El Defensor del Pueblo considera “insuficiente” la información sobre el fracking

El Defensor del Pueblo actuó en 2014 para evitar los riesgos asociados a los proyectos de fracturación hidráulica, también conocido como fracking. En su informe anual, la institución señala que la información aportada hasta ahora sobre esta técnica para la exploración y explotación de hidrocarburos “no ha sido suficiente”.

En concreto, el Defensor del Pueblo realizó una sugerencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respecto a la difusión de la información ambiental e inició una actuación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el permiso de investigación para el sondeo Luena, en Cantabria y Burgos, para conocer las medidas que eviten los riesgos asociados al fracking.

También ha reclamado al departamento que dirige José Manuel Soria más información sobre la técnica y su aportación al sistema energético español. El informe que recoge la actividad de 2014 en la institución que dirige Soledad Becerril refleja que el empleo de esta técnica en España y en el resto de los países de la Unión Europea “ha generado un debate fundamentalmente referido a sus efectos ambientales”.

Entre los posibles efectos, el Defensor se refiere, entre otros, al volumen de agua necesaria para la fractura; la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección -incluido el metano y sustancias radiactivas-; la no recuperación de los fluidos de inyección, que permanecen y contaminan las aguas subterráneas y el suelo; la sismicidad inducida por la fracturación horizontal, y la contaminación atmosférica por emisiones incontroladas de metano.

En su valoración, apunta que los porcentajes de recuperación del fluido de inyección son característicos de esta técnica y “pueden justificar un tratamiento normativo distinto” del que se aplica a las técnicas convencionales para exploración y explotación de hidrocarburos.

Estas posibles repercusiones han llevado a algunos territorios, como los estados de Pensilvania y Nueva York (Estados Unidos), Québec (Canadá) o Sudáfrica a aprobar moratorias y a otros países, como Francia y Rumanía, a su prohibición.

El informe anual del Defensor considera que la información aportada hasta ahora sobre la técnica “no ha sido suficiente”, sobre todo en lo que se refiere a las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección, el volumen de recursos hídricos necesarios, el porcentaje de líquido de inyección que se recupera y las sustancias radiactivas.

Asimismo, estima que “tampoco es concluyente” la información sobre la aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el empleo de fractura hidráulica.

Por ello, ha solicitado al Ministerio de Industria que remita nueva información sobre las soluciones técnicas para evitar impactos “específicos y no deseados” derivados del fracking, de modo que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al que deriva de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos o de otras técnicas que generen riesgos comparables.

Además, reclama a este departamento conocer si hay estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa en el modelo energético nacional, y del número de permisos concedidos o en trámite“.

“Parece insoslayable que se valore y motive la autorización del fracking, ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas”, manifiesta la institución.

Aumento de las quejas

El Defensor del Pueblo recibió en 2014 un total de 259 quejas procedentes de Cantabria, lo que supone un 9,2% más que en 2013, y una solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a las 65 del año anterior, según consta en la memoria anual de esta institución, que recoge problemáticas relacionadas con la educación, el urbanismo o el acoso laboral.

En el informe, el Defensor del Pueblo censura que, aún dentro de la legalidad, la decisión de Cantabria, Murcia y Castilla La Mancha de no continuar prestando el servicio de transporte escolar a alumnos de pedanías o urbanizaciones distintos del área urbana principal del municipio en que se ubican los centros a los que asisten “implica el restablecimiento de obstáculos para el acceso a la educación” de algunos alumnos que viven en poblaciones alejadas y comunicadas de forma “deficiente” con los núcleos urbanos de los municipios en los que se ubica la oferta educativa.

El Defensor señala que las quejas ponen de relieve “una más de las consecuencias negativas que tienen para algunas familias, afectadas por limitaciones económicas y obligadas a conciliar la atención de los alumnos con sus horarios laborales, las restricciones de los últimos años respecto de la prestación de servicios educativos”.

En lo que se refiere a la exención de pago de precios públicos en la universidad en el curso 2013-2014, el informe indica que Cantabria, Valencia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Murcia se han limitado a aplicarla a los alumnos de Bachillerato y no a los de Formación Profesional, lo que “no es razonable”.

Por eso, el Defensor inició de oficio una actuación de carácter general ante todas las administraciones afectadas con el fin de unificar el reconocimiento de esta bonificación en los precios de la matrícula del primer curso de los estudios universitarios a los alumnos que obtuvieron matrícula de honor en cualquiera de los estudios previos.

En cuanto a los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, el Informe califica de “insuficiente” el esfuerzo realizado por Cantabria, Canarias y Extremadura al respecto, aún cuando esta vía es de “especial importancia” para la empleabilidad de quienes, por su falta de formación académica, encuentren mayores dificultades de acceso al mercado laboral, señala el texto.

En materia urbanística, el informe señala que los problemas de ejecución incompleta de los planes y de las licencias de ocupación dadas a viviendas carentes de servicios básicos es uno de los más importantes, y uno de los ejemplos que cita es el denunciado por un ciudadano que lleva años esperando el abono de la indemnización por la expropiación de una finca integrada en el Sector 'Las Fuentes' del PGOU de Reinosa, a ejecutar por el sistema de compensación.

Por otra parte, constata que Cantabria, Galicia y Ceuta no disponen de protocolos de actuación ni planes de prevención sobre acoso laboral, cuestión sobre la que tampoco aportan datos de incidencia. También hay una queja en curso por falta de instalación de pantallas de insonorización en la autovía S-10 y en la carretera CA-240, ambas en Camargo.