“Santander perderá una oportunidad histórica si no aprovecha este momento para hacer la reordenación ferroviaria”

José Luis Gochicoa (Vitoria, 1970) asumió el cargo de consejero de Obras Públicas en la recta final de la pasada legislatura, sustituyendo a José María Mazón tras su marcha para ser candidato del PRC al Congreso de los Diputados. Así, pasó del segundo nivel del Ejecutivo, donde había ejercido tanto de jefe de Gabinete como de director general. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho, funcionario en excedencia, ratificó su puesto tras la victoria del regionalista Miguel Ángel Revilla en las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo y ha sumado ahora a sus responsabilidades las competencias de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por lo que tiene por delante afrontar la elaboración de una nueva Ley del Suelo o resolver un problema enquistado como el de las viviendas con sentencia firme de derribo. Sin embargo, se muestra optimista y asegura que en su departamento ya están manos a la obra. Además, anuncia novedades, tanto en el proyecto de reordenación ferroviaria de Santander como en el soterramiento de las vías de Torrelavega. Y pone fechas: en un horizonte de dos o tres semanas se conocerá la propuesta del Ministerio de Fomento y habrá que tomar decisiones que pueden marcar el futuro más inmediato de las dos principales ciudades de Cantabria.

Acaba de cumplir seis meses al frente de la Consejería de Obras Públicas, después de ser confirmado en el cargo tras las elecciones autonómicas y la formación del nuevo Gobierno de Cantabria. ¿Qué balance hace de este periodo?

Ha sido muy intenso, especialmente después de ser confirmado en el cargo. Son muchos los retos que había por delante, sobre todo, con el cambio de competencias que ha habido tras la reorganización del Gobierno. Eso ha dado lugar a que estemos ahora mismo trabajando al máximo para asumir esas nuevas responsabilidades e integrarlas en la forma que tenemos de funcionar en esta Consejería.

El Gobierno PRC-PSOE se ha comprometido a presentar los presupuestos de 2020 antes de que acabe el mes de octubre, así que estarán trabajando ya en el diseño de esas cuentas. ¿Habrá sorpresas o seguirán una línea continuista?

Grandes sorpresas no puede haber, porque en el escenario de incertidumbre que hay a nivel nacional, incluso, a nivel internacional, tampoco veo muy posible tener ahora mismo unos presupuestos expansivos en lo que se refiere a la inversión en obra pública. Creo que, afortunadamente, hemos conseguido impulsar inversiones continuadas. En materia de inversión, es importante evitar los picos. Es decir, que de repente no haya mano de obra ni medios, y al año siguiente, todos al paro porque no hay obra pública para sostener eso. Lo que estamos intentando es mantener una continuidad en las inversiones, de forma que con muchas pequeñas obras, y algunas obras estratégicas más importantes, consigamos mantener un nivel equilibrado de inversiones a lo largo de los años. Evitamos así el fenómeno de que solo haya obras cuando hay elecciones. Por supuesto, intentaremos que los presupuestos vayan creciendo en los próximos años, pero de manera paulatina.

Su antecesor en el cargo solía mantener que las obras públicas fueron las grandes paganas de la crisis en materia presupuestaria, ya que sus presupuestos se vieron reducidos drásticamente. ¿Esa tendencia se puede revertir a lo largo de esta legislatura?

Es evidente que ha habido una reducción presupuestaria. No hay más que coger los presupuestos de hace diez años y compararlos. Es fácil que el presupuesto de Obras Públicas se haya reducido en torno al 40 o 50%, mientras que consejerías como Sanidad o Educación tienen ya presupuestos por encima de lo que tenían en la época anterior a la crisis. También lo veo lógico, porque no se ha querido recortar en servicios públicos esenciales. Es cierto que es difícil volver a los niveles de inversión que había en aquellos años, pero tampoco es necesario reconstruir las carreteras por completo. Se ha hecho una inversión muy potente, muy buena, en materia de carreteras, y ahora mismo lo que toca es completarlo con aquellas actuaciones que quedaron sin realizar y algunas inversiones nuevas en lugares estratégicos, como La Pasiega, como la variante de Renedo, que nos permite duplicar la vía entre Santander y Torrelavega, o como la tercera fase del Polígono de Morero hacia la autovía S-30, o Viveda-Duález, que va a permitir mejorar de manera sensible todos los tránsitos en el entorno de Torrelavega. También estamos haciendo mejoras en los accesos a los núcleos de población. Es importante que tengan un acceso digno, aunque no sean zonas muy habitadas, porque es una forma de luchar contra la despoblación.

