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ENTREVISTA | Julio Soto, director general de Políticas Sociales

“El principal problema en el ámbito de la política social es paliar la pobreza”

El director general de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Julio Soto, en su despacho.

Rubén Alonso

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En el marco de una pandemia que ha afectado principalmente a colectivos tan vulnerables como ancianos y dependientes, y que ha dejado una crisis económica que se prevé duradera en el tiempo, el blindaje de las políticas de protección social resulta más esencial si cabe. En este sentido, el director general de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria pone el foco en el incremento continuado de la pobreza durante estos meses y en la necesidad de que la administración siga prestando apoyo a los grupos más desfavorecidos. “Con los contagios en las residencias bajo control, el principal problema en el ámbito de la política social es paliar la pobreza”, sostiene Julio Soto, quien ya cuenta con experiencia en este cargo puesto que también lo ocupó entre 2003 y 2011. 

Desde esta semana están autorizados los nuevos ingresos en las residencias de Cantabria y las visitas de los familiares con cita previa. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad en estos centros, que han sido uno de los principales puntos negros de la pandemia en la comunidad y en todo el país?

Las visitas se abren a familiares y con ciertos requisitos. Lo primero, como dices, con cita previa para evitar que haya concentraciones que aumenten el riesgo de contagio. Esto hará que los directores tengan que organizar las citas, llamando a los familiares para concretar hora y disponibilidad de tiempo y espacios, y en función de ello, cada residencia determinará el número de visitas que puede realizar diariamente. Además, hay estipulados otros dos requisitos fundamentales: por una parte, el visitante tiene que llevar una mascarilla nueva que se ponga delante del profesional de la residencia, para evitar que la gente pueda acudir con una mascarilla que lleve puesta durante todo el día y que ya no sea efectiva. También tiene que llevar a cabo una higiene de manos, con gel hidroalcóholico o con jabón, y del calzado. Por otro lado, las visitas tienen que realizarse en lugares cercanos al exterior, a ser posible que tengan acceso desde la calle para evitar la entrada y la deambulación por el centro, y no se podrán introducir dentro del edificio ropa u objetos que puedan dejarse en un sitio o en otro.

Esto está contemplado para las visitas ordinarias, pero cuando la persona a la que se va a visitar está permanentemente encamada no se hará as, evidentemente. En ese caso se podrá acceder a la habitación, pero ello requerirá extremar aún más las medidas de protección, en el sentido de que la residencia elaborará un itinerario seguro para que el visitante no pueda deambular solo por la residencia y entrar en contacto con otros residentes y trabajadores. Y aquí es cuando está más controlado el tema de la ropa y objetos que pueda llevar, dejándolos en una bolsa en la entrada para que no haya riesgo de contagio.

¿El medio centenar de casos activos que quedan en las diferentes residencias está controlado y localizado para evitar que se vuelva a propagar el virus?

Sí, por supuesto. Las personas que están contagiadas están en aislamiento y en una zona específica del centro, y hasta que no se negativicen no pueden recibir visitas, salvo en las circunstancias extraordinarias de las que se encuentran en un proceso terminal. Ahí sí se contemplan aunque sean positivo. Todas las residencias tienen un plan de contingencia para asegurar que los positivos no contagian a los que no han pasado la enfermedad y, por tanto, a la zona llamémosla de positivos, los visitantes no podrán acceder.

La escasez de material y de Equipos de Protección Individual (EPIs) ha sido una realidad generalizada durante los momentos más álgidos de la pandemia. Trabajadoras de estos centros y de Atención Domiciliaria a la Dependencia denunciaron en varias ocasiones que no disponían de suficiente material. ¿Existe algún tipo de plan o previsión para que en caso de una segunda oleada no ocurra lo mismo y estén preparados?

Ahora no tenemos problemas. Empieza a haber un pequeño problema de suministros en guantes, que yo tenga noticias. No es tanto que no haya, sino que se están disparando sus precios. Los gerentes de las residencias nos comentaron en una reunión que hace dos días la caja de guantes estaba a dos euros y medio más o menos, y que ahora estaba a 14. Nosotros, como administración, obviamente hemos comprado guantes, mascarillas, batas y material de protección para nuestros centros. Y tenemos un pequeño estocaje para atender una emergencia de algún centro que pudiera tener una situación de necesidad. Lo que hemos trasladado a las entidades es que tienen que hacer un esfuerzo de equiparse.

De hecho, en el plan de contingencia que tienen que tener en previsión de un posible nuevo brote, una de las cuestiones que tienen que explicitar es el estocaje que tienen de materiales de protección para evitar que se repita esta situación. Les pedimos que dispongan del suficiente como para poder funcionar al menos durante un mes. De todas formas, confiamos en que si tenemos un nuevo brote no sea tan fuerte como el que hubo al principio, porque ahora todos hemos aprendido y las medidas de protección se están llevando a cabo de manera generalizada. Además, los positivos están asilados desde los primeros síntomas por si acaso. Tengo la esperanza de que si hay un rebrote no llegará a tener la situación de dramatismo que nos ha generado este, que nos ha cogido a todos en fuera de juego.

¿Cree que esta crisis sanitaria nos está haciendo y debe hacernos reflexionar sobre cómo reconducir la gestión de las residencias, muchas de ellas en manos privadas, y de los modelos asistenciales?

