“La complacencia social hace que perviva en los ayuntamientos de España un sistema generalizado de corrupción”

“La complacencia social hace que perviva en los ayuntamientos de España un sistema generalizado de corrupción”. Fernando Urruticoechea, exinterventor en el municipio de Castro Urdiales entre los años 2001 y 2006 relata su experiencia en este y otros consistorios por los que ha pasado a lo largo de su carrera tratando de destapar y poner freno a las centenares de prácticas que ha detectado como irregulares. A pesar de ello, y a tenor de su experiencia con la justicia de Cantabria y de las recientes condenas fruto de su trabajo, reconoce que “robar sale a cuenta”.

“Para que los caballos se puedan quedar con las grandes brazadas de avena es fundamental ser muy generoso en el reparto de granos a los gorriones”. Esta es la metáfora que emplea para explicar cómo funcionan las corporaciones municipales de nuestro país y por qué perduran las actividades que se llevan a cabo al margen de la legalidad. “Los gobernantes reparten migajas de complacencia para tener todo un sistema de soborno generalizado socialmente”, explica a eldiario.es. Concretamente, señala que en Castro “había bastante gorrión”. 

Asegura que el exalcalde del PSOE entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, “repartió muy generosamente dentro del cuerpo de la ciudadanía del municipio, dentro de la plantilla del Ayuntamiento y entre sectores técnicos”. “En este sistema de complacencia con este método jerarquizado de corrupción nadie protestó”, recalca.

Pone de sobre la mesa para ilustrar esta trama los nueve millones de euros de fraude a las arcas públicas cuya investigación acumula cinco años de retraso por la Justicia de Cantabria. Recientemente se condenó a un electricista y a su esposa “por el mismo sistema de estafa” a un año y nueve meses de cárcel y 1.620 euros de multa -tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía- por defraudar 300.000 euros al Consistorio de este municipio entre los años 1998 y 2002. 

Urruticoechea afirma que tanto los hechos que se juzgaron como los que están pendientes en el Juzgado número 1 de Castro Urdiales “representan muy bien la corrupción en los ayuntamientos de España”. “Afecta al menudeo, es decir, a todo lo que se contrataba de forma fraccionada como contrato menor, sin ningún tipo de expediente de contratación, y cuya suma de las facturas da esos nueve millones”, explica.

Por encima de esto, apunta este funcionario, estaban los expedientes que “sí se sacaban a contratación, pero de forma fraudulenta”. Pone como ejemplo algunas de las obras de envergadura llevadas a cabo en el municipio como el Castillo Faro, el Pabellón de Actividades Naúticas o la rehabilitación de la Casa de Cultura. “Era otro nivel de corrupción con otros apropiadores de esas corruptelas”, subraya. 

“Es un caso sangrante y doloroso”, señala sobre la situación del electricista. “No hay más que ver quién es él, un pinchaúvas, un pobre hombre, un miembro de una brigada en la que trincaban todos, integrantes y auxiliares”, subraya. “Eso era conocido por todos”, sostiene Urruticoechea, “era conocido por todos en el pueblo que la maquinaria del Ayuntamiento se utilizaba para segar la hierba de las urbanizaciones, y que los peones y oficiales de la brigada trabajaban con esa maquinaria en horario laboral en trabajos privados”, relata. También apunta que “el servicio de bomberos era privado” y que “lo dirigía un peón de la brigada que cobraba en nómina del Ayuntamiento”, algo que califica como “absolutamente estrafalario”.

Hace hincapié en que el juicio “debe abrir un proceso de reflexión”. Se cuestiona por qué el electricista y su esposa son los únicos culpables de toda la trama. “¿Quién les contrataba?, ¿Los reparos que yo hacía a quién iban dirigidos?”. Urruticoechea asegura que al entonces alcalde, Díaz Helguera, al exteniente alcalde, Pedro Olano, “que le organizaba todos los contratos” y al exsecretario general del PSOE, Daniel Rivas, que fue candidato a la Alcaldía en las municipales de 2015 y que dimitió tras su imputación en el caso 'La Loma'. “Este último firmaba casi todos los recibís”, señala, “era una triada política”, sostiene. Asimismo, critica que “estuvieran en el juicio de visita haciendo compañía mafiosa al pinchaúvas”.

En definitiva, este funcionario del Estado, que ha pasado como interventor por otros cinco ayuntamientos -Ermua, Leganés, Crevillent, Orihuela y actualmente Torre Pacheco- recalca que lo anteriormente expuesto es lo que se conoce como “el reparto de migajas para los gorriones, tanto dentro del Ayuntamiento, donde estaban la brigada y los aparejadores, como a los pequeños suministradores con pequeñas contratas”. “Si tienes contentos a los gorriones no protestan cuando los caballos se llevan las grandes brazadas de avena, que son las plusvalías urbanísticas”, incide, y pone como principales ejemplos en Castro los casos 'La Loma' y 'APD-2'.

