El Gobierno reconoce que la situación de la Oficina de Vivienda es “bochornosa”

El director general de Vivienda de Cantabria, Francisco Javier Gómez Blanco (PRC), no ahorra calificativos para definir la actual situación en la que se encuentra la Oficina de Vivienda: “bochornoso” o “tercermundista” con algunos de los términos que emplea para definir el colapso al que se enfrenta estos días un servicio bajo su tutela que debe responder en tiempo récord a los más de 4.000 beneficiarios de la última convocatoria de las ayudas al alquiler que ha resuelto el Ejecutivo autonómico.

“Las colas que vemos cada día nos sonrojan, nos avergüenzan y nos recuerdan que no estamos a la altura de las circunstancias para ofrecer una atención digna a los ciudadanos”, reconoce el dirigente regionalista en conversación con eldiario.es, que sacó a la luz este miércoles las denuncias de numerosos ciudadanos y funcionarios públicos ante lo que consideran una “gestión deficiente”.

Por eso, el director general de Vivienda pide disculpas ante esta “saturación” que deben sufrir todos los afectados y estudia “distintas alternativas” para poner remedio lo antes posible. Entre las medidas que se están barajando en la Consejería, aunque aún deben concretarse, está la posibilidad de ampliar las dependencias para que la gente no esté obligada a esperar en la calle, muchas veces bajo la lluvia, puesto que el espacio físico es “muy limitado”.

“Lo primero que debo hacer es pedir disculpas a los ciudadanos”, insiste Gómez Blanco. “Esta situación es inaceptable, pero es lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno. El PP cerró la antigua Oficina de Vivienda, que atendía a todo este volumen de personas sin ningún inconveniente, y la trasladó a lo que era el hall de la Consejería. No hay más espacio físico para poder atender a la gente. Esto es lamentable y esperamos poder ponerle remedio cuanto antes”, subraya.

Además, alaba el trabajo de los funcionarios a su cargo, “que están haciendo un trabajo magnífico en unas condiciones muy difíciles”, y lamenta no poder contar con más personal para agilizar los trámites: “No hay sitio para ponerlos, no entran”, señala. Por eso, recuerda que los beneficiarios de las ayudas al alquiler pueden entregar la documentación en cualquier otro registro del Gobierno de Cantabria y en la Delegación del Gobierno, además de en los ayuntamientos en los que existe ventanilla única.

“Más que un fallo de cálculo, lo que ha pasado es que ha habido un incremento de más del 40% en el número de solicitudes. Si a eso le unimos que hemos intentado acortar los plazos para poder pagar cuanto antes, da lugar a estas molestias e incomodidades”, asegura el director general de Vivienda.

Y es que el Gobierno de Cantabria anunció a principios del mes de mayo la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler para 2016, a través de las que 3.400 beneficiarios recibirán una subvención mensual por un importe de hasta el 40 por ciento de la cantidad de la renta. Desde entonces, largas colas, discusiones y un sinfín de papeles en los mostradores son una constante en la sede de la Consejería de Vivienda, que se encuentra “colapsada” ante la imposibilidad de atender a tal avalancha de ciudadanos.

Una tramitación farragosa

A las quejas por las colas y la falta de espacio en las dependencias de la Consejería se unen las protestas por unos trámites “lentos, farragosos, repetitivos e innecesarios”, según los propios funcionarios que deben hacerse cargo. Esta valoración es compartida también por el director general, que recuerda que el Plan de Vivienda del Gobierno de España exige muchos de estos requisitos.

“Tiene la peculiaridad de que el proceso es de concurrencia competitiva, con lo cual, no vamos resolviendo sobre la marcha las solicitudes que se van presentando, sino que tenemos que esperar a que se presenten todas, baremar todas y resolver todas a la vez. Eso nos lleva a que haya un plazo límite para presentar los recibos y así sucesivamente”, explica.

Lo normal, a su juicio, es que el proceso estuviera abierto a lo largo de todo el año y que los beneficiarios fueran presentando sus solicitudes de forma escalonada, algo que no está permitido ahora por la normativa estatal. “Estoy convencido de que en las próximas convocatorias no va a ser así y podremos trabajar de forma más ágil”, pronostica Gómez Blanco.

Además, entre las posibilidades que manejan para facilitar los trámites a trabajadores y ciudadanos está la de poner en marcha una aplicación informática que permita gestionar todo el proceso de manera virtual, sin tener que desplazarse a la Oficina de Vivienda, así como distintos acuerdos con las entidades financieras para que no sean los beneficiarios los que deban aportar mes a mes los recibos del pago del alquiler.