Hace unas semanas mantuvo su primer encuentro institucional de la legislatura con la alcaldesa de Santander, donde hay muchos proyectos pendientes en los que está involucrado su departamento. ¿Teme un retraso en la reordenación ferroviaria por la diferencia de criterio de PP y Ciudadanos?

Tenemos una comisión de seguimiento solicitada por parte del Ayuntamiento de Santander, donde el objetivo por su parte es suspender la ejecución del convenio. Había una primera obra en marcha por valor de 20 millones de euros para la construcción de un edificio destinado a todo lo que está en la zona de las estaciones de FEVE y Renfe. Estaba el proyecto terminado para ese edificio de más de 20 millones de euros y, sin embargo, se ha pedido que se espere hasta que se celebre un proceso de participación pública, que está incluido dentro del acuerdo de PP y Ciudadanos para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Santander. Por lo tanto, es evidente que un cierto retraso va a haber.

Lo que esperamos, por lo que vamos a luchar desde el Gobierno de Cantabria, es que ese retraso sea el menor posible. Nosotros no queremos ningún retraso en una obra tan fundamental, y entendemos que si el Ayuntamiento quiere replantear o repensar el proyecto debe de tener un cierto tiempo para ello, pero nuestra intención es que ese retraso sea lo menor posible y que ese proceso de participación pública que quieren hacer lo hagan lo antes posible y con una solución que sea razonada y razonable, que podría ser la misma que existe en estos momentos.

Después de tantos años con un proyecto de esta envergadura entre manos, con escasos avances hasta ahora, por no decir ninguno, ¿no puede desaprovecharse una oportunidad histórica para la ciudad?

Ese riesgo existe, es así. Santander perderá una oportunidad histórica si no aprovecha este momento para hacer la reordenación ferroviaria. Si se tarda más de un año o año y medio en obtener un resultado real, que sea coherente, que no obligue a empezar de cero, si tardan en alcanzar una conclusión o se llega a conclusiones que cambian por completo el modelo de reordenación ferroviaria, podemos estar hablando de un retraso de diez años sin ningún género de dudas. Si se comienza de cero un nuevo estudio informativo, desde luego: hay que contratar ese estudio informativo, sacarlo a información pública, realizarlo… Sobre todo si entendieran, como hay alguno que parece manifestar, que se necesita un nuevo proceso de evaluación de impacto ambiental. Si eso se entendiera así, podríamos estar hablando fácilmente de retrasos del entorno de diez años, y eso conllevaría a volver casi a la casilla de salida, cuando llevamos muchos años de un proyecto en el que parecía que por fin estábamos de acuerdo todas las administraciones públicas.

El proyecto, en cuanto a idea, porque hay fases que aún no conocemos, y puedo decir que ya se nos ha transmitido por parte del Ministerio que en un plazo máximo de dos o tres semanas tendremos un proyecto de lo que se quería hacer encima de las vías férreas. Hasta ahora la gente no sabe muy bien de qué está hablando. La gente habla de que tiene 13 metros de altura, que si no conecta con el Parque del Agua… ¡Si todavía no conocemos los detalles y no ha habido nada! Ha habido borradores, papeles que se han realizado por unos técnicos u otros, pero no ha habido un proyecto definitivo de lo que será la integración ferroviaria, que es ahora cuando se está haciendo y que nos han dicho que en dos o tres semanas podemos tener.

