Los colectivos sociales, entre la satisfacción inicial y la expectación
“Estamos a la expectativa”. Es la expresión que más repiten los colectivos sociales cuando se les pregunta por una valoración de los cien primeros días del nuevo Gobierno de coalición PRC-PSOE. Todos coinciden en destacar un cambio sustancial en cuanto a la forma de hacer política. La imposición y la falta de diálogo que imperaron durante el Ejecutivo de Ignacio Diego (PP) han dejado paso a un nuevo modelo de participación abierta y escucha activa. Un cambio bien valorado por los agentes sociales que, no obstante, se mantienen “cautos”. Aun es pronto para sacar conclusiones firmes y apreciar avances notorios, sostienen.
El representante de FAPA (Federación de Padres y Madres de Alumnos) en el Consejo Escolar de Cantabria, Daniel Gómez, señala que “se ha producido un cambio muy importante en la manera de hacer política”. “Este nuevo Gobierno está haciendo lo normal, que es sentarse a hablar, algo que lamentablemente no ha existido durante la pasada legislatura”, afirma. También valora una “serie de cambios” en la organización de la Consejería de Educación encaminados a mejorar el servicio y la atención de los centros y las familias. En este punto, destaca por ejemplo que el departamento que dirige Ramón Ruiz (PSOE) ha recuperado la maestra a tiempo completo en las Aulas de 2 años.
En el lado contrario, cree que el consejero ha sido “un poco tibio” respecto a la LOMCE. “Ha faltado un poco de arrojo”, opina. Y es que para FAPA la nueva ley de educación debe ser derogada y, en este sentido, insta al Ejecutivo cántabro a presionar en Madrid y hacer fuerza común con otras comunidades y agentes educativos. Igualmente, entiende que la Consejería ha sido “timorata” con la FP Dual, que a la Federación le gustaría que desapareciese.
Para FAPA Cantabria, el cambio ha sido “positivo”, están “cómodos” trabajando con los nuevos responsables de Educación aunque esperan “a ver en qué se traduce”.
En cuanto al derecho de acceso a una vivienda digna para todas las personas “de momento seguimos igual”, apunta la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), María Antonia Luengo. Representantes de este colectivo han mantenido un encuentro con el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, quien ha recogido sus propuestas pero aún no se ha pronunciado sobre ellas ni ha dado pasos hacia adelante en este campo. Es por este motivo que la PAH ha presentado esta misma semana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria un escrito para exigir al Ejecutivo y a los grupos políticos que desarrollen una nueva ley que garantice el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
También han dirigido una carta al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que “medie” en tres casos de ejecución hipotecaria que la Plataforma está tratando de negociar con Liberbank, entidad que han ocupado en varias ocasiones ante su falta de respuesta. En este caso, “de momento tampoco hemos recibido respuesta”, se lamenta Luengo. Por estos motivos, al igual que no tienen hasta ahora reproches hacia el nuevo Gobierno, tampoco alabanzas. Están “expectantes”.
La Sanidad, otro de los pilares básicos del Estado de Bienestar, es el campo en el que más incisivamente ha trabajado Cantabria por lo Público y Sin Recortes. La consejera del área -María Luisa Real- les ha recibido y ha escuchado sus iniciativas, lo cual valoran de forma “positiva”. “El trato es mejor, cordial”, manifiesta uno de sus integrantes de este colectivo, Sergio Tamayo.
La plataforma ha reclamado a la consejera que “se eche atrás” el contrato público-privado de Valdecilla. “Queremos que Ferrovial -la empresa concesionaria- salga de ahí”, manifiestan. Una demanda para la cual Real “nos ha pedido tiempo”, declarara Tamayo. Los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando los resquicios legales que permitirían la rescisión de ese contrato sin causar un quebranto económico para las arcas públicas. Otra de las peticiones de Cantabria por lo Público y Sin Recortes es la reapertura de los consultorios médicos durante la tarde, una cuestión sobre la que la consejera “no se ha pronunciado”.
“De momento somos cautos con este Gobierno. Entendemos que cien días puede ser poco tiempo. Lo que es seguro es que no vamos a cejar en nuestras reivindicaciones”, asevera Tamayo.