“Desorganización organizada”

Urruticoechea cuenta que cuando llega en 2001 al Ayuntamiento de Castro se encuentra “una plantilla muy poco profesional y una situación atroz desde el punto de vista organizativo y económico-financiero”. En un primer momento, “por propio positivismo”, reconoce, “considero que se debe a la falta de profesionales, que era exclusivamente un problema que se solucionaba reorganizando el Ayuntamiento y que se podría sacar a flote en dos o tres años”. Sin embargo, resalta que en poco tiempo se da cuenta de que “ahí no hay absoluto interés en la organización, sino que precisamente la desorganización está perfectamente organizada”.

“Es esa desorganización la que permite el desgobierno y la corrupción”, subraya, “era un dislate todo lo que había allí, no solo había un problema con los gastos, sino que no había ingresos”, matiza. “Era un descontrol total”, expone, “todas las plusvalías, las escrituras que entregaban los notarios, que eran muchas por el volumen de ventas, no se liquidaban, ni siquiera se registraban”, denuncia, “y se guardaban en bolsas negras de basura en el ático del Ayuntamiento”, cuenta este funcionario.

“Esas liquidaciones deberían de haber sido uno de los principales ingresos del Ayuntamiento”, apunta, y “ya no hablemos de los más importantes, que serían los aprovechamientos urbanísticos”, detalla. “No existía el 10% de entrega de aprovechamiento lucrativo que está obligado por el artículo 47 de la Constitución española para asegurar el derecho a la vivienda digna, se regalaba a los propios promotores”, denuncia el entonces interventor municipal.

Presiones

Recientemente, el juez Luis Acayro Sánchez, que instruyó con posterioridad una veintena de causas por corrupción en base a los reparos de este interventor, denunció “presiones brutales” en torno a ellos, y pidió “la despolitización de la justicia”. “Son totalmente distintas las presiones que puede recibir un juez, que tiene otra escala y otro poder, que las que puede recibir un funcionario dentro del Ayuntamiento”, explica el exinterventor de Castro Urdiales.  

“En mi pequeño despacho estaba rodeado por cuatro personas, familiares, afines o lacayos del alcalde que seguían cualquier conversación o actividad que llevaba a cabo”, relata. “Imagínate a qué niveles de presión psicológica laboral tendenciosa estaba sometido”, exclama este funcionario, al tiempo que denuncia que “algunas de ellas fueron parte de esa trama corrupta y que deberían haber estado en el juicio”.

Pone el foco en María Ángeles Saiz, hija del entonces secretario César Saiz, “el gran capo de la corrupción”, según le define Urruticoechea. Afirma que estaba “puesta a dedo como interventora accidental” hasta su llegada como funcionario del Estado, momento en el que ella “cesa inmediatamente”. “En lugar de irse para casa, la nombran como economista y la ponen a mi vera en el despacho”, reprocha, al tiempo que denuncia que “todas las facturas y contratos como los del caso 'Korta' entre 1998 y 2001 daba ella su conformidad”. 

Papel de los medios

Urruticoechea, que fue entrevistado por Jordi Évole en el programa 'Salvados' donde abordó este funcionamiento delictivo de los ayuntamientos, señala que los medios de comunicación son los intermediarios entre la trama corrupta y los ciudadanos. En el caso de Castro Urdiales, asegura que “conocían perfectamente todo esto” y que “nunca dieron luz a mis papeles”.

“Todos los albaranes y las facturas iban con sello rojo a pleno porque no se podían aprobar, ya que tenían el reparo del interventor”, expone, de forma que el alcalde “no podía dar la orden de pago”. Así pues, denuncia “una ocultación sistemática de una trama delictiva que era clarísima”. “Me acusaban a mí de inventarme molinos, de ser un Quijote enloquecido inventándome la corrupción en mi cabeza para darme protagonismo”, lamenta. “Ese fue el personaje que diseñaron, el de un interventor enloquecido hablando de una corrupción inexistente”, recalca. 

Finalmente, este funcionario asegura que habría que preguntar al sistema judicial de Cantabria, al TSJC y a la Audiencia Provincial, “si no le da vergüenza esta sentencia [la del electricista y su esposa] y si no le produce sonrojo y vergüenza, sobre ”una situación delictiva generalizada“. ”Habría que hacer una investigación sobre el papel de los grandes medios de comunicación y de la justicia de Cantabria“, recalca, al tiempo que apunta como ”protagonista clave en todo ello, en el manto de silencio, en la década de omertá en Castro Urdiales, al actual presidente del TSJC“.

“Es por ello que solicito que se investigue su papel en la justicia y su dimisión por su papel nefasto en la corrupción de Castro Urdiales”, afirma en esta entrevista. Y es que, “se ha demostrado que robar en este municipio sale a cuenta”, lamenta. Por encontrar algo positivo en todo esto, Urruticoechea asegura que es posible otra sociedad libre de estas corruptelas. “Para ello es necesario contar con trabajo preventivo previo a la cirugía penal”, expone, ya que es el primer y principal paso para “acabar con el suministro de granos a los gorriones”, concluye.