Yo espero que ese proyecto, además, sirva para que el proceso de participación pública que quiere hacer el Ayuntamiento se haga con más bases, con más y mejor documentación, y podamos hablar todos de lo mismo, y no hablar sobre elucubraciones. No me gustaría que lo que saliera fuera al final que las estaciones se tuvieran que desplazar a una zona no céntrica de la ciudad. Eso, al final, lo que origina es un efecto muy perjudicial incluso para los propios vecinos de Castilla-Hermida. A lo mejor permites una mejor utilización de un parque público en frente de las calles, pero sin duda lo que va a haber es más tráfico de vehículos que van a coger todos los días la calle Castilla y Marqués de la Hermida para entrar y salir de la ciudad. En cuanto alejes el transporte público, deja de ser competitivo. Ahora mismo, por la estación de trenes de Santander pasa un millón de pasajeros al año. Es un punto neurálgico. Además, está la estación de autobuses o el túnel del Pasaje de Peña que conecta con el centro de la ciudad, y de ahí parten muchos autobuses urbanos… Es decir, es un sitio estratégico. En el momento en el que separemos la estación de tren de ese punto, podemos encontrarnos con un ferrocarril que se va a dejar de utilizar, sobre todo las Cercanías. No tanto por los viajeros de larga distancia, que pueden aceptar que nos metamos en las afueras, pero las Cercanías es muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra lanzadera? ¿Otro Metro-TUS? ¿Otro lugar de intercambio en el que la gente tenga que coger otro autobús para llegar al centro? Empezamos a introducir elementos que ya hemos visto que no han funcionado en una ciudad tan pequeña como Santander. Si tú tienes la posibilidad de ir en coche en 15 minutos, no puedes hacer a la gente coger tres transbordos para llegar a un destino. Hay que intentar que el transporte público esté lo más cercano posible al centro. Por eso, yo espero que en esa participación pública impere el sentido común y no soluciones excesivamente diferentes de lo que está definido ahora, que es una solución razonable para la ciudad.

En una situación similar de parálisis o falta de soluciones se encuentra otra localización emblemática de Santander como es el Cabildo de Arriba. ¿En qué han fallado las administraciones públicas para que una zona así siga sufriendo una degradación imparable a la vista de todos?

La verdad es que es una pena. Me preocupa mucho la situación del Cabildo. Ahora, con las nuevas competencias, la parte de Vivienda ha quedado en otra Consejería y puedo hablar más del pasado que de lo que se puede hacer en el futuro, porque no me corresponde, pero yo sí que creo que en la zona del Cabildo podría haber existido un poco más de empuje administrativo, sobre todo desde la entidad más cercana, desde el Ayuntamiento, para haber intentado aprovechar todas esas ayudas que han estado ahí y se han estado dando por parte del Estado. El Cabildo de Arriba ha estado en todas las figuras de rehabilitación que ha habido en los últimos años sin que finalmente se haya sido capaz por parte del Ayuntamiento de gestionar esto. Confieso que es difícil. Hay que poner muchos medios a disposición y hay que poner de acuerdo muchas voluntades, pero sí creo que alguna cosa se podría haber hecho...

Uno de los problemas que surgen en este tipo de situaciones es qué hacer cuando no hay unanimidad, que es muy complicada de conseguir. Hay gente que no dispone siquiera de ese incremento para poder situarse, para poder adquirir una vivienda mejor en ese mismo entorno, o que no quiere marcharse de su vivienda porque no tiene un lugar al que ir. Ahí sí creo que lo primero que se habría tenido que intentar hacer es haber creado un edificio público capaz de albergar a las personas que no tienen otra salida, que viviendo ahora en el Cabildo y teniendo posibilidades de hacer obras importantes de reforma y rehabilitación integral en su edificio no tenían dónde ir, y que sirviera o bien como alojamiento transitorio o bien como alojamiento definitivo en el caso de que no pudieran pagar tampoco esas cantidades. Se hubiera podido dar una salida y obtener ese consenso entre los vecinos. Ya digo que no es fácil, porque en este tipo de operaciones, en el momento en el que haya alguien que no esté de acuerdo te puede desbancar por completo la operación, pero creo que sí se debería hacer un esfuerzo mayor por aunar voluntades y conseguir sacar adelante operaciones que son necesarias. Y ha habido momentos en los que las ayudas públicas se hacían cargo de porcentajes muy, muy elevados del coste final.

