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El papel lo aguanta todo, Cantabria no

Es imposible aprobar instrumentos de ordenación del territorio útiles y adecuados si no se sabe que se quiere hacer con él, de la misma manera que es imposible planear nada, obligando a una constante improvisación, sino se dispone de un objetivo claro.

Pueblo de Carmona (Cantabria) | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Pueblo de Carmona. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Cuando la presente legislatura comenzó, hace casi dos años, parecía que esta vez sí el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) tendría el protagonismo que sin duda merece tras un retraso inexplicable de más de quince años en su aprobación. Quince años en los que Cantabria se ha desarrollado sin su principal instrumento de ordenación, con las consecuencias que todos conocemos. Un desarrollo amorfo y desestructurado, que ahora tenemos que sufrir, cuando no derribar por ilegal, con un elevado coste para las mermadas arcas públicas de Cantabria y un impacto aún mayor en nuestro medio ambiente.

El Gobierno bipartito PRC-PSOE anunció casi desde el principio de la legislatura su intención de esta vez sí, aprobar el PROT, pero parece que una vez más se ha decidido empezar la casa por el tejado y dar prioridad a una nueva Ley del Suelo frente al demandado plan. Una nueva ley que además se ha convertido en un cajón desastre donde meter las "soluciones" de todos los problemas políticos del Ejecutivo de los últimos meses.

A la protesta de los alcaldes del PRC por la intención inicial de acabar con la desregulación de la construcción del suelo rústico, el Gobierno respondió modificando el anteproyecto de la nueva ley incluyendo un periodo transitorio de dos años en el que se podrá construir este tipo de edificaciones sin plan especial. A los problemas del ministro De la Serna con su anulado e ilegal PGOU de Santander, el Gobierno respondió incluyendo ad-hoc las normas transitorias ante la anulación de planes urbanístico. Finalmente, ante las supuestas intenciones de un fondo de inversión canadiense de abrir una nueva mina de zinc en la cuenca del Besaya, el Gobierno ha respondido incluyendo las demandas de esta empresa en el nuevo marco normativo.

Curiosamente, la modificación legislativa de la actual Ley de Suelo conocida como Ley de Realojo, impulsada por una inédita y transversal coalición de fuerzas políticas (Podemos, PP y C's) y que protege los derechos constitucionales de la vivienda y el trabajo de la ciudadanía cántabra ha quedado fuera del nuevo anteproyecto. Ni el mejor de los artículos de opinión o la más incisiva entrevista periodística podría mostrar más claramente cuáles son los intereses que defiende con este anteproyecto el Gobierno PRC-PSOE y cuáles no.

Estamos por lo tanto ante un anteproyecto de ley, que se inicia antes de haber aprobado el PROT como sería lógico y que se está redactando a golpe de titular, en una auténtica ceremonia a la improvisación. No contentos con esto y sin que a día de hoy nadie del Gobierno se haya molestado en explicar los verdaderos motivos para ello, se pretende modificar por trámite de urgencia la actual Ley del Suelo en un tema tan sensible e importante como la minería, la actividad extractiva de mayor impacto ambiental de todas las que realiza el hombre.

Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante que diría Mafalda. Y es que el Gobierno se ha olvidado con esta modificación de lo que realmente es importante, Cantabria, para atender a las urgencias aún no explicadas de un fondo de inversión extranjero, abriendo con las prisas una puerta trasera al fracking, tal y como denunció Podemos y han reconocido el resto de grupos después.

Se trata además de una modificación que invade competencias municipales y anula cualquier posibilidad de ordenar en el territorio las actividades mineras así como las infraestructuras que acompañan a dicha actividad. Una modificación que se pretende justificar en base a un proyecto concreto, del que poco o nada se sabe, pero que afecta a toda Cantabria y a cualquier proyecto minero que se pretenda desarrollar ahora o en el futuro.

La constante improvisación en torno al marco legislativo urbanístico de la que ha hecho gala este Gobierno en los últimos dos años, así como el hecho de que una vez más el PROT probablemente no vaya a ser aprobado en esta legislatura, solo puede ser explicado en el marco de una total ausencia de proyecto para Cantabria.

Es imposible aprobar instrumentos de ordenación del territorio útiles y adecuados si no se sabe que se quiere hacer con él, de la misma manera que es imposible planear nada, obligando a una constante improvisación, sino se dispone de un objetivo claro. Este Gobierno ha puesto un enorme empeño en demostrar que el papel lo aguanta todo. Sin duda, la nueva Ley del Suelo es el mejor ejemplo de ello. Pero conviene que el Gobierno recuerde que si bien parece cierto a la luz de lo ya mencionado que el papel lo aguanta todo, Cantabria no.

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