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El interventor de Santa María de Cayón declarará como testigo en el caso de las "contrataciones a dedo" del alcalde

Gastón Gómez (PP) está investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por realizar contrataciones irregulares entre 2007 y 2013

La Fiscalía solicita diligencias complementarias antes de formular la acusación y reclama que se aclaren los informes con reparos de la Intervención municipal

Gastón Gómez (PP), alcalde de Santa María de Cayón.

Gastón Gómez (PP), alcalde de Santa María de Cayón.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medio Cudeyo ha citado como testigo al interventor municipal en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, David Fresno, en la causa que investiga las supuestas "contrataciones a dedo" del alcalde, Gastón Gómez (PP), imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa entre los años 2007 y 2013.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la práctica de diligencias complementarias para aclarar los informes con reparos reiterados de la Intervención municipal, "ante la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos", según consta en la providencia firmada por la magistrada María Vanesa Gorostiza a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Para tomar testimonio de este nuevo testigo en el caso, la jueza ha señalado el día 28 de febrero de 2018, momento en el que las partes podrán pedir más detalles al interventor sobre un informe fechado en octubre de 2013, en el que se refería a la forma de contratación de determinados trabajadores "sin procedimiento administrativo de selección", y en el que se mencionaban "órdenes directas, verbales o mediante escrito particular del alcalde a la gestoría".

Gastón Gómez inició en 2015 su quinta legislatura consecutiva como primer edil de Santa María de Cayón, un cargo al que llegó en 1999 como independiente, para convertirse desde 2003 en el cabeza de cartel del PP en la localidad. La acusación a la que se enfrenta ahora en los tribunales tiene su origen en la acción judicial emprendida por los partidos de la oposición, a los que el alcalde popular acusa de emprender una "persecución política".

Causas pendientes

Según adelantó este periódico, Gómez fue eximido previamente de otros posibles delitos más allá de la prevaricación administrativa, como haber cobrado más de 30.000 euros de Caja Cantabria en concepto de dietas y desplazamientos entre 2009 y 2011, periodo en el que fue consejero de la entidad bancaria integrada ahora en Liberbank, al no detectarse irregularidades ni incompatibilidades en esos cobros.

También se descartó la malversación de caudales públicos en el pago de facturas sin consignación presupuestaria por parte del Ayuntamiento, aunque los tribunales pusieron el foco en la contratación de personal a dedo en determinados proyectos de la Agencia de Desarrollo Local, en las Escuelas Deportivas y en la Brigada de Obras Municipal, donde "se omitió de manera sistemática el procedimiento administrativo de selección" pese a los reparos de la secretaria y el interventor.

A finales del año pasado fue la Audiencia Provincial de Cantabria la que desestimó un recurso en el que Gómez solicitaba el sobreseimiento y archivo de la causa, alegando la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad en los hechos investigados", dejando el camino libre para la apertura del juicio oral, algo que deberá ratificarse tras la declaración del interventor municipal prevista para el mes de febrero.

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