Dos proyectos cántabros ofrecen asistencia sanitaria y psicológica en Líbano a las víctimas de la guerra
La ubicación geográfica del Líbano, situado en el centro de los conflictos de Oriente Medio -principalmente el que se está desarrollando en Siria-, le ha convertido en uno de los países con más concentración de población refugiada del mundo. La situación es dramática. Millón y medio de sirios, y alrededor de 450.000 palestinos conviven con una población nacional de más de cinco millones en unas condiciones económicas y sanitarias de extrema necesidad.
Frente a este contexto, el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Cooperación, lleva a cabo labores de asistencia en la zona mediante las ONGs Movimiento Por La Paz (MPDL) y Cruz Roja. Actuaciones con personas con discapacidad y necesidades especiales, y mediante unidades móviles que ofrecen servicios sanitarios para las personas afectadas por los conflictos bélicos centran los proyectos subvencionados por el Ejecutivo autonómico.
MPDL, junto a la ONG local Lebanese Physically Handicaped Union (LPHU), trabaja en el valle del Bekaa, que se encuentra en la frontera con Siria, en diversos proyectos con población Libanesa, Palestina y Siria. Y lo hace con el sector más vulnerable: las personas con discapacidad y necesidades especiales refugiadas que sufren una doble problemática, tanto por su condición de refugiadas como por la discriminación a la que se ven sometidas dentro de la sociedad.
Y es que las personas con discapacidad normalmente tienen el apoyo de la comunidad, familia o ciertas redes informales que se crean dentro del tejido comunitario árabe. Sin embargo, como refugiadas, las personas con necesidades especiales y sus familiares se encuentran sin esas redes de apoyo, lo que dificulta no solo su vida diaria, sino también la protección como mandato humanitario por parte de las agencias internacionales.
Así pues, las ONGs se esmeran en paliar estas carencias prestando servicios de fisioterapia, psicoterapia y de apoyo a familiares. Tal y como señalan a este medio desde esta organización, las discapacidades que se atienden son tanto congénitas como derivadas del conflicto, siendo estas últimas las más complicadas de acometer. “En un 95% acaban degenerando en problemas psicológicos, ya que cuentan con menos herramientas para admitir su nueva situación”, explica Ana del Manzano, una de las responsables de este programa de cooperación.
Como consecuencia de ello, “no salen de sus casas”, que en realidad no son viviendas como tal, sino habitáculos ya que en este país no hay un reconocimiento específico de personas refugiadas y, por tanto, no hay campos destinados a ellas. “Hay asentamientos informales con tiendas de campaña”, detalla Del Manzano.
De esta forma, la labor de los cooperantes se centra en “motivar” tanto a las víctimas como a sus familiares para que “salgan, acepten la discapacidad y vean que tienen todavía una serie de posibilidades a desarrollar a lo largo de sus vidas”. Y es que el estrés postraumático y el hacinamiento son las principales problemáticas que tienen que combatir a nivel psicológico con personas que huyen de la guerra y que se encuentran lejos de sus lugares de origen y en condiciones infrahumanas.
No obstante, a nivel físico el abanico de discapacidades es más amplio por culpa de la metralla que se utiliza durante los enfrentamientos. “Hay muchas extirpaciones de extremidades inferiores”, asegura la integrante de MPDL, por lo que desde esta organización llevan a cabo labores de fisioterapia con estas personas una vez que disponen de una prótesis.
Este proyecto se inició el 15 de diciembre de 2016 y tenía inicialmente prevista una duración de nueve meses, pero los cooperantes pidieron una ampliación y ha durado finalmente un año. En total, han atendido a 118 personas con discapacidad, 74 sirias, 41 libanesas y tres palestinas.
Según explica Del Manzano, para que haya una mejora en el grado de autonomía de cada persona hace falta impartir un mínimo de diez sesiones de fisioterapia, por lo que a lo largo de todo el año se han desarrollado un total de 1.180. Paralelamente, esta ONG ha trabajado con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para elaborar un diagnóstico de necesidades con el objetivo de identificar previamente a las personas que necesitaban sesiones de rehabilitación y atención terapéutica.
