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Lopesan recurre el plan de modernización tirajanero

Gran Hotel Costa Meloneras.

CANARIAS AHORA

Las Palmas de Gran Canaria —

El grupo hotelero Lopesan ha anunciado recurso contra el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de San Bartolomé de Tirajana por considerar que genera “situaciones de indefensión y de desigualdad de oportunidades”, perjudica a la calidad del destino turístico, premia a los hoteleros rezagados en el cumplimiento de sus obligaciones y prevé varias actuaciones urbanísticas contrarias a la filosofía del documento.

En un comunicado hecho público la tarde de este jueves, Lopesan confirma que ha anunciado recurso contra el Plan de Modernización ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa al no ver atendidas ninguna de las alegaciones que los hoteles del grupo interpusieron en el periodo de información pública.

En concreto, la cadena propietaria de hoteles como Costa Meloneras, Villas del Conde, Baobab o Ifa Faro, entre otros, justifica su acción en que ese plan limita la renovación y la reconversión turística exclusivamente a la planta alojativa existente, cuando a su juicio debería extenderse a “las parcelas y solares vacantes de edificaciones de los suelos urbanizados”.

En este contexto, el grupo empresarial considera que “la igualdad de oportunidades debe garantizar que estos suelos pudieran contar con las mismas ventajas ofrecidas a la planta alojativa obsoleta para no generar un agravio comparativo y colocar a estas últimas en desventaja”.

Los perjuicios y pérdida de competitividad para otras parcelas del entorno localizadas en el mismo ámbito de influencia del plan pondrían en riesgo la viabilidad de sus actuaciones, a juicio de este grupo hotelero.

Eficiencia urbanística

En sus alegaciones, desechadas por la Administración, la compañía proponía no incrementar la edificabilidad, pero sí permitir el aumento del índice de ocupación, lo que en su criterio permitiría “una mayor eficiencia en la utilización del suelo y favorecería la calidad del diseño arquitectónico”.

Su intención al recurrir es “hacer una apuesta por la calidad y por la construcción de entornos vacacionales de primer nivel” para lo que Lopesan considera preciso “que haya una normativa única y general que garantice la igualdad de oportunidades e impida que al final termine premiándose a quienes han permitido la pérdida de calidad de sus establecimientos hasta la obsolescencia, discriminándolos de aquellos emprendedores, como es el caso de nuestro grupo de empresas, que cumpliendo con sus obligaciones empresariales, afrontaron cuantiosas inversiones de renovación, siempre sin incentivos, de manera continuada y hasta el día de hoy”.

Consideraciones generales aparte, el grupo que lidera Eustasio López alegó sin éxito en la fase administrativa contra actuaciones concretas, como la modificación sustancial de la edificación del parking Maspalomas para reducirle plazas de aparcamiento y dotarlo de un uso comercial “que jamás se contempló”.

La cadena considera un contrasentido que previendo para la zona mayor actividad, como el establecimiento de una estación para el tren y existiendo demanda de plazas por el uso de la cercana playa de Maspalomas, se supriman aparcamientos para autorizar un comercial que se edificaría en su planta alta, originando “un efecto pantalla que imposibilitaría la contemplación de las vistas panorámicas hacia el litoral, la charca y las dunas”.

Además, Lopesan alega en contra de la actuación en los kioscos comerciales de Meloneras, que en el plan son contemplados como objeto de “rehabilitación, cuando no es tal, dado que lo que realmente se varía y se modifica con carácter sustancial son los parámetros relativos a edificabilidad y número de plantas”.

Por último el grupo hotelero líder de Canarias ha mostrado su oposición al cambio de uso del parque temático Ocean Park, que pasa de dotación para el ocio a “supuesto equipamiento comercial sobre el que nada se dice para su justificación, sin tener en cuenta que la zona de influencia tiene ya cubiertas esas exigencias”, además de no existir población “que suponga masa crítica suficiente para permitir esta nueva implantación, que pone en riesgo el resto de los equipamientos comerciales existentes”.

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