Los concejales de Noja rechazan de forma unánime indemnizar a la constructora del alcalde
El Pleno del Ayuntamiento de Noja ha rechazado de forma unánime satisfacer una reclamación patrimonial de cinco millones de euros por parte de Nocanor Promociones, la constructora del actual alcalde regionalista, que acudirá a los tribunales para exigir al Consistorio una cifra total cercana a los 19 millones de euros porque considera que su antecesor en el cargo “intentó arruinarle” con la paralización de una promoción de viviendas para “beneficiar a la esposa del que fuera alcalde durante los últimos 27 años”.
En la sesión plenaria celebrada este jueves, todos los concejales han votado en contra de esta reclamación emitida por la empresa familiar de Miguel Ángel Ruiz (PRC), que se ha ausentado del debate y no ha estado presente en ese punto del orden del día por ser parte afectada. Los tres grupos municipales (PRC, PSOE y PP) se han pronunciado en contra de que se abonen los cinco millones de euros en concepto de indemnización que reclama la constructora.
De hecho, incluso los miembros del equipo de Gobierno que lidera Miguel Ángel Ruiz -un bipartito que integra a regionalistas y socialistas- han asegurado durante el pleno que la reclamación “perjudica” tanto al erario público, como al “interés general” de los vecinos de Noja.
Javier Martín Vázquez, único concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Noja y el socio de Gobierno que permitió la investidura del actual alcalde, ha señalado que “todo el mundo tiene derecho a defenderse si se siente perjudicado” y admite que ha desestimado la reclamación de Nocanor para “defender los intereses de los ciudadanos”.
El proceso judicial sigue su curso
Esta indemnización millonaria que se ha debatido en pleno se suma a otra similar por algo más de 13 millones de euros, que fue rechazada por la Corporación municipal y que se encuentra inmersa en un proceso judicial. En total, la promotora del alcalde regionalista exige casi 19 millones por la paralización de una promoción de viviendas entre los años 2006 y 2009.
Desde el Partido Popular insisten en que hay informes desfavorables del abogado y de la secretaria municipal, que entienden que no se han aportado “documentos fehacientes que corroboren las cantidades reclamadas” por la empresa familiar del alcalde, y han mostrado su satisfacción con la decisión tomada por la Corporación, con la que se ha impuesto “la lógica, el raciocinio y lo que era justo para el pueblo”.