Saltando de Santander a Torrelavega, ¿cómo está el proyecto de soterramiento de las vías que parten en dos la ciudad? ¿Cuándo se verán los primeros resultados?

Ahí sí que la voluntad del Ayuntamiento es total, se va totalmente de la mano con lo que está efectuando el Ministerio. La situación inicial estaba más retrasada que la que había en Santander, donde ya existía un estudio informativo aprobado y una información pública previa. En este caso concreto, se está ultimando ese estudio informativo para sacarlo a información pública, esperamos, este mismo mes de octubre. En todo caso, eso es algo que veremos en dos o tres semanas si se puede producir. Creemos que sí, que está ahora mismo en un momento óptimo para que se pueda sacar a información pública en dos o tres semanas, como es obligatorio, como exige la ley. También se está trabajando en el propio proyecto por parte de ADIF, con lo cual, con esa información pública en un proyecto en el que hay un consenso mayoritario en la sociedad de Torrelavega, en la que todo son apoyos, puede llegar a adelantar al caso de Santander y que podamos tener un proyecto que esté en obras el próximo año. Deberíamos intentarlo.

Hablaba antes de las nuevas competencias que asume su departamento, como Urbanismo y Ordenación del Territorio, y hace solo unos días fijaba como prioridades en su primera comparecencia en comisión parlamentaria la elaboración de la Ley del Suelo y del PROT, que se quedaron pendientes la pasada legislatura por las discrepancias entre PRC y PSOE. ¿Existe ahora ese acuerdo entre las dos sensibilidades que defienden los socios de Gobierno?

Por una parte está la Ley del Suelo, donde el texto que vamos a llevar al Parlamento va a partir en un 80% aproximadamente de la norma actual. Estamos hablando sobre el propio borrador de la ley, que irá en la misma línea que iba la ley: intentar clarificar y agilizar toda la tramitación administrativa correspondiente. En ese sentido, estamos viendo y analizando todo aquello que pueda mejorar la ley para llevarlo adelante. Yo no creo que hubiera ahí una discrepancia política en la Ley del Suelo entre los socios de Gobierno. Yo creo que lo que había era más un tema de momento temporal en el cual esa ley iba al Parlamento. Era el último año de legislatura, con muchas cosas, y en el que cualquier forma de controversia con los ayuntamientos generaba un ruido que no era deseado por nadie. Creo que ahora mismo estamos en un momento mucho mejor y por ese motivo espero que podamos tener un borrador definitivo que no va a variar en exceso de lo que ya estaba planteado en la anterior legislatura, y que estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo porque no hay nada que suponga un cambio radical.

Por otro lado tenemos el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Había un documento realizado, pero un poco pillado por los pelos. No se llegó a iniciar la tramitación administrativa correspondiente. Creemos que todos los estudios previos que se realizaron son muy válidos, están muy bien hechos, y realizados por organismos tan autorizados como la Universidad de Cantabria, y están perfectamente bien. Sobre ellos vamos a partir. Sin embargo, sí que es cierto que ahí tenemos que ir un paso más allá en la elaboración del PROT, tanto en la cartografía, como en la normativa, para concretar. Entendemos como fundamental establecer un modelo para Cantabria, es decir, cómo queremos que sea Cantabria, cuál es la propuesta que tenemos para Cantabria en los próximos 30 años. De alguna forma, eso hay que plasmarlo. Hay alguna cuestión que creemos que faltaba. Por ejemplo, en relación al modelo económico. No había ningún estudio económico con un análisis de diagnóstico, de oportunidades, de hacia dónde puede ir la economía de Cantabria. Eso es básico. Vamos a encargarlo inmediatamente para tenerlo en dos, tres o cuatro meses y que de alguna forma nos sirva para diseñar las medidas de apoyo e impulso que necesita Cantabria en los próximos años. En ese sentido, va a ser un PROT que queremos que tenga un modelo y unas propuestas claras y que establezca también qué es lo que no se puede hacer.

