La deuda del Estado con Cantabria crece hasta los 175 millones de euros
La situación de bloqueo de la investidura a nivel nacional y la amenaza de una nueva convocatoria electoral para el 10 de noviembre, que podría mantener al actual Gobierno de España en funciones hasta principios del año 2020, en el mejor de los escenarios, ha hecho saltar todas las alarmas en las comunidades autónomas, que ven cómo la ausencia de Presupuestos Generales del Estado asfixia sus tesorerías y pone en peligro la viabilidad económica de muchos de sus proyectos.
Cantabria no es ajena a este escenario y el Gobierno PRC-PSOE mira con preocupación el devenir de las negociaciones de Pedro Sánchez con Unidas Podemos en esta recta final antes de la repetición de las elecciones generales. El bipartito ha echado cuentas de los efectos que está teniendo sobre los ingresos previstos y en el último Consejo de Gobierno, celebrado este pasado jueves, ha situado la deuda del Estado en cerca de 175 millones de euros.
Esa cifra, que supone un incremento de más de 40 millones con respecto a lo que había hecho público hasta el momento el Gobierno de Cantabria, corresponde a las 130 entregas a cuenta pendientes con la comunidad autónoma, el porcentaje cedido de IVA, además de los 44 millones de euros que corresponden por el pago de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con dos pagos pendientes de 22 millones de euros cada uno.
Estas entregas a cuenta, que se han colado en el debate político a lo largo del último verano y que han llevado incluso a la Generalitat de Catalunya a acudir a los tribunales para exigir su pago al Estado, son un mecanismo que permite que las autonomías de régimen común (todas, excepto Navarra y País Vasco) reciban anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica.
Según establece la ley, este cálculo se realiza utilizando las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno de España del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que corresponda, y es aquí donde surge el primer problema: el Congreso tumbó los presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 y actualmente siguen en vigor las entregas a cuenta establecidas para 2018, lo que genera un desfase económico en perjuicio de las autonomías.
Además, como desde la convocatoria de las elecciones generales del pasado 28 de abril el Gobierno de España está en funciones, las actuaciones que puede llevar a cabo están limitadas y se circunscriben de forma obligatoria al despacho ordinario de asuntos públicos, de mero trámite, y existen dudas jurídicas sobre si la actualización de las cuantías de las entregas a cuenta se incluye entre las decisiones que puede tomar un Ejecutivo en funciones.
En su última visita a Cantabria hace tan solo una semana, Pedro Sánchez expresó tanto al presidente como al vicepresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, respectivamente, que su Gobierno está estudiando una fórmula para pagar las entregas a cuenta y del IVA, una “necesidad imperiosa”, según trasladan desde el bipartito, para “no asfixiar” a las comunidades autónomas.
La solución, sin embargo, no parece sencilla. Un reciente informe de la Abogacía del Estado certificó que un Ejecutivo en funciones como el actual “debe continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices que pudieran comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.
En sus conclusiones, este documento recoge de manera clara que “la actualización de las entregas a cuenta excede de lo que significa despacho ordinario del Gobierno en funciones”, lo que deja en suspenso cualquier actuación urgente y un agujero en las cuentas de las autonomías que, en el caso de Cantabria, se ha incrementado hasta los 175 millones de euros tras el último cálculo realizado. El siguiente paso, si no se encuentra una fórmula para realizar esos pagos pendientes, será realizar un ajuste en los gastos que puede conllevar recortes.
