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Zuloaga y Lombó chocan en el encaje que decidirá el futuro de los técnicos de Infantil de la Sociedad Regional

Concentración de técnicos de Infantil de la Sociedad Regional.

Rubén Alonso

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El futuro de los técnicos de dos años de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SCRED) está en el aire a la espera de que el Gobierno de Cantabria dé con una solución al limbo en el que se encuentran tras haberse separado las consejerías de Educación, y la de Cultura y Deporte, donde en la anterior legislatura se encuadraba esta entidad pública.

Tras la celebración este martes de la primera de las cinco concentraciones de protesta convocadas por el comité de empresa para este año, Marina Lombó (PRC), consejera de Educación, y Pablo Zuloaga (PSOE), vicepresidente y consejero de Universidades, Cultura y Deporte -departamento en el que ahora se ubica la Sociedad Regional-, han comparecido ante los medios por separado coincidiendo en el fondo pero no en la forma de resolver el problema.

Y es que ambos han asegurado que el Gobierno “debe hacer frente” a esta situación “para garantizar las mejores condiciones para este colectivo” y que está estudiando la manera de gestionar lo que entiende como “un tema muy diverso”. No obstante, mientras que Lombó ha subrayado que los técnicos “no van a dejar de pertenecer a la sociedad” -extremo que le ha trasladado al comité de empresa-, Zuloaga ha remarcado que se trata de un asunto que “depende” de la Consejería de Educación“, puesto que la ”responsabilidad“ de las aulas de dos años compete a dicho departamento que dirige la consejera regionalista.

“Tienen una encomienda de gestión hasta junio de 2020, pero eso no quiere de decir que en junio finalice. Eso es lo que estamos estudiando precisamente en este momento”, ha subrayado Lombó, mientras que Zuloaga ha manifestado que sí “se cumplirá” esa finalización en la fecha indicada. 

“Entiendo perfectamente que los trabajadores quieran saber cuánto antes qué vía se va adoptar para su encaje laboral, pero este es un tema complejo que no se resuelve en unas pocas semanas”, afirmó el pasado lunes en un comunicado la consejera de Educación, sobre un conflicto que afecta a 125 trabajadores, 75 fijos y 50 eventuales.

Ante este escenario, el PP ha registrado una iniciativa para su debate en el próximo Pleno del Parlamento solicitando al Gobierno que explique las soluciones que pretende adoptar “para armonizar y regular jurídica y laboralmente la situación de estos profesionales de la enseñanza”.

El diputado Álvaro Aguirre ha indicado que en la actualidad existen distintas fórmulas para el funcionamiento de estas aulas en Cantabria, como la dependencia de estos trabajadores de distintos ayuntamientos de la región, de empresas privadas, de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte o de la propia estructura del Gobierno de Cantabria.

“Por ese motivo demandamos que se comience a trabajar de inmediato en un asunto complejo, pero en el que trabajadores y usuarios demandan respuestas del Gobierno para su propia tranquilidad y el funcionamiento de este servicio con garantías”, ha dicho señalado.

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