Esta legislatura también desde el Gobierno de Cantabria se ha establecido como una línea estratégica la lucha con la despoblación, que durante muchos años ha pasado desapercibida y que se ha comenzado a abordar como un problema real. Entendiendo que es un problema transversal, que se puede abordar desde distintos ámbitos, ¿qué puede hacer un departamento como el suyo?

Básicamente, desde dos ámbitos diferentes. El primero son las infraestructuras, que son clave. Una vez que las carreteras autonómicas están en una situación digna, vamos a empezar a abordar también en el nuevo Plan de Carreteras que todas aquellas que aun no siendo autonómicas, siendo municipales, lleguen a núcleos de población, también tengan unas condiciones dignas. Se ha hecho mucha inversión en las carreteras autonómicas, pero hay veces que son municipales y los ayuntamientos no tienen medios para poder abordarlas. Ahí vamos a apoyar, porque si no hay un acceso digno, la gente se va. Si no se puede acceder con seguridad, si no se puede tener un alojamiento turístico, si no puede venir el camión de la leche a recoger todos los días, si los tractores no pueden circular en condiciones razonables, la población se acaba marchando a núcleos más importantes o más grandes. Además, hay que dotarlos de servicios adecuados: abastecimiento, saneamiento… En esa parte se ha luchado mucho en los últimos años y vamos a seguir luchando, porque queda todavía bastante por hacer.

Luego está la otra vertiente, en el ámbito urbanístico y de ordenación territorial, y ahí vamos a intentar que para ese tipo de ayuntamientos haya instrumentos y mayor facilidad. No puedo obligar a un municipio pequeño, que no tiene medios, como Saro, o como Cieza, a un plan general con un estudio exhaustivo cuando realmente lo que van a construir son dos, tres, cuatro viviendas en los próximos cinco años. Hay que ver un poco la circunstancia. No podemos tratar igual al ayuntamiento en el que sabes que hay una demanda muy fuerte por intentar edificar, como pueden ser los municipios costeros, con aquellos ayuntamientos en los que si alguien quiere edificar, probablemente es alguien del pueblo, el hijo de un vecino… Hay que buscar una mayor flexibilidad a ese tipo de pueblos en los que se sabe que no hay una demanda que justifique una legislación totalmente garantista y proteccionista porque no es necesaria. Es uno de los puntos que vamos a intentar incorporar en la nueva normativa.

Mencionaba la presión urbanística de los municipios costeros y ahí existe aún el problema de las viviendas con sentencia firme de derribo. ¿Va a ser esta la legislatura en la que se ponga solución a un asunto que lleva empantanado durante décadas?

¡Así debería de ser! Nuestro esfuerzo mayor desde que hemos llegado ha sido ponernos manos a la obra tanto con los vecinos, como con los ayuntamientos afectados, como con los redactores de los planes generales que están desarrollándose. Hemos tenido varias reuniones para buscar en cada caso concreto la solución que mejor se adecua. En el caso de Arnuero, ya estamos redactando el proyecto de construcción de las viviendas de sustitución. Estaba claro que se debían de derribar esas viviendas, no había otra posibilidad que dar dinero o dar otra vivienda de sustitución, así que ya tenemos un anteproyecto hecho. Estamos trabajando conjuntamente con los vecinos en el proyecto constructivo. Hemos tenido una primera reunión con ellos para ver también cuáles son sus demandas, y a partir de ahí, nosotros creemos que a principios del próximo año podemos licitar esas viviendas de sustitución. Creemos que es un paso muy importante para Arnuero, pero hay otros municipios, como Argoños, como Escalante, como Piélagos, donde seguramente la solución no sea la misma.

