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IU presenta una moción en los ayuntamientos cántabros para paliar la pobreza energética

La pobreza energética alcanza a 1,5 millones de hogares en España.

Lara Expósito

Izquierda Unida llevará a todos los ayuntamientos de Cantabria una moción, lanzada por la plataforma 'Por un Nuevo Modelo energético', en la que se propone imponer unas tasas a las empresas eléctricas, de gas, agua e hidrocarburos por ocupación de suelo, vuelo y subsuelo con el objetivo de destinar esa recaudación a financiar los bonos sociales y así combatir la pobreza energética.

Esta iniciativa puede ser suscrita por cualquiera partido y ayuntamiento de la región, incluidos aquellos en los que IU no tiene representación.

La información ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por Miguel Saro, portavoz de Izquierda Unida en Cantabria; Luis Cuena, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y Francisco Antolín, integrante de Cantabria por lo Público y Sin Recortes, una de las organizaciones que se ha hecho eco de la iniciativa.

Esta moción se enmarca dentro de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en la que se establece que las empresas energéticas deben pagar a los municipios a los que suministran un 1,5 % de su facturación. En dicho decreto se incluye también como hecho imponible la ocupación de las instalaciones que atraviesan los municipios, aunque no les suministren.

Asimismo, en las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo se ha legitimado a tres ayuntamientos: Serradilla (Extremadura), Villalcampo (Zamora) y Arteixo (La Coruña), para que realicen estas prácticas.

Para saber si las tasas entran dentro de la legalidad, Cuena ha explicado que se realizarán dos estudios, el primero para conocer qué parte de cada municipio está ocupada por esas redes de distribución; el segundo, basado en el primer informe y en el de la Federación Española de Municipios y Provincias, para saber cuál es el impacto económico de los ingresos del ayuntamiento.

A partir de ahí, en la moción se explica que se desarrollaría una propuesta de ordenanza por ocupación de dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de energía -y agua también- basadas en los informes previos, para establecer un carácter “finalista” en la recaudación de las tasas que deben pagar las compañías eléctricas, de gas, agua e hidrocarburos. Todo esto con el objetivo de que se dediquen a prevenir y combatir la pobreza energética de los suministros básicos en los hogares cántabros, cubriendo exenciones y bonificaciones.

Miguel Saro ha subrayado que es un “buen momento” para presentar esta propuesta pues dentro de poco el Gobierno central sacará el decreto del bono social 2016/2017 en el que se regula quién puede ser beneficiario de esa ayuda. Ha añadido también que es un debate que va a estar presente y su objetivo ahora es llegar a todos los partidos y vecinos.

Tanto Saro como Cuena han criticado la falta de “interés político” por parte de los partidos para ayudar a las familias en riesgo de exclusión y con pocos recursos. El representante de IU Cantabria opina que “se trata de elegir si quieres beneficiar al lobby energético o si quieres beneficiar a tus vecinos”. Y ha añadido que “si no lo hace el Estado, lo tendrán que hacer los ayuntamientos”.

Actividades pedagógicas

La plataforma Cantabria por lo público y sin recortes ha mostrado su apoyo por esta moción y va a llevar a cabo varias actividades pedagógicas para concienciar a la población y hacerles llegar este asunto “fundamental”, según ha señalado el representante de la asociación.

Además, ha justificado su adhesión a esta iniciativa política explicando que “es hora de que la gente más desfavorecida pase a un primer plano en la política actual”.

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