El mismo Revilla que ha dado carpetazo al caso Sodercan anuncia que su Gobierno va a crear una unidad anticorrupción independiente. Al mismo Revilla que pretende construir un órgano de control al Gobierno, las supuestas irregularidades que recoge la auditoría de la Intervención General sobre el funcionamiento de la sociedad publica le parecen “temas personales”. Para su socio de gobierno, el PSOE, el informe de la Intervención responde a “un montaje político viciado de origen”. Y a los que confiaron hace un año en un presidente que prometía “la honradez total”, en un Revilla que no iba a tolerar un mínimo atisbo de sospecha, les niegan las explicaciones propias de un gobierno transparente que cierra filas en torno a un gestor que está en el punto de mira por apoyar, supuestamente, proyectos no viables con dinero público; pagar 185.000 euros al vicepresidente de Repsol por trabajos que no constan o por una factura de 600.000 euros que cobró Emilio Garayar, el abogado que estuvo al frente de la operación de compraventa del Racing en ese momento. Conclusiones “viciadas de origen”, según el Gobierno. Regionalistas y socialistas han optado por matar al mensajero, a Podemos, al que acusan de hacer un uso electoralista del documento.
Una estrategia legítima que no resta gravedad al contenido de esa auditoría que apunta, directamente, a Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan durante el periodo en el que supuestamente se cometieron las irregularidades, y recuperado para repetir en el cargo por el ala socialista del actual Gobierno. Un episodio que merece una y mil explicaciones para demostrar, si es el caso, que verdaderamente la auditoría “está viciada”.
Sin embargo, “la primera y última comparecencia” de Blanco (así se expresó ante los medios de comunicación) y el regocijo y las risotadas de sus “compinches” cuando un periodista le preguntó si se planteaba dimitir reflejan la prepotencia de quienes no acaban de entender que, como representantes públicos, son el garante de la sociedad.
Pues bien, existiendo la Intervención General, el Gobierno plantea crear una unidad anticorrupción independiente pero nombrada por Revilla. Personas elegidas por él directamente pero “alejadas del Gobierno” y “sin coste para la administración”. Alrededor de seis personas de “reconocido prestigio” que nombrará el Ejecutivo y que fiscalizarán al Ejecutivo a través de las denuncias que remita el ciudadano vía email, por ejemplo. Una oficina que, antes de arrancar, carece de legitimidad para investigar delitos, una tarea de la que se ocupa la autoridad fiscal o judicial, tal y como ha puntualizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral que, por supuesto, sigue reclamando medios a la administración para agilizar los procesos judiciales.
A pesar de la reflexión, nunca está de más plantear la incorporación de nuevas herramientas pero “la honradez” de la que presume el presidente, Miguel Ángel Revilla, se mide y se demuestra despejando los resquicios de sospecha que todavía bailan en torno al caso Sodercan.
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