Estamos analizando los planes generales para ver cómo queda la situación final. Lo que haya que derribar… no podemos incumplir la sentencia. Habrá que derribarlo, pero no queremos que haya ningún afectado. Ofreceremos una alternativa: o una vivienda o una indemnización justa. Claro, aquí hay casos, como en Cerrias, donde es complicado. Si alguien tiene una vivienda unifamiliar en el borde del mar, yo no puedo darle una vivienda unifamiliar en el borde del mar, porque no las hay. No puedo construir ahí y por ese motivo esa vivienda tiene una orden de derribo. Ahí habrá que proceder a una indemnización que será justa, para la que habrá una tasación pericial independiente, de común acuerdo entre ambas partes. Bastante han sufrido los propietarios como para que sigan sufriendo mucho tiempo más. Y lo que sí está claro es que donde se pueda, intentar buscar soluciones vía planeamiento para evitar el derribo de construcciones donde no sea necesario. Cada situación tiene una alternativa, pero nuestra intención es que esta legislatura tengamos o todo solucionado por completo o con un planteamiento claro de cómo lo vamos a solucionar, con plazos claros y concretos.

Y sobre el Puerto de San Vicente de la Barquera, que ha despertado recelos entre los grupos ecologistas. ¿Teme que haya algún revés judicial o existe posibilidad de una paralización por parte de los tribunales?

Yo tengo que respetar siempre la independencia del poder judicial. Se ha recurrido por parte de una organización ecologista, de Ecologistas en Acción, y evidentemente estaremos, como no cabe de otra forma, a lo que tenga que decir la sentencia correspondiente. Somos respetuosos con esa jurisdicción. Creemos que se ha hecho perfectamente, creemos que además es un proceso que ha llevado muchos, muchos, muchos años. Había soluciones anteriores que sí eran 'macropuertos', con obras de 50 millones de euros, con 800 o 1.000 atraques… Propios de un momento en el que, de alguna forma, España estaba con un ánimo que yo creo que no es el razonable, excesivamente desarrollista y que no es en el que nos encontramos afortunadamente hoy en día.

Creo que la solución que se ha elegido es, de las que había, de las existentes, de las posibles, la mejor de todas. Es una solución con una inversión en obra de poco más de tres millones de euros, donde lo único que se hace es dragar la zona más próxima al cantil como ya se está dragando, nada excesivamente diferente a lo que se ha hecho en la zona pesquera. También la colocación de unos pantalanes flotantes y reforzar la escollera que hay, que es necesario porque hay zonas que ya se están cayendo. Vamos a reforzarla, a poner piedras y echar un poco de hormigón, a rejuntear, tampoco vamos a hacer más. Creemos que es la mejor solución, que no afecta en nada al ecosistema existente. Es más, yo creo que lo mejora, porque va a permitir que muchas embarcaciones que ahora están fondeadas en el medio marino y en zonas más sensibles puedan venir a la parte de este nuevo puerto, con unas tarifas muy económicas, muy asequibles. Creo que podemos mejorar el estado del estuario y propiciar un turismo de calidad, porque no hay más que ver las embarcaciones que están fondeando en mitad de la ría, dañando el ecosistema y sin generar ninguna riqueza para el municipio, porque no pueden desembarcar en la villa. Lo que tenemos que hacer es ordenar ese ámbito.

Ha hablado de la incertidumbre política como consecuencia de la repetición electoral. ¿Cómo puede afectar esa convocatoria del 10N con los compromisos del Estado con Cantabria y el día a día del Gobierno autonómico?

Desde luego, si se mantiene una situación que sea similar a la que nos encontramos ahora mismo, pero ya con un Gobierno que ha sido capaz de formarse en coalición, yo entiendo que las reivindicaciones que teníamos se seguirán cumpliendo. Entiendo que no hay ningún tipo de peligro en ello. Evidentemente, vamos a estar vigilantes. Si hay un representante regionalista, defenderá como hasta ahora que esas inversiones se mantengan. Será más fácil si la situación es similar y es Pedro Sánchez, con algún Gobierno de coalición el que pueda estar ahí, porque ya ha demostrado su compromiso con Cantabria. En todo caso, sea quien sea el que esté, plantearemos nuestras necesidades e intentaremos que responda con Cantabria. Nuestro apoyo irá en esa línea, en que se cumpla con esas necesidades de Cantabria.