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Noja resuelve dos contratos “irregulares” del anterior equipo de Gobierno del PP

Pleno del Ayuntamiento de Noja.

elDiario.es Cantabria

El Pleno del Ayuntamiento de Noja ha acordado por unanimidad en una sesión extraordinaria y urgente resolver dos contratos suscritos por el anterior equipo de Gobierno del PP atendiendo a sendos dictámenes del Consejo de Estado en los que censura el proceder del exalcalde, Jesús Díaz (PP), por lo que propone incoar un expediente contra él para determinar “si ha incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencias graves”.

Para el actual equipo de Gobierno (PRC-PSOE), estos dictámenes del supremo órgano consultivo del Gobierno de España no vienen sino a confirmar que “Díaz ha actuado de un modo continuado de forma irregular durante su etapa al frente del Consistorio, con contratos a dedo de los que ni los técnicos municipales conocían su existencia, por lo que difícilmente éstos podían exponer algún tipo de reparo”.

Asimismo, han censurado el “cinismo” del Partido Popular en Noja, al que acusan de “seguir manteniendo al exalcalde en sus filas y de votar a favor de la resolución de unos contratos que ellos mismos promovieron de forma manifiestamente irregular, tal y como ahora resuelve el Consejo de Estado”.

Además, el PRC-PSOE, ha recalcado el “hastío” que el propio Consejo de Estado refleja en uno de sus dictámenes por recibir nuevos expedientes sobre contratos suscritos por el anterior equipo de Gobierno del PP, asuntos todos ellos que el órgano consultivo reconoce “han resultado lesivos” para las arcas municipales.

En concreto, las resoluciones de estos contratos aprobadas por el Pleno se refieren al suministro de copiadoras multifuncionales y a la consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

En el primero de ellos, este órgano dictamina que procede “la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de Alcaldía, de fecha 9 de abril de 2014, por el que se adjudica a una empresa el contrato de suministro de copiadoras multifuncionales, así como la nulidad del contrato mismo”.

Además de proceder a liquidar el contrato e indemnizar a la adjudicataria por los daños sufridos en relación con la adjudicación, este órgano también resuelve que “procede incoar expediente a los efectos de determinar si el entonces alcalde, Jesús Díaz, y el secretario accidental, han incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencias graves”.

En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea textualmente que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”.

Tras enumerar los asuntos a los que hacen referencia los otros tres contratos –servicio de ambulancia, obras de estructura metálica en la Casona del Carmen y obras y remodelación de la Oficina de Turismo–, el Consejo de Estado dice a continuación que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”. “A todos ellos  ha seguido una acción de responsabilidad patrimonial cuyas consecuencias han recaído sobre los caudales públicos”, recalca además.

Redacción del PGOU

En el segundo de ellos, relativo a la adjudicación para la redacción del PGOU, este órgano presidido por José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y Consumo en el Gobierno de José María Aznar, indica que “resulta irregular adjudicar un contrato en el año 2005 sin fijar el plazo de ejecución y más irregular todavía prorrogarlo en el año 2010”, si se tiene en cuenta que, alega en su escrito, “la ley establece que un contrato de este tipo tenía como plazo máximo cuatro años, incluidas las prórrogas”.

En consecuencia, el Consejo de Estado dictamina que “procede resolver el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Noja, así como la devolución de la garantía definitiva en cuanto la empresa contratista no ha incurrido en incumplimiento culpable”.

Asimismo, afirma que igualmente “procede pagar a la adjudicataria la cantidad de 46.200 euros en relación con los trabajos desarrollados en la ejecución del contrato y entregados a la Administración”.

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