Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo tendrán que ser indemnizados antes de perder sus casas
Los propietarios de viviendas contra las que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal del inmueble tendrán que ser indemnizados antes de que se produzca el derribo de su casas, en aplicación de una modificación incluida en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El PP ha transaccionado una enmienda del PSOE y de Entesa del Progrés de Catalunya para incluir esta novedad, que venían reclamando durante los últimos años numerosas asociaciones de afectados.
La nueva redacción de la ley precisa que el juez o el tribunal que ordene la demolición “exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”.
Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE en la cámara alta se han felicitado de la iniciativa que, según opinan, terminará con una situación que provocaba la pérdida de su hogar para muchas familias que no recibían cantidad compensatoria alguna hasta pasados varios años.
Representantes de distintas asociaciones procedentes de distintos puntos de España como Cantabria, Galicia o Andalucía, han visitado la cámara alta coinciendo con la iniciativa y han agradecido la modificación que acaba, han dicho, con una injusticia.
En el caso de Cantabria, se han desplazado a Madrid un centenar de afectados por los derribos, miembros todos ellos de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que se han entrevistado con el grupo socialista en el Senado y con la diputada socialista por Cantabria, Puerto Gallego.
Victoria histórica
El portavoz el Grupo Socialista, Miguel Ángel Palacio, ha calificado de “victoria histórica” el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos en el Senado por el que se establece, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que los afectados por sentencias de derribo puedan cobrar las indemnizaciones antes.
Este acuerdo, recuerda, se ha alcanzado después de que el Grupo Socialista en el Senado, “impulsado” por el senador cántabro Miguel Ángel González Vega, presentara una enmienda en este sentido y reclamara al PP apoyo para aprobarla.
Para Palacio, parlamentario que ha tratado el tema de los derribos en Cantabria durante los últimos años, “esta no es una victoria de los socialistas, en Cantabria y en el Senado”, sino “de las cientos de familias de Cantabria, y de forma especial las representadas por la asociación AMA, que tras casi 20 años de lucha han conseguido paliar, al menos en parte, la grave injusticia de la que eran víctimas”.
“Nadie va a poder compensarles el sufrimiento, la inseguridad, la frustración que han sufrido al no tener una garantía de futuro para su hogar, pero el menos ya podemos garantizar que recibirán una compensación en los casos donde sea inevitable el derribo de su vivienda por orden judicial”, ha subrayado.
El recién elegido portavoz del Grupo parlamentario socialista considera que este acuerdo “deja en evidencia los burdos intentos del PP de Cantabria de restar importancia a la trascendental decisión que se toma hoy”.
A su juicio, el PP, “responsable de los ayuntamientos que concedieron licencias para estas viviendas después declaradas ilegales, no ha estado a la altura de las circunstancias en Cantabria”, y “ha intentado negar las evidencias y no reconocer que la única garantía eficaz para estas familias era la modificación de las leyes en vigor”. Ahora, “su postura ha quedado en evidente ridículo y ninguneada por sus compañeros en el Senado”, añade.
Sin embargo, según Palacio, “hoy no es el día para recordar la falta de eficacia, y no quiero pensar que de mala fe, de algunos representantes políticos en Cantabria”, sino que “debemos celebrar el éxito de las cientos de familiar cántabras y compartir su alegría ya que, por fin, ven una luz al final de este túnel de injusticias en el que se vieron inmersos sin culpa ninguna”.
La redacción final de la enmienda transaccional acordada por todos los grupo en el Senado, y que recoge esencialmente la propuesta del Grupo socialista, señala que “el Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”.
