eldiario.es

9

La maleta de Shostakovich y el jefe de Policía

La designación para un cargo de relevancia pública es política y cabe preguntarse qué significa para nuestros mandatarios la palabra 'tortura' y la expresión 'detención ilegal' y cuál es la imagen que quieren trasladar a los ciudadanos.

Héctor Moreno García, jefe de Policía Nacional de Cantabria

Héctor Moreno García, jefe de la Policía Nacional de Cantabria.

Dimitri Shostakovich, el gran compositor, pasó años con la maleta hecha junto a la puerta de la calle de su domicilio. Vivió una guerra, pero eso es poca cosa comparada con Stalin. Sobrevivir a Stalin era mucho más arduo. Noches de insomnio mientras los vehículos de la NKVD recorrían al caer el sol las calles de Moscú  y San Petersburgo y los vecinos y conocidos iban desapareciendo como por ensalmo un día sí y al otro también. Tenía tanto miedo Shostakovich que no dormía, cualquier crujido de madera lo ponía en pie y lo impelía a acercarse a la puerta, hasta que el ruido cesaba, los portazos y las botas remitían y el eco de los motores se perdía entre las calles. Hasta la siguiente noche. Así durante años. Lo asombroso es que pudiera componer.

De la misma manera que hay que ser padre para sentir el dolor de un padre, hay que ser víctima para sentir el dolor de las víctimas. Y por mucho que nos lo imaginemos no estaremos más que ante un mero diorama con lugares comunes y sentimientos impostados. Sencillamente, no se puede imaginar. No por eso hay que relativizar su sufrimiento ni su humillación. Algo que no ha habido que explicar cuando se trataba de víctimas del terrorismo pero que es todavía necesario explicar cuando se es víctima de la represión política y los abusos policiales.

El pasado lunes, el Parlamento de Cantabria rechazó una proposición no de ley de Podemos para pedir el cese del nuevo jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Cantabria, Héctor Moreno, quien había sido condenado por detención ilegal y torturas en los años 80 y cuya pena fue conmutada por el Gobierno de José María Aznar. Este Gobierno, examinado el expediente de indulto, trocó la inhabilitación especial impuesta por otra de suspensión por el plazo de seis meses y un día.

No es este el momento de hablar de la vergonzosa aplicación de la política de indultos por todos los gobiernos que se han sucedido en democracia. Baste decir que, con este antecedente, el nombramiento no sentó bien en un principio al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien relativizó lo dicho para acabar dejándolo correr. Las explicaciones de un ministro (basadas en un atestado que no se ajustaba a los hechos, según falló la Audiencia Provincial de Madrid) y la trayectoria profesional del aludido (Jefe de la Unidad Nacional de Europol, de la Oficina Nacional de Interpol y del Servicio de Tratamiento de la Información de la Unidad Central de Inteligencia Criminal) bastaron. Y ahora es el Parlamento el que rechaza, con los votos de PRC, PP y Ciudadanos, la petición de cese que solo apoyaron Podemos y el PSOE.

  • El PRC no quiere esta patata caliente argumentando que el nombramiento es de competencia estatal. Se lava las manos, como es tradición.
  • El PSOE se opone y no ve 'idónea' la persona para el puesto.
  • Ciudadanos no pone reparos porque no hay proceso judicial abierto ni causa pendiente y el jefe de Policía "ha cumplido con la sanción".
  • El PP suscribe los argumentos de Ciudadanos, destaca la brillante trayectoria del policía, aprovecha para meterle el cuerno al PSOE y acaba en Venezuela.
  • Podemos se opone por "dignidad del pueblo de Cantabria" y no deja pasar la ocasión para meterles un viaje a regionalistas y populares.

Pero no se trata de un debate sobre legalidad o de cumplimiento de penas y sanciones. Nadie discute eso. Es más bien una cuestión de idoneidad y de códigos éticos y también, aunque no menos importante, de respeto a las víctimas.

