Podemos exige el cese de César Pascual como miembro de la Ejecutiva del PP tras ser imputado por prevaricación
La destitución del exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, César Pascual, de su cargo como director general en el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la caída de Cristina Cifuentes ha dejado en una posición incómoda al PP de Cantabria, donde sin embargo mantiene su puesto como secretario de Sanidad en el Comité Ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga tras el polémico Congreso Regional del año pasado.
Este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y diplomado en Liderazgo Público por el Instituto de Empresa y en Políticas Públicas y de Gobierno por la Universidad de Alcalá, acumula una larga trayectoria ligado a la gestión sanitaria en distintas administraciones públicas y ha ocupado altos cargos en diferentes gobiernos, siempre ligado al Partido Popular, pero desde el pasado mes de marzo está siendo investigado por una presunta prevaricación administrativa.
Ante esta situación, y dados los últimos acontecimientos, Podemos ha exigido a la cúpula del PP de Cantabria que actúe de inmediato y destituya a Pascual. La diputada y secretaria general de la formación morada, Rosana Alonso, ha recordado este miércoles que Buruaga no ha tomado medidas al respecto pese a que está siendo investigado por una supuesta adjudicación irregular a Ferrovial.
En la misma línea se ha pronunciado en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria el portavoz morado, Alberto Bolado, que ha asegurado que existen “sospechas fundadas” de que Pascual haya podido favorecer también a la constructora en la adjudicación del contrato público-privado de Valdecilla. Además, ha afirmado que el exgerente “claramente tiene intereses familiares en la empresa, ya que su hija trabaja en ella”.
“Vino desde Madrid, traído por la entonces consejera de Sanidad, María José de Buruaga, en julio de 2011, con el objetivo de importar el sistema de privatización de la sanidad madrileña”, ha criticado Bolado, para quien también es muy deficiente la actitud del bipartito PRC-PSOE por no trasladar las sombras de su gestión a la Fiscalía. “Si el PP de Cantabria tuviese la más mínima decencia también cesaría a Pascual y le suspendería de militancia”, ha opinado el diputado de Podemos.
Presiones y chantajes
La causa en la que está implicado investiga una posible adjudicación “irregular” a Ferrovial en el servicio de traslado urgente de pacientes a los hospitales públicos madrileños, donde ejercía hasta esta misma semana como director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria en el Gobierno autonómico.
Pascual, junto a otros tres altos cargos de la Consejería de Sanidad que también han sido cesados, está acusado de “presionar” a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia. Tras la baja voluntaria de esta compañía, que posteriormente emprendió acciones legales, el contrato para gestionar este servicio fue entregado a la segunda en el concurso, una filial del Grupo Ferrovial, por 76 millones de euros.
Se da la circunstancia de que César Pascual fue el responsable de poner en marcha el polémico contrato público-privado que permitió acabar las obras del Hospital Valdecilla y que obliga al Gobierno de Cantabria a pagar casi 900 millones de euros en los próximos 20 años a otra filial de Ferrovial -ahora beneficiada también en esta adjudicación- por un centro sanitario que los propios trabajadores califican de “muy deficiente”.
Sindicatos, partidos políticos y trabajadores del hospital cántabro acusaron a Pascual de “importar” a la comunidad autónoma un modelo que ya había aplicado previamente en Madrid por encargo de Esperanza Aguirre, concretamente en el Hospital Infanta Leonor, gestionado por la empresa de José Luis Uribarri, uno de los imputados en la trama Gürtel.