Pues mira, yo creo que son cosas distintas. Sí que creo que nos tiene que hacer replantearnos algunas cosas de las residencias. Por ejemplo, un debate antiguo en estos centros gira en torno a las habitaciones individuales o dobles. Parece evidente que la protección se garantiza mejor en habitaciones individuales, por lo que estaríamos obligados a cambiar la normativa y a caminar en esa dirección para que en el futuro todas las residencias tengan que tener individuales para garantizar el aislamiento. Otra cuestión es el modelo. En Cantabria al menos, el que la gestión haya sido privada o pública no es un indicador, como el hecho de que si tienen médico o no. Nosotros hemos tenido residencias con dos y hasta tres médicos en las que se han infectado un número espectacular de usuarios, y residencias sin ningún tipo de personal sanitario y que no se ha contagiado nadie.

¿Y a qué lo achaca?

Ahí ha habido un factor de suerte, creo. Los centros que tuvieron la desgracia de que se contaminaron al principio, cuando no sabíamos nada del tema y no había protecciones, han pagado, para entendernos, 'el pato' y han tenido unas tasas de mortalidad exageradas. Y otras residencias que tuvieron la fortuna que un trabajador se contagió haciendo la compra o en su actividad diaria y consiguieron no tener ese factor azaroso, aplicaron todo lo aprendido, protegiéndose bien, y no han tenido ningún caso. De las 82 residencias que tenemos, solo una veintena ha tenido contagios, es decir, la mayoría no han tenido casos. Y ten en cuenta que en Cantabria, quitando las tres residencias públicas del Gobierno, todas las demás son de gestión privada. De las públicas, tuvo positivos el CAD de Sierrallana y no fue de las primeras. Y de las privadas ha habido más, pero con una tipología muy variada, desde pequeñísimas que tuvieron la fatalidad de que la auxiliar que desconocía ser asintomática siguió trabajando y acabaron todos contagiados, como ocurrió en la residencia de Luey, un centro pequeño con un funcionamiento excelente, en el que se contagiaron la totalidad de residentes y trabajadores.

Entonces, creo que hay que repensar cómo podemos hacer para mejorar la atención sanitaria a las personas mayores que están en una residencia sin afectar al modelo. Creo que la solución no está en poner ahora un médico en cada residencia. Eso ha demostrado que no va ligado al problema. Lo que sí hay que ver es cómo el Servicio de Salud Pública se organiza para que este colectivo vulnerable tenga los mejores cuidados posibles. Como dato muy relevante, de las 400 personas que han fallecido en residencias en estos meses, 140 han sido debido al coronavirus, es decir, las restantes por temas ajenos a la COVID-19. Por otro tipo de patologías, pero es que la edad media de estas personas es de 83 años.

La otra cara de la pandemia es la difícil situación económica en la que se encuentran muchas familias. Cantabria ha aprobado esta semana un complemento de 200 euros para todas las personas afectadas por ERTE en la comunidad. ¿El hecho de que haya salido adelante la regulación de esta ayuda por unanimidad en el Parlamento da buena cuenta de la especial importancia de las políticas de protección social en estas circunstancias?

Esa es una de las muchas medidas, pero efectivamente, como muy bien señalas, la COVID-19 ha supuesto un problema en muchos ámbitos. La cantidad de personas que se han quedado en desempleo o en condiciones de ingresos mínimos es enorme y las tasas de pobreza están creciendo por momentos. Desde la protección social, uno de los primeros temas que tuvimos que abordar cuando comenzó la pandemia fue la ayuda a las personas que viven en la calle, sin hogar, donde la vulnerabilidad era altísima. Hubo que reclamar a los servicios sociales municipales que adoptaran medidas para dar una alternativa habitacional a estas personas que tenían que estar confinadas como el resto de la ciudadanía, pero con el problema de que no tienen un techo para dormir. Montamos un par de albergues, pero esto era la punta del iceberg: hay personas del servicio doméstico que al dejar de trabajar dejaron de cobrar, otras que fueron a los ERTE con salarios muy justos y que, aunque se han gestionado miles en relativamente poco tiempo, todavía no los habían cobrado y no tenían ingresos.

Es decir, los servicios sociales y las diferentes entidades que el Gobierno financia o cofinancia para dar este tipo de prestaciones se vieron desbordadas por la demanda de auxilio para cosas tan fundamentales como la comida del día a día. Eso ha hecho que tengamos que implementar medidas, aunque la principal se ha llevado a cabo a nivel del Estado. El Ingreso Mínimo Vital creo que va a paliar en gran medida el problema de la desigualdad social, pero no lo va a resolver del todo. Quedará un colectivo importante de personas, sobre todo las irregulares, que no tienen acceso a esa cobertura, y a las que seguiremos prestando apoyo. Nosotros estamos ahora intentando paliar esta situación de pobreza específica creciente con ayudas directas a entidades a las que pedimos que sigan colaborando con nosotros en el apoyo a familias más necesitadas.

¿En qué consisten concretamente?

Se trata de cheques o transferencias directas de dinero para la compra de alimentos y productos de higiene. Y los ayuntamientos están haciendo también un gran trabajo con las ayudas de emergencia, dinero transferido del Gobierno de Cantabria para ayudar a pagar los alquileres y los gastos de primera necesidad. Y es que los demandantes de Renta Social Básica en nuestra comunidad también se han incrementado en un porcentaje altísimo en estos meses y me imagino que esta situación de pobreza lamentablemente va a durar porque la recuperación económica no será todo lo rápida que nos gustaría, por lo que habrá que seguir aplicando políticas de apoyo a las situaciones de necesidad que tiene la ciudadanía. En definitiva, una vez que hemos conseguido tener bajo control los contagios en las residencias, el principal problema en el ámbito de la política social es la situación de pobreza y de exclusión en un número importante de familias, así como el tema de la vivienda.

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