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El Parlamento tira de las orejas al Gobierno por no cumplir el pago a proveedores en 30 días

Aprueba por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para acabar con que Cantabria esté a la cola de las autonomías a la hora de pagar en tiempo y forma

PRC y PSOE rechazan una propuesta de Vox de extender las becas de transporte y comedor a la concertada al no concretar coste ni los recortes que supondría

Pleno del Parlamento de Cantabria.

Pleno del Parlamento de Cantabria.

Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, no cabía en sí de gozo esta tarde cuando el Hemiciclo le aprobó por unanimidad una moción para que el Gobierno de Cantabria pagara a sus proveedores en el plazo que marca la ley, 30 días. No era la primera vez que el Parlamento aprobaba una iniciativa de este tipo en los últimos años y el propio Álvarez no se las tenía todo consigo en la tribuna de oradores cuando los grupos del Gobierno le aseguraron que la situación se normalizaría a primeros de año. La razón es sencilla: este año, en los primeros meses, el promedio medio de pago rondaba los 80 días. A finales de año ya es la segunda comunidad autónoma que más tarda en pagar. 

El portavoz de Cs ha acusado al bipartito PRC-PSOE de "maltratar una y otra vez" a los autónomos y pequeños empresarios de Cantabria, "que son los que crean riqueza", y de utilizar el pago a proveedores en campaña electoral.

Así, ha afirmado que el periodo medio de pago a proveedores (PMP) fue de 88,35 días en enero y 92,48 en febrero, descendió a 25,24 en marzo y 31,06 en abril, y una vez pasadas las elecciones el Gobierno volvió "a las andadas", de forma que en agosto el PMP se situó en 71 días, aumentando según ha asegurado a "77 días en septiembre y 82 en octubre". "A este paso acabará el año en 100 días", ha augurado.

Todos los grupos, incluido PSOE y PRC han aprobado la iniciativa, si bien han variado en interpretar lo que ocurre. Los grupos que sustentan al Ejecutivo Revilla le echan la culpa al bloque político y la no aprobación de presupuestos tras las elecciones de abril, pero el PP les ha recordado que, si fuera así, todas las autonomías pagarían tarde como Cantabria y no es eso lo que ocurre.

Los socialistas recordaron el retraso en el abono de los pagos a cuenta (cuyo desbloqueo se produjo también con unas elecciones de por medio, las del 10 de noviembre), y han asegurado que la Consejería está tomando medidas como es la de estudiar los remanentes no productivos que hay en las consejerías y analizar la tesorería de las empresas públicas para detraer recursos para la Tesorería General.

La regionalista Emilia Aguirre ha reconocido el incumplimiento pero ha rechazado como los socialistas que el Gobierno esté "de brazos cruzados". 

Alvarez les ha replicado que las entregas a cuenta son como "el comodín del público, sirven para todo". Y la diputada regional y secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha añadido que son "excusas de mal pagador" porque todas las comunidades autónomas han vivido la misma problemática y algunas "pagan a tiempo".

Al tiempo, ha afirmado que es "vergonzoso que la administración se financie a costa de sus autónomos", y ha aventurado que "como sigan así las cosas, los 326 millones de euros de facturas en el cajón" que dejó el bipartito en su primera etapa hasta 2011 "van a quedar en una broma".

Colegios concertados

El Parlamento aprobó, con la abstención socialista, una declaración de apoyo a los funcionarios de prisiones en sus reivindicaciones de mejora profesional y rechazó con los votos en contra de PRC y PSOE una proposición de Vox para que los alumnos de colegios concertados puedan optar a las becas de transporte y comedor, que ahora se circunscriben a los alumnos de colegios públicos.

Los socialistas basaron su voto en que no van a recortar ninguna partida de lo público para dárselo a la educación privada. Los regionalistas por su parte, replicaron el alegato de "igualdad" entre escolares hecho por Vox, criticando que se hurte del debate el coste económico. El PRC se ha mostrado a favor "del equilibrio entre lo público y la privada concertada", pero ha rechazado la medida por carecer de base documental y, sobre todo, porque no explica de dónde se detraerán los recursos necesarios.

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