Podemos Cantabria señala que la compra del edificio ALERTA deja claras las prioridades del PP frente a los profesores

Podemos Cantabria ha afirmado que el PP ha dejado “muy claras sus prioridades” en el gobierno autonómico cuando, tras asegurar que no hay dinero para la adecuación salarial de ocho mil docentes, “no duda en gastar cuatro millones en la compra de un edificio para beneficio de una familia”.

En palabras de Pablo González, secretario de Educación de Podemos Cantabria, “la cantidad destinada a la adquisición de este inmueble es aproximadamente lo que costaría poner en marcha una medida de adecuación salarial para los docentes de Cantabria que lleva pendiente dieciséis años, con la diferencia de que lo segundo afecta a miles de personas y lo primero solo a unas pocas, el propietario y su familia”.

A este respecto, González señala que, “además, el consejero Silva está mintiendo a la ciudadanía cuando afirma en los medios que ha habido una propuesta a la Junta de Personal Docente pues, si hubiese sido así, no se explicaría un encierro de nueve días por parte de ésta en la sede del Gobierno autonómico y no se explicaría, igualmente, la movilización de un amplio sector del profesorado, algo que se ha ganado a pulso el consejero con su actitud y falta de respeto a este colectivo, y a sus representantes legítimos”.

Según el responsable de Podemos, “en año y medio, el señor Silva lleva el récord de tomar el pelo a todo el cuerpo docente de Cantabria, primero con la falsa reducción de la jornada lectiva a los mayores de 55 años, siguiendo con el falso aumento de docentes y la adecuación salarial, para terminar con una bajada de ratios a coste cero, debida”, asegura González, “no a un esfuerzo de la consejería por mejorar la calidad de la enseñanza, sino a una bajada de la población escolar a consecuencia de la escasa natalidad”.

Por último, desde Podemos Cantabria han remarcado el “falso” argumento del “equilibrio” que desea el departamento del consejero Silva entre enseñanza privada y enseñanza pública, pues “esto no supone ningún beneficio para el concepto de la enseñanza y tampoco está escrito en ninguna ley de educación; es simplemente una línea política muy criticable y que va a favor de quienes pretenden seguir haciendo negocio con la enseñanza, siempre a costa de la escuela pública”.