La burocracia pone en peligro un centro de empleo para personas con discapacidad
El centro especial de empleo SERCA, fundado hace más de 30 años para integrar en el mundo laboral a personas con discapacidad, vive uno de sus momentos más complicados y no precisamente por la crisis sino por la imposibilidad de cubrir la demanda de trabajo que tiene. La Ley de Sostenibilidad Local y la disputa entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria impiden contratar nuevos empleados a este centro, que teme perder algunos de los contratos firmados.
El Ayuntamiento de Torrelavega puso en marcha en 1984 este organismo municipal con siete empleados y con la vocación de servir como vehículo de integración laboral de personas que tienen alguna minusvalía o discapacidad. Su actividad principal está vinculada a la jardinería, aunque parte de la plantilla -cerca de un 40%- también se encarga del mantenimiento de algunas instalaciones municipales, donde fundamentalmente actúan como conserjes.
En el alto del barrio de Sierrapando disponen de una finca con una extensión similar a 24 campos de fútbol. Allí producen plantas, que venden a mayoristas y que utilizan en las propias labores de mantenimiento de zonas verdes. El SERCA ganó los concursos públicos para ser la empresa responsable de los servicios de parques y jardines del Consistorio de la capital del Besaya y también del municipio vecino de Los Corrales de Buena, una actividad que también realizan para empresas privadas como Bridgestone o Sniace.
En el último lustro, el centro ha mantenido su actividad aunque ha experimentado una reducción importante de la plantilla como consecuencia de las jubilaciones. Tan solo en los dos últimos años han perdido 19 empleados, al pasar de 116 a los 97 trabajadores actuales. Esta pérdida ha coincidido con la restricción impuesta por el Gobierno de España a las administraciones públicas para contratar nuevos empleados. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro impulsó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece una tasa de reposición cero.
Dada la dificultad cada vez mayor del centro especial de empleo para cubrir su actividad, el Ayuntamiento de Torrelavega se puso en contacto a comienzos de 2014 con Hacienda para que, con carácter excepcional, el SERCA pudiera contratar diez nuevos empleados que reforzaran el servicio. Una petición que fue denegada por el departamento que lidera Montoro.
La capacidad del centro para realizar todas sus funciones está cada vez más cerca del límite, especialmente por la llegada de la primavera, cuando el trabajo de jardinería se acrecienta. Los empleados del SERCA creen que no darán abasto, con lo que temen perder la confianza de las empresas privadas con las que trabajan y, con ello, parte de la actividad que realizan.
El malestar de los trabajadores se ha agudizado después de que el Gobierno de Cantabria acabe de inadmitir una solicitud de subvención para contratar nuevo personal. El Ejecutivo autonómico convocó a finales del año pasado una orden de ayudas a las corporaciones locales -dotada con 28 millones de euros- para que estas contraten a personas en situación de desempleo por un periodo de seis meses.
El Ayuntamiento de Torrelavega presentó, entre otros, un proyecto de restauración de espacios verdes y zonas degradas para que el SERCA ampliara su plantilla en 37 personas, pero el Ejecutivo regional ha inadmitido la propuesta porque entiende que no cumple los requisitos. Desde el Gobierno señalan que el SERCA no puede acceder a esta orden de ayudas porque son de “gestión directa” por parte de las entidades locales y el SERCA depende del Patronato de Educación del Consistorio.
Igualmente, la Consejería de Economía y Empleo, que regula las ayudas, argumenta que en los estatus del SERCA se recoge que es un centro de “integración laboral para discapacitados” y no de “inserción laboral”, como se establece en la orden.
Además, en el Gobierno de Cantabria se defienden añadiendo que el SERCA podría haberse acogido a las Iniciativas Singulares de Empleo denominadas 'Besaya Green Network', otra orden de ayudas convocada con los mismos fines pero con distintos requisitos. Si el Ayuntamiento se hubiera acogido a esta convocatoria, ahora el SERCA dispondría de entre 60 y 70 nuevos trabajadores nuevos por un tiempo además más amplio, de ocho meses, aseguran.
La decisión de inadmitir a trámite el proyecto ha provocado la movilización de los empleados del centro de empleo, que han realizado diversas protestas en el pleno del ayuntamiento y se han concentrado frente a la sede del Gobierno para exigir una solución. Desde el comité de empresa advierten de que la merma de la plantilla acabará provocando que tengan que “privatizar” parte de sus actividad. El Consistorio ya ha recurrido la decisión del Gobierno, aunque el recurso de reposición tiene pocos visos de prosperar.
