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La querella contra el juez del caso Corredor estira la imputación de Clavijo

El magistrado César Romero Pamparacuatro deberá abstenerse en caso de que el TSJC admita a trámite la querella, inicie las pesquisas y lo cite a declarar

En ese supuesto, el caso pasará automáticamente por reparto al Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna, cuya titular es Carmen Rosa Marrero

De continuar como candidato a la Presidencia y obtener escaño en los comicios de mayo, Clavijo pasará a ser aforado y, por lo tanto, a ser juzgado por el TSJC

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El alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo a su salida de los juzgados de La Laguna tras declarar ante el juez César Romero Pamparacuatro por el caso Corredor. EFE/Ramón de la Rocha

El alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo a su salida de los juzgados de La Laguna tras declarar ante el juez César Romero Pamparacuatro por el caso Corredor. EFE/Ramón de la Rocha

La vía abierta en el caso Corredor con la querella interpuesta por el empresario de la noche lagunera Evaristo González contra el juez César Romero Pamparacuatro y la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas para que sea admitida a trámite amenaza con dilatar aún más la instrucción de una causa en la que, además de González, se encuentran imputados el alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y otras once personas.

La pelota está ahora en el tejado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ya estudia la querella del empresario y el escrito presentado a principios de semana por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, y ha solicitado más documentación sobre el asunto.

El representante del Ministerio Público considera que en la actuación de Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, existen indicios de la posible comisión de un delito de retardo en la Administración de Justicia, una modalidad de prevaricación, debido a su decisión de mantener secretas las actuaciones durante dos años por no poder digitalizar el sumario a causa de la ausencia de un escáner en su juzgado y, por lo tanto, no haber emitido las notificaciones a las partes hasta el pasado 13 de noviembre.

En el auto de imputación comunicado esa fecha, el juez se quejó de la falta de medios en la Administración de Justicia, lo que motivó la queja del Gobierno de Canarias ante el Consejo General del Poder Judicial, que amonestó al magistrado por utilizar una resolución judicial para esos fines, pero no le abrió un expediente disciplinario.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el TSJC no dispone de un plazo fijado para pronunciarse, aunque lo habitual es que lo haga en un periodo de entre una y tres semanas. En caso de que la Sala admita a trámite la querella, la decisión sea firme (se puede recurrir), se inicien las pesquisas y sea llamado a declarar, el juez César Romero Pamparacuatro deberá abstenerse en la causa o podrá ser recusado, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El punto cuatro del artículo 219 de la LOPJ establece que estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o sobreseimiento, es causa de abstención.

En este supuesto, deberá ser el propio juez quien comunique la abstención y un órgano judicial deberá decidir sobre el mismo en un plazo de diez días. También podrá ser recusado por las partes desde el momento en que se conozca la causa en la que se funda.

Si la resolución es favorable a la abstención o a la recusación, el caso Corredor recaería, según las normas de reparto establecidas en el partido judicial de La Laguna, en Carmen Rosa Marrero, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Ciudad de los Adelantados.

No obstante, la carrera electoral de Clavijo volverá a alterar el curso de los acontecimientos a partir de mayo, siempre que se mantenga como candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias. El alcalde de La Laguna ya anunció el pasado 9 de enero, tras prestar declaración ante el juez Pamparacuatro, que su intención seguía siendo presentarse aunque llegue imputado a los comicios. Sólo renunciaría a ello, dijo, si su partido se lo pidiera.

De concurrir a la cita del 24 de mayo como cabeza de lista de CC, Clavijo obtendrá, con total seguridad, un escaño en el Parlamento de Canarias, lo que automáticamente le convertirá en aforado. Con el acta de diputado en la mano, será la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, la misma que ahora decide sobre la querella del empresario Evaristo González, quien lo juzgue.

Clavijo está imputado en el caso Corredor por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en relación a diversas actuaciones en la concesión de ayudas sociales para las viviendas de Las Chumberas y presuntos tratos de favor a empresarios de ocio nocturno del municipio de La Laguna.

A todo ello hay que sumarle una vía de investigación paralela relacionada con el presunto robo del auto que autorizaba las escuchas del caso Corredor. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife pidió que se dedujera testimonio contra Evaristo González, quien niega haber sustraído el auto porque "nunca existió".

Querellas admitidas contra otros jueces

En los últimos años, el TSJC ha admitido a trámite al menos dos querellas contra magistrados que trabajan en las islas. En la más reciente, la que estaba dirigida contra María de los Ángeles Zabala por el cierre de tres emisoras de radio en Telde, fue también Luis del Río quien solicitó que se abriera la investigación, aunque la juez fue finalmente absuelta.

También José Antonio Martín, otrora presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pasó por esta tesitura y fue imputado por un delito de negociaciones prohibidas a un funcionario por el supuesto asesoramiento al narcotraficante Rafael Bornia antes de un juicio. Martín fue juzgado y condenado por la Sala presidida por Ignacio Duce, magistrado de lo Social, a un año y medio de suspensión, aunque el Supremo revocó posteriormente la sentencia tras estimar su recurso.  

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