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Archivada la causa contra Mediavilla por el desarrollo urbanístico de Santa Catalina
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales ha archivado la causa por el desarrollo urbanístico en la zona de Santa Catalina que se seguía contra varios concejales y promotores inmobiliarios, así como contra el que fuera presidente de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) en 2005, Vicente Mediavilla, cuando se convalidó el Plan Parcial de la zona.
En dos autos, notificados recientemente, la magistrada concluye que “no existen indicios de criminalidad contra ninguno de los investigados en este procedimiento, y ello porque no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.
En una primera resolución, fechada el 27 de febrero, la jueza estima el recurso de reforma presentado por la representación legal del que fuera presidente de la CROTU y exconsejero de Presidencia al considerar que “no existe indicio de criminalidad alguna”.
En este sentido, rechaza la comisión de un delito de prevaricación urbanística “dado que como presidente de la CROTU se limitó a informar de las deficiencias advertidas en la tramitación del plan parcial y a sugerir la vía de acción contra las mismas”.
Ni tampoco por cohecho, “dado que al parecer esta infracción penal se investigaría por la compra de un vehículo por su parte al administrador de una mercantil -también investigado- de cuya operación comercial no hay indicio alguno de que el presidente de la CROTU haya correspondido con alguna actuación en el ámbito de su cargo”.
Por eso estima el recurso de reforma interpuesto por Mediavilla y declara el sobreseimiento libre de la causa y el archivo de la misma “por no resultar los hechos a él imputados constitutivos de delito”.
En una segunda resolución, dictada el mismo día, la titular del Juzgado nº 2 de Castro acuerda el sobreseimiento provisional de la causa y acoge la petición del ministerio fiscal, quien solicitó el archivo de las actuaciones al entender que no concurren indicios de infracción penal.
Contra ambas resoluciones cabe la presentación de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
