiencias Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife recibieron de los juzgados de Instrucción cuatro casos más listos ya para juicio, uno de ellos que tendrá que ser visto por un tribunal de jurado.

Y los juzgados de lo Penal también recibieron otro caso listo para ponerle fecha al juicio.

El CGPJ incluye en esla estadística de casos de corrupción los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

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