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La Audiencia exonera a Sodercan de toda responsabilidad en el caso GFB

El auto mantiene la culpabilidad del exconsejero de Industria Miguel Ángel Pesquera y los socios costarricenses en el concurso de acreedores

Libra a la empresa Euroamérica y al Grupo Pujol Martí de indemnizar con 15,9 millones de euros por los perjuicios ocasionados

Fermacell arrancó su actividad en junio de 2013 sobre la antigua GFB.

Fermacell arrancó su actividad en junio de 2013 sobre la antigua GFB.

La Audiencia Provincial de Cantabria mantiene la culpabilidad del concurso de GFB, la fábrica de fibroyesos de Orejo, y la responsabilidad del exconsejero de Industria Miguel Ángel Pesquera y los socios costarricenses Max Fichel y Sebastián Tena, pero exonera de toda responsabilidad a la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán).

En la sentencia, notificada a las partes este lunes y difundida por Sodercan, la Sección Cuarta de la Audiencia ratifica la calificación del concurso de GFB como culpable, pero discrepa de las personas que deben verse afectadas por tal calificación.

En resumen, la Audiencia Provincial estima íntegramente, entre otros, el recurso de apelación interpuesto por Sodercán y estima parcialmente los restantes recursos, sin entrar a examinar la impugnación formulada por la Administración Concursal.

Mantiene así la culpabilidad del exconsejero Miguel Ángel Pesquera y los dos socios costarricenses por entender que "participaron en el órgano de administración de GFB que no llevó a cabo todas las actuaciones necesarias para frenar el aumento de pasivo y la falta de control de la concursada".

Así, la sentencia les inhabilita para la administración de bienes ajenos y representación, durante un período de dos años, condenándoles también a la pérdida de cualquier derecho concursal que pudiesen tener, debiendo devolver los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente.

En particular, condena a Sebastián Tena a indemnizar los daños y perjuicios causados por la contratación de personal cuando el proyecto ya no tenía futuro, una indemnización que la sentencia señala que será en un importe que se determinará en sede de ejecución de sentencia, aunque en la sentencia inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander se cifraba en 131.222 euros.

Con esta decisión, la Audiencia libra a la empresa Euroamérica y a Sebastián Tena Pujol -representante del Grupo Pujol Martí- de indemnizar con 15,9 millones de euros por los perjuicios ocasionados a GFB con la venta de maquinaria y material.

En cuanto a Sodercán se refiere, ha estimado el recurso de apelación presentado por la sociedad, absolviéndola de todas las pretensiones deducidas frente a ella, por entender que no ha sido calificada en ningún momento por la Administración Concursal ni el Ministerio Fiscal como administrador de hecho. Esta absolución la hace extensiva a las empresas Euroamérica y Grupo Pujol Martí.

La Audiencia entiende que Sodercán "no puede verse afectado por la calificación de culpable del concurso, puesto que su imputación se realiza en su condición de socio, no pudiendo atribuírsele conductas propias de la gestión y administración de la sociedad".

Valoración "positiva"

Tras conocerse la sentencia, desde Sodercán se ha valorado "muy positivamente" la sentencia porque ésta falla "a favor de los intereses de la sociedad, y por tanto del interés público".

De esta forma, Sodercán ha destacado que "no tendrá, por tanto, que hacer frente a cantidad económica alguna por el 'caso GFB'", lo que permite así "liberar los 2,7 millones de euros, provisionados en las cuentas de la sociedad pública a la espera del fallo judicial, y que ahora podrán ser destinados a incrementar las líneas de apoyo a las empresas de Cantabria".

La sociedad pública ha recordado que en la campaña de "desprestigio" que el PP lanzó contra Sodercan nada más llegar al Gobierno en 2011 "se llegó a cifrar en 12 millones de euros" el quebranto económico en las cuentas de la empresa pública pos su participación en GFB.

Añade que la exoneración de toda responsabilidad económica de la empresa pública en el fallido proyecto de la fábrica de fibroyeso de Orejo está "en la misma línea" del informe de la Administración concursal que certifica que la actuación de Sodercan, tras la llegada a la dirección de la empresa pública, en 2008, de Salvador Blanco, "fue correcta y tendente, en todo momento, a la salvación de la empresa".

Según recuerda, GFB fue un proyecto empresarial cuya responsabilidad principal recayó en los socios privados, que eran mayoritarios, y en el que el Gobierno regional participó como socio minoritario. Desde Sodercan "se intentó dar una salida a la fábrica de fibroyeso mediante la búsqueda de un socio inversor fiable", lo que no fue posible, entre otras razones, según dice, "por el boicot permanente del PP, entonces en la oposición, a las distintas operaciones de venta". "Los 'populares', una vez llegados al Gobierno, permitieron que la empresa se liquidara, siendo vendida posteriormente a la multinacional alemana Fermacell, que es la que actualmente explota la fábrica de Orejo", concluye.

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