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Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.

Navidad en julio

Funcionarios trabajando (EUROPA PRESS)

Javier Fernández Rubio

Nada en la naturaleza es superfluo. Excepto la Administración pública. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene una razón de ser. Si es orgánico, ha evolucionado con una función; y si es inorgánico, también la tiene, que para eso la fabricamos. Cuando dejan de tenerla se extinguen o se arrinconan por obsoletos. Menos la Administración pública, que cuanto menos sirve más engorda.

Recientemente se ha hecho público que la Administración regional decidió cortar el grifo del presupuesto en octubre, por sequía pertinaz se conoce, después de haber desviado 18,7 millones de la economía productiva al pago de una parte de la paga extra de 2012 de los funcionarios. Luego vino Montoro y mandó parar. Resultado: 35 millones en recortes que han afectado a Industria, Medio Ambiente, Cultura... y también a los parados, las academias, las empresas, los ganaderos, los que demandan una prestación, los proveedores, los beneficiarios de alguna ayuda. Ellos no pasaron las navidades con una nómina y dos pagas extras, lo que no ayuda precisamente a incentivar los buenos deseos propios del momento. De hecho para muchos, las navidades todavía no han llegado.

Desde hace seis años, la Administración autonómica se las ve y se las desea para pagar las nóminas de sus empleados. Este es un hecho que trasciende al signo político del gobierno de turno, porque Cantabria está en quiebra y no hay visos de que levante cabeza. Ninguna empresa y ninguna economía familiar pueden existir en esas condiciones, con menos ingresos que gastos, la deuda agotada, el déficit galopante y a la vez mantener sus puertas abiertas, a menos que no se pague a nadie, salvo a su consejo de administración. Si lo ha hecho Sniace, que estuvo cerrada tres años, ¿por qué no la Administración pública?

El Estado y sus periféricos, más abollados que un Simca 1000 en el París-Dakar, llevan años en el reino de Lilliput, prometiendo arreglar desaguisados con toda pompa y circunstancia pero con unos presupuestos que no dicen la verdad ni al médico. El propio caso de los empleados públicos es un ejemplo significativo: en una década ha aumentado un 10%, uno de los ratios más altos de las benditas comunidades. Y generan más gasto que la dotación prevista para las plazas. Así, la realidad es tozuda: los ingresos se agotan llegado el verano y al que le pille la caída de la hoja que espere al año próximo: comerá el turrón en julio. Porque se ejecutan dos presupuestos por ejercicio.

Que los empleados públicos cobren aquello a lo que tienen derecho no es discutible, pero ¿por qué la decisión política prioritaria se dirige de puertas a dentro de la Administración cuando tanto o más derecho tienen los que están fuera? Esto es política con mayúsculas, porque la política es decidir a qué se dedican los fondos obtenidos con los impuestos. Decidir a qué se destinan esos fondos, cómo se prioriza el gasto, merece una explicación que en Cantabria no se da.

Y la explicación es tan sencilla, que deja helado al corazón: los funcionarios son la prioridad porque los tienen al lado. Se puede arruinar a un ganadero de Ruiloba pero el empleado público que está en el piso de abajo sube las escaleras y monta la de dios es cristo. Y un puñado de médicos en huelga en Valdecilla puede ocasionar trastornos a todo el hospital. Cosas de la buena vecindad y de ocupar un servicio estratégico. Pero si nuestros gestores esperan que decenas de miles de empleados públicos se lo agradezcan con el voto, más les vale esperar sentados.

La Administración es como el capitalismo: no conoce límites. Tanta es su voracidad que agostará aquello de lo que vive y luego se devorará a sí misma, que es lo que ocurrirá cuando la economía productiva entre en coma o se vaya al País Vasco y Madrid. ¿A quién administrará la Administración, cuya razón de ser no es producir sino gestionar? ¿Se puede mantener a 50.000 empleados públicos en una comunidad de temporeros, a razón de tres meses al año? Pero esta maquinaria carísima con menos efectividad que una escopeta de feria no permite que nadie escape de sus garras fiscales. Como la garrapata insaciable, ahíta de sangre, matará al huésped o reventará.

Menos mal que Enrique Iglesias viene de camino para cantarnos unas rancheras.

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