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Desalojadas varias familias de un bloque de San Celedonio por usurpación

La plataforma STOP Desahucios denuncia que la orden de desalojo estaba "desfasada" y no iba dirigida a los vecinos que actualmente residen en el bloque

Exterior del edificio desalojado. | STOP DESAHUCIOS

Exterior del edificio desalojado. | STOP DESAHUCIOS

Varias familias han sido desalojadas de un bloque de pisos de la calle San Celedonio de Santander, como resultado de la ejecución penal de una sentencia por delito leve de usurpación dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander, que establecía el desalojo de las viviendas en concepto de responsabilidad civil, además de una multa.

La plataforma Stop Desahucios ha denunciado que la orden de desalojo estaba "desfasada" y no iba dirigida a los vecinos que actualmente residen en dicho bloque de viviendas sino a los anteriores inquilinos.

La plataforma critica que a pesar de ello, la comisión judicial y la policía que los acompañaba "procedieron a expulsar de sus viviendas a los vecinos presentes, que no habían sido notificados en ningún momento, y a cambiar las cerraduras".

Las fuentes judiciales consultadas han explicado que en días previos, la policía acudió al inmueble para ver si se había cumplido la sentencia. Ha añadido que a las personas que no figuran en la orden de desalojo pero sí viven en este edificio se les ha citado a una vistilla en el juzgado para que acrediten si tienen algún tipo de título que les permita residir en esas viviendas legalmente.

Las mismas fuentes recalcan que no se trata de un procedimiento civil de desahucio por impago de hipoteca o alquiler, sino de un procedimiento penal de desalojo impulsado por el propietario del inmueble por usurpación.

Sin embargo, Stop Desahucios habla de un "desahucio múltiple" de cuatro de las seis familias que viven en el inmueble, una de ellas "sin estar presente en ningún momento, encontrándose al llegar a su casa que no podía abrir la puerta y quedando todas sus cosas dentro, incluyendo su propia documentación y la de sus hijos pequeños".

Posteriormente, por la tarde, la policía volvió al lugar de los hechos "para finalizar las actuaciones y abrir las viviendas para que las familias pudieran recoger sus enseres", señala la plataforma en un comunicado de prensa.

Antonio G. Javega, activista de la plataforma Stop-Desahucios, explica que es un bloque de seis viviendas, "todas ellas con familias en situación de extrema necesidad". En su opinión, "la primera
irregularidad es no atender a la situación social de estas personas, habiendo menores de por medio".

En segundo lugar, denuncia que "el desahucio no se practica contra las seis familias, sino contra cuatro, ya que dos de ellas habían sido identificadas y por tanto recibieron el escrito del juzgado convocándoles a una comparecencia judicial de diligencias previas. El resto, ya fuera porque no estaban presentes cuando se personó la policía o porque tuvieron miedo a abrir la puerta, no fueron identificadas. Y estas personas son las que sufrieron el desahucio", sostiene.

Añade que algunas de estas familias llevan más de un año residiendo allí, ninguna ha recibido notificación alguna ni denuncia previa al desahucio; y "ninguna de las familias tiene abogado, otra irregularidad". "Por este motivo, la policía, con buen criterio, suspendió de facto los cuatro desahucios y explicó a las familias afectadas que recibirán sendos escritos del juzgado explicando la situación en la que quedaban", agrega Stop Desahucios.

El portavoz de la plataforma explica que "el problema es que el desalojo iba dirigido contra los anteriores inquilinos de esas viviendas", ya que el procedimiento penal se inició "mucho tiempo antes, hace años".

Asegura que una de las afectadas lleva más de un año empadronada en su vivienda y que las cuatro familias tienen niños pequeños y se encuentran en una situación de extrema necesidad y precariedad, llevan en desempleo varios años y/o de vez en cuando realizan trabajos muy esporádicos para mantener a sus familias.

Según Stop Desahucios, los vecinos de las seis viviendas han decidido solicitar asistencia jurídica gratuita y presentar denuncia contra la comisión judicial, el secretario-letrado del juzgado y el dispositivo policial de la mañana por allanamiento, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.

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