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El Parlamento recomienda regular la muerte digna con el voto en contra del PP

El portavoz del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, se ausentó durante el debate. | Laro García

Laro García

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley que solicita a la Consejería de Sanidad y al Gobierno autonómico que impulse una ley de muerte digna, un extremo que no está contemplado en la actual legislación. La iniciativa presentada por Podemos ha salido adelante con los votos favorables del PRC y el PSOE, los dos grupos políticos que sostienen al Ejecutivo, y la abstención de Ciudadanos.

El PP ha sido el único partido que ha votado en contra de la propuesta, aunque no ha logrado la unanimidad de todos sus diputados, ya que su portavoz en la Cámara, Eduardo Van den Eynde, se ha ausentado del hemiciclo durante el debate y no ha participado en la votación para no incumplir la disciplina de voto impuesta por su formación.

El texto aprobado en la pleno ordinario del Parlamento celebrado este lunes insta al departamento que dirige María Luis Real (PSOE) a promover el testamento vital, ya regulado en Cantabria pero que, a juicio de Podemos, “es un derecho en gran medida desconocido”. Además, solicita que la Administración garantice “una atención de calidad científica, técnica y humana respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona”.

Entre los aspectos más significativos destaca la petición al Ejecutivo autonómico para que se potencien los cuidados paliativos, que se ponga en marcha un programa sobre los mismos en la infancia y la adolescencia -del que carece el Servicio Cántabro de Salud-, o exige que se desarrolle una ley de muerte digna como la existente en otros territorios vecinos.

Debate “ético y moral”

La encargada de defender la propuesta en la tribuna ha sido Verónica Ordóñez, diputada y portavoz de Podemos. Durante su intervención, ha defendido que el testamento vital es la “única opción” que existe actualmente en la comunidad autónoma para garantizar la muerte digna y ha subrayado que “el derecho a una vida digna incluye el derecho a una buena muerte”.

La iniciativa ha recibido hasta tres enmiendas a cargo de los representantes del PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, aunque la que se ha aceptado y finalmente se ha votado es la presentada por los socialistas, que insta al Ejecutivo central a elaborar una ley de testamento vital y muerte digna para reconocer el derecho a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso de morir antes de dar ningún paso en el ámbito autonómico.

En un debate muy tenso, del que se han ausentado momentáneamente algunos diputados del PP como el expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, o el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, se han defendido posiciones como la reforma del Código Penal para que quede exento de pena aquel que “facilite de forma activa la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables”.

En el caso de Ciudadanos, han sido estas referencias “directas o indirectas” a la eutanasia las que han provocado su abstención, según ha explicado su portavoz, Rubén Gómez, en la tribuna. El diputado autonómico también ha defendido que una iniciativa de este calado “merece algo más de reflexión que un debate de media hora en el Parlamento”.

El portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, ha defendido que sea “siempre” la libertad la que prime sobre los demás derechos que entren en conflicto en estas situaciones y no se “obligue a nadie a continuar viviendo”, mientras que la parlamentaria socialista Silvia Abascal ha expresado el respeto a la libertad de las voluntades personales ante una enfermedad y para que “no se prolongue la vida por medios artificiales”.

Por su parte, el PP ha acusado de “demagogia y populismo” a Podemos, la formación que ha impulsado el debate en la Cámara. Ha sido la exconsejera de Sanidad durante la pasada legisltaura, María José Sáenz de Buruaga, que ha ejercido como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la que ha fijado la posición definitiva de su partido: “No vamos a ir más allá”, ha concluido.

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