ACPT condiciona su apoyo al presupuesto PRC-PSOE en Torrelavega a un programa público de vivienda de alquiler

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha condicionado su apoyo al presupuesto de Torrelavega de este año a la introducción de una partida de 700.000 euros para la adquisición de pisos que se pongan en alquiler.

El voto de ACPT no es necesario para la aprobación de las cuentas dada la situación de mayoría absoluta del equipo de gobierno, con 16 concejales repartidos a partes iguales entre PRC y PSOE, pero no es menos cierto que es la única reclamación que ponen, entronca con la declaración de actuar en el parque de vivienda de alquiler público que llevaban socialistas y regionalistas en sus respectivos programas electorales, y permitiría ofrecer al equipo de gobierno una imagen de negociación y apertura, lejos de la política de rodillo que suele achacarse a los gobiernos con mayoría absoluta.

El presupuesto de Torrelavega tendría que haber entrado en vigor hace nueve meses (el 1 de enero) y actualmente está en fase de consulta con el resto de partidos de la Corporación. Las dos campañas electorales han sido la justificación para este retraso, pero lo cierto es que el borrador tendría que haberse visto y aprobado en la recta final de 2018. Sea como fuere, estas cuentas se solaparán prácticamente con el presupuesto de 2020 que tendrá que presentarse y prácticamente aprobarse este otoño por lo que la oferta de ACPT es tácitamente una oferta de legislatura ya que el parque de vivienda que pretende ha de irse dotando y acrecentando año tras año.

Iván Martínez, portavoz de ACPT, ha explicado hoy que con la dotación propuesta el Ayuntamiento puede adquirir entre 12 y 15 viviendas, “de forma que al acabar la legislatura, contarían con unas 50 o 60 viviendas, cuyo uso se tendría que regular a través de una ordenanza”.

La ventaja de llevar con retraso un presupuesto es que se puede construir sobre el conocimiento real de las partidas y no en previsiones. De hecho, ACPT pretende financiar este parque de vivienda con el retraso en la provisión de fondos necesaria para el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la ciudad que se ha producido por los informes de última hora que han retrasado a su vez la ejecución del convenio suscrito con el Estado. Son dos millones que Torrelavega tenía que aportar y que no habrá de hacerlo hasta dentro de dos años, por lo que hay un disponible que puede financiar este programa de vivienda.

En todo caso, Torrelavega a día de hoy no tiene un problema de liquidez. Su deuda es prácticamente inexistente y el presupuesto de 2018, que siguiendo la tradición se aprobó tarde, tuvo una ejecución baja. Según Martínez, con cargo a 2018 se viene “arrastrando” un remanente (superávit que suele venir dado más por una baja ejecución que por ahorro o financiación suplementaria no prevista) de más de 15 millones de euros, de los cuales se han ejecutado un 6,77 por ciento, ha explicado.

Martínez está a la espera de que el portavoz de Hacienda del equipo de gobierno, Pedro Pérez Noriega, se siente a negociar esta propuesta que condiciona su apoyo a unas cuentas cuyo borrador no ha sido hecho público aún oficialmente pero que ACPT ya califica de “poco ambicioso, falto de imaginación y continuista de una política basada en la foto y en la incapacidad para ejecutar los prepuestos que ellos mismos han aprobado”.

La política de poner vivienda asequible a disposición, así como la de ofrecer más suelo industrial a las empresas, son dos de los pilares para la recuperación de la población empadronada en el municipio, que en la actualidad ronda los 51.000 habitantes, al límite del umbral de 50.000 habitantes que a Torrelavega le permite obtener más financiación del Estado que a municipios más pequeños. Con la vivienda se posibilitaría fijar la población existente, sobre todo joven, y posibilitar el retorno al censo de aquellos torrelaveguenses que se han ido a vivir a los municipios limítrofes. Que sea de alquilar facilitaría asimismo el acceso de aquellos que no pueden asumir hipotecas ni créditos bancarios.

ACPT argumenta que viene reclamando desde hace años un plan de vivienda al Ayuntamiento, y que los diferentes equipos de gobierno han respondido “con evasivas y pasando la pelota al Gobierno de Cantabria”, pese a que en el documento de investidura que firmaron en el año 2015, el equipo de Gobierno PSOE-PRC se comprometió a poner en marcha esta bolsa de alquiler.

Igualmente, Martínez ha explicado que las políticas de viviendas son responsabilidad del Gobierno de Cantabria, pero “no están sabiendo dar respuesta a los vecinos de la ciudad” porque en Torrelavega no tienen viviendas, y la respuesta que “ofrecen” es su traslado a Polientes o Potes, dónde sí que las tienen.

Además, ha señalado que el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, se “comprometió” a poner las viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria (SAREB) tiene en Ganzo en régimen de alquiler social, pero “aún ni siquiera son propiedad del Gobierno” y “desconocemos si hay algún tipo de conversaciones o negociación entre el Gobierno de Cantabria y la entidad financiera, pese a que constantemente preguntamos tanto en comisiones como en el Pleno por el asunto”, ha dicho.