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Cantabria por lo Público denuncia que los bonos energéticos solo llegan al 60% de casos y pide su aplicación automática

Imagen de archivo de una acción contra la pobreza energética.

elDiario.es Cantabria

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La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes estima que, a final de año, se habrán tramitado más de 20.000 bonos sociales eléctrico en la comunidad autónoma, un nivel, a su juicio, “muy bajo” que, según sostiene, solo alcanza al 60 por ciento de casos, quedando “excluido” el 40% restante por la gestión que se hace y la falta de información.

Así lo han denunciado este viernes integrantes de esta plataforma en una concentración frente a la oficina de Repsol en el Paseo Pereda de Santander, en la que han demandado la aplicación automática del actual bono.

En cuanto a los datos sobre el número de bonos, la Plataforma aclara que son estimaciones que ha obtenido extrapolando los datos nacionales ya que, según ha señalado, los reales los tienen las comercializadoras.

En declaraciones a los medios de comunicación, Luis Cuena, de la Plataforma, ha explicado que se podría aplicar el descuento de forma automática cruzando los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, verificando qué clientes reúnen los requisitos.

La Plataforma ha señalado que el pasado 7 de octubre entró en vigor el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que “redefinía” quiénes tienen derecho a una bonificación en el recibo de la luz; preveía protección frente al corte por impago e introducía el bono social térmico para la calefacción.

Hasta esa fecha, han sido beneficiarios del bono social eléctrico los hogares con potencia contratada inferior a 3 kW, las familias numerosas, las unidades familiares con todos los miembros en la situación de desempleo y los pensionistas con renta mínima.

Cuena ha recordado que, tras sucesivas prórrogas, el periodo de solicitud del nuevo bono social eléctrico acaba al finalizar el año y ha señalado que, aunque en el último trimestre “ha habido un empujón claro” en el número de solicitudes, cree que debería publicitarse más.

Otras demandas

Además de la aplicación automática del descuento, este colectivo ha pedido que todas las comercializadoras puedan facilitar el bono social; que las eléctricas financien el bono en función de su volumen de negocio, y que se excluya a las familias numerosas de alta renta.

También ha reclamado la “mejora obligatoria” de los contratos a unidades familiares vulnerables ya que considera que el descuento del bono social se aplica hoy por hoy sobre una potencia contratada y una tarifa que “nada tienen que ver con las necesidades de las familias”.

Así, ha pedido “flexibilizar” la contratación de la potencia y “optimizar el contrato antes de aplicar el bono, indicando a cada cliente qué potencia necesita en base a su demanda real y la tarifa más económica”.

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