Seguramente, ninguno de los que votaron el pasado lunes la petición de cese de Podemos ha conocido las instalaciones de la Brigada Político Social. Ahora se llama Secretaría de Estado de Seguridad, pero en un pasado no tan distante (se mantuvo hasta un tardío 1984) no era un destino al que alguien acudiera por iniciativa propia ni apareciera en las guías turísticas de Madrid. Tampoco creo que elministro del Interior ni ningún diputado cántabro se haya meado en los pantalones de puro miedo, ni haya sido amenazado de muerte, ni que un funcionario del Estado le mentara a la madre ni le haya propinado una bofetada. A mí tampoco. Pero hay mucha gente que sí. Mucha que se meó en los pantalones y que recibió bastante más que bofetadas. Son las víctimas de la represión quienes más hicieron por que sus señorías se puedan sentar ahora en un escaño, asientan ante las justificaciones de otro ministro devoto de los altares y concedan un 'nihil obstat' con acrimonia.

Nuestra clase política tiene un entumecimiento moral bastante preocupante y no parece enterarse de que los tiempos y la sociedad española están cambiando a marchas forzadas. Me imagino que si Juan Hormaechea, caudillo y némesis de la derecha regional durante dos décadas, condenado por la Justicia e indultado por un Gobierno, volviera al ruedo político, el resto de partidos se encogería de hombros, incluido el PRC que padeció en sus carnes el transfuguismo y la lapidación pública. Y si se pusiera a un condenado por violencia de género al frente de Igualdad tampoco pasaría gran cosa, siempre que el currículum profesional incluya unos cuantos destinos en órganos burocráticos de postín y ya no se tenga cuentas pendientes con la Justicia.

Lo que diferencia a un funcionario público de un ciudadano es que el segundo paga el sueldo del primero, pero no al revés. También porque se supone que el primero ha de velar por el segundo, que no necesariamente al revés. Cuando el primero le busca la ruina al segundo amparado en placas, mostradores y códigos ejerce una doble iniquidad porque al abuso de autoridad suma la burla al ciudadano, que se convierte en el reo que entrega una moneda al verdugo para pagar por su trabajo.

Cinco funcionarios públicos, que trabajaban para la Brigada Político Social, que no la inventó Franco pero fue uno de los órganos represores predilectos del franquismo, se bajaron de un vehículo en pleno barrio de Malasaña el 29 de abril de 1982 y detuvieron a siete peatones "sin causa alguna", dice la sentencia que condenó a los policías. Y cito a El País, en su edición del 22 de marzo de 1994:

 

"… Un agente no identificado golpeó con su pistola en la cabeza a uno de los arrestados.

Posteriormente, junto con el agente condenado Héctor Moreno García, le restregó su cabeza contra unos cubos de basura y le metió en un vehículo policial.

A otro transeúnte le golpearon varias veces con la puerta de un coche patrulla.

En la redada también fue detenido el abogado Luis María Figueroa Cuenca, quien, tras identificarse como letrado, quiso parar la agresión. Recibió un rodillazo en la ingle. El golpe le causó una hernia que requirió de intervención quirúrgica. Estuvo de baja casi tres meses. Después, los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Dirección General de Seguridad, donde quedaron a disposición del Grupo V. Cinco arrestados fueron puestos en fila, con las manos apoyadas en la pared.

Los policías que entretanto pasaban a su lado les llamaban "canallas e hijos de puta" y les decían que les iban a matar a todos, señala la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante todo ese tiempo, los que habían sido heridos durante la detención no recibieron asistencia médica. Permanecían de pie, cara a la pared, con los policías que les tenían que custodiar, amenazándoles.

Es más, a uno de los detenidos le golpearon la cabeza contra la rejilla de una ventana. Finalmente, fueron encerrados en calabozos. Horas después, el abogado recibió amenazas de muerte en las mismas dependencias policiales.

Los cinco policías implicados (...) redactaron un atestado para el juez de guardia que no reflejaba los hechos tal y como ocurrieron, según los magistrados".

 

Esto es lo que ocurrió, fue fallado y posteriormente solventado a ojos de lo público. Desde este punto de vista, nada que decir, guste o no. Pero desde un plano político, social y personal lo ocurrido sigue vivo, no prescribe. Y como es política la designación para un cargo de relevancia pública cabe preguntarse qué significa para nuestros mandatarios la palabra 'tortura' y la expresión 'detención ilegal', cuál es la imagen que quieren trasladar a los ciudadanos, cuáles los valores que quieren preservar y en qué concepto tienen a los humillados. 

Yo tengo una respuesta: el problema, una vez más, es este Gobierno.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.
- Publicidad -

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha