Cerca de 3.000 cántabros, con patrimonios netos que rondan los 2,4 millones de euros, declararon en el impuesto de patrimonio de 2020 el 0,23% de su riquieza, lo que arroja un ingreso de 16 millones de euros a las arcas regionales, que le sirven al Gobierno de Cantabria para financiar, por ejemplo, la teleasistencia y la ayuda a domicilio de 5.000 personas.
Tanto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como la consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, se han mostrado contrarios en la tribuna del Parlamento a modificar o eliminar el impuesto de patrimonio tal como le pedía este lunes la derecha del hemiciclo. Tampoco son partidarios de deflactar de forma genérica los tramos impositivos del IRPF, aunque Revilla finalmente desveló que su gabinete está preparando una rebaja fiscal para los cántabros que declaren una base imponible que no supere los 35.000 euros.
Pese a ese anuncio de rebaja, el Gobierno de Cantabria no las tiene todas consigo y parece más impelido por el tsunami de rebajas fiscales que preparan el resto de autonomías y el propio Gobierno central. Más cauta se muestra en este sentido la parte socialista del Ejecutivo, que, como concepto, no es partidaria de rebajas fiscales que, a la postre, acaban beneficiando a los que más ingresan.
Ana Belén Álvarez dio cifras: dijo que con una deflactación (rebaja de tipos impositivos) del IRPF se produce un efecto “escalera” por el que beneficia más a quienes tienen más ingresos. Sobre una hipótesis de reducción genérica de tipos, la rebaja fiscal para aquellos con una base imponible de hasta 24.000 euros pagarían 90 euros menos por renta. El “ahorro” para un contribuyente con una base imponible de 60.000 euros sería de 360 euros.
La consejera de Economía ha argumentado también que las instituciones económicas de Europa no ven con buenos ojos las deflactaciones porque producen un incremento de la inflación por haber más dinero circulante, dinero que refuerza la capacidad de consumo de los ciudadanos más pudientes.
Y aparte del IRPF, la consejera se mostró contraria a eliminar el impuesto de patrimonio y lo argumentó con razones de fiscalidad progresiva y por recaudación. El 99,5% de los cántabros no ha de hacer la declaración de patrimonio al estar exento, pero el 0,5% restante sí. Son 2.969 cántabros con patrimonios netos de más de 2,4 millones de euros que aportan a las arcas públicas el 0,23% de su riqueza en la declaración de patrimonio.
La consejera de Economía considera que los 16 millones de euros recaudados de este colectivo de 3.000 ricos sirven para financiar la teleasistencia y la ayuda a domicilio de 5.000 personas, por poner un ejemplo.
Álvarez negó que la presión fiscal en España sea de las mayores de Europa. Todo lo contrario: esta siete puntos por debajo del 46% de presión fiscal media que reflejan las estadísticas de Eurostat, ha indicado.
La consejera ha defendido la política fiscal del Gobierno de Cantabria, basada, según ha dicho, en la “progresividad, la rigurosidad y la sostenibilidad” y que es una “herramienta para garantizar el Estado del Bienestar”.
A la postre, el Parlamento de Cantabria ha rechazado la propuesta de Vox que originó el debate. El partido de ultraderecha proponía bonificar al 99% el impuesto de patrimonio; rebajar la escala autonómica del IRPF en un punto en cada tramo, así como una deducción sobre la cuota íntegra autonómica de este impuesto para que los contribuyentes se puedan deducir el 25% del importe de los intereses pagados en el periodo impositivo correspondientes a los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de la vivienda habitual.
La portavoz del PSOE, Noelia Cobo, dijo que solo lo que Vox plantea en relación al IRPF tendría un impacto de 41,1 millones de euros, a lo que habría que sumar la repercusión de lo que este partido pide en relación al impuesto de patrimonio.
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