Unidad móvil
Por otro lado, Cruz Roja se encuentra inmersa en un proyecto con financiación cántabra que se inició el 1 de julio de 2017 y que concluirá el 30 de septiembre de este año. El objetivo es facilitar el acceso a una asistencia sanitaria universal de calidad y a un tratamiento adecuado a la población tanto local como refugiada.
Concretamente, durante este periodo, se presta apoyo a una unidad móvil médica que ofrece diferentes servicios sanitarios por cinco localidades distintas, desde medicina general hasta pediatría o ginecología, entre otras. Las dificultades económicas de las familias desplazadas sumado al copago farmacéutico impuesto en este país que también afecta a la población local, suponen un importante escollo para el acceso a la sanidad.
A ello hay que añadir los problemas geográficos derivados de la escasez de transporte público y de las incidencias meteorológicas, así como la situación legal de muchas personas refugiadas. Todo ello limita los desplazamientos para recibir atención primaria sanitaria, situación que la unidad móvil de Cruz Roja trata de revertir dando respuesta a estos obstáculos con asistencia y provisión gratuita de medicinas.
De julio de 2017 a julio de 2018, los cooperantes de esta organización han registrado 14.996 consultas médicas, que se materializan en 11.909 personas beneficiarias. De entre ellas, 4.925 han acudido a la unidad móvil por asuntos pediátricos, 2.182 por cuestiones relacionadas con temas ginecológicos y obstétricos y 4.725 por medicina general.
En cuanto al perfil de los pacientes, el 67% han sido mujeres y el 33% hombres. Del total, 4.240 cuentan con edades inferiores a los 18 años y 3.245 son menores de cinco, lo que pone de manifiesto que la población joven es la que está recibiendo mayor asistencia. En lo que respecta a las nacionalidades, el 71% ha sido población siria, el 25% libanesa y el 3% restante se ha repartido entre palestinos, filipinos o etíopes.
La unidad móvil está compuesta por un médico generalista, una enfermera, una matrona, una trabajadora social y una serie de voluntarios -35 entre todas las unidades- sirios y libaneses. “Estas personas nos ayudan en los procesos de espera -atienden sobre todo a los niños-, tratan temas de información general y facilitan la comprensión, la integración y la cohesión entre las poblaciones”, explica Concepción Villanueva, integrante de Cruz Roja y de este proyecto.
Al mismo tiempo, resalta que la labor de los cooperantes también se centra en educar en salud y en prestar apoyo psicológico a las personas que acuden a la unidad móvil. Fátima Bernaoui es una de las enfermeras de la unidad móvil. Se encarga de dar apoyo al médico en la consulta, de llevar el control de stock de medicamentos, de las actividades de promoción de la salud y de llevar el registro médico de los pacientes.
“Pero en realidad hace mucho más porque la unidad móvil está formada por un equipo multidisciplinar y hace que nuestra intervención sea más holística, más humana y más social”, aseguran desde este colectivo. “Conozco el nombre de los pacientes y ellos el mío, la confianza mutua y el contacto periódico hacen que muchos de ellos acudan no solo por razones médicas, sino para buscar apoyo, consejo y hablar de sus problemas”, subraya la propia enfermera.
Además, las actividades psicosociales, llevadas a cabo por la trabajadora social, han generado dinámicas de intercambio y respeto entre las familias sirias y la comunidad libanesa de acogida. “Los niños acuden semanalmente a las actividades donde se relacionan, pintan y juegan aprendiendo; la unidad se ha convertido en un espacio social”, resalta la miembro de Cruz Roja.
Por otra parte, el Gobierno de Cantabria colabora en la rehabilitación de la Farmacia central de la Cruz Roja Libanesa, lugar en el que se encuentran todos los medicamentos que se distribuyen a los distintos centros de atención primaria de salud. “Gracias a ello se está consiguiendo que no haya una ruptura de stock, de forma que existe un volumen adecuado de medicamentos que permite tanto la provisión a los distintos centros como a las unidades móviles para satisfacer adecuadamente las necesidades de los pacientes”, concluye Villanueva.
