Argoños mantiene el calendario de derribos: “No se puede vacilar a la Justicia”

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, ha asegurado que este Ayuntamiento “mantiene” el calendario de derribos de viviendas del municipio presentado a requerimiento de la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El regidor ha desmentido que el Consistorio haya registrado otro escrito a raíz de las concentraciones y reuniones de ayer de los afectados, en el TSJC y en el Ejecutivo autonómico, porque, según ha manifestado, “no se puede vacilar” a la justicia y a los tribunales.

“La Sala pide que se haga un calendario de derribos y es lo que se ha hecho”, ha apuntado Barruetabeña, quien no obstante espera que finalmente no se produzca ninguna demolición.

En este sentido, como ha expresado a esta agencia, desea que los jueces “tiren a la basura” el calendario presentado y “den la razón” al Gobierno de Cantabria, que ha remitido un escrito a la Sala para evitar los derribos hasta que se legalicen las viviendas y se indemnice a las víctimas, por ejemplo con la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana de los municipios, y una vez que el Tribunal Constitución anuló las autorizaciones provisionales aprobadas la pasada legislatura.

Al hilo de esto último, el regidor ha indicado que el PGOU de Argoños se aprobó inicialmente el pasado mes de marzo, por lo que “si todo va bien” podría recibir luz verde definitiva a finales de este año o principios del próximo, una vez esté el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que depende de la administración regional y que podría ser una realidad este verano.

Así las cosas, la aprobación del PGOU podría ser “una vía” para “solucionar” el problema de los derribos en Argoños e intentar regularizar las 255 viviendas sobre las que pesa sentencia firme de derribo.

De acuerdo con el calendario propuesto por el Ayuntamiento, las primeras demoliciones se acometerían en el 2017, y comenzarían por las 99 viviendas de la urbanización La Llana, cuya ilegalidad es “cien por cien” responsabilidad del Gobierno de Cantabria, ya que esta administración local no tiene recursos “ni para pagar los daños morales ni los derribos”.

Para finalizar, el regidor ha mostrado su “descontento” con la “descoordinación” que a su juicio está habiendo en este tema por parte del Ejecutivo PRC-PSOE, que es el que -ha dicho- tiene que informar y convocar a los municipios.

El alcalde del otro municipio que también habría presentado calendario de derribos -Escalante, para la demolición en “tres meses” de las 32 viviendas del edificio Tres Torres-, Juan José Alonso, ha declinado hacer declaraciones a los medios sobre este asunto.