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La Audiencia de Cantabria revoca las imputaciones de Agudo y Marcano y archiva el 'caso Racing'

Marcano y Agudo acuden a declarar por el juicio del 'caso Racing'. |

Laro García

La Audiencia Provincial de Cantabria ha archivado la causa seguida contra los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) por la actuación de las empresas públicas CEP Cantabria y CANTUR en la venta de acciones del Racing de Santander.  

En un auto hecho público este martes, contra el que no cabe recurso alguno, el tribunal estima los argumentos presentados por López Marcano y Agudo, así como por el gerente del CEP Cantabria, Luis Egusquiza, y por el asesor contratado por la empresa pública para tales operaciones de venta, Emiliano Garayar, contra el auto de mayo de 2015 en el que la instructora de la Sala Civil y Penal del TSJC estimó la existencia de indicios del malversación y fraude a ente público e incoó jurado.

En aquella resolución, además, la magistrada ordenaba la remisión a los juzgados de tres hechos conocidos durante su investigación, para que fueran instruidos ante la posible existencia de indicios delictivos. En su auto, la Audiencia archiva dos de esas remisiones y mantiene viva una: la investigación sobre el destino de las subvenciones concedidas por la Consejería de Deporte al Racing.

Así pues, se enviará al juzgado de instrucción que corresponda la posible aplicación de esas subvenciones a fines distintos del objetivo de las mismas, y el reconocimiento y pago de sucesivos ejercicios.

Sin indicios de malversación y fraude

La causa principal por la que la instructora incoó procedimiento del jurado tiene su origen en la querella presentada por Cantur por la venta de las acciones del Racing de Santander.

En su auto, la magistrada imputaba a los responsables públicos López Marcano, Agudo y Egusquiza un delito de malversación y otro de fraude a ente público, y los hacía extensivos en calidad de cooperador necesario al administrador de Dumviro, la empresa que en un primer momento compró acciones del Racing y posteriormente se las vendió a WGA Sports.

Además, entendía la juez que Emiliano Garayar, contratado por CEP Cantabria como asesor, era también cooperador necesario del delito de fraude a ente público. Sin embargo, la Audiencia ha considerado ahora que no existen indicios de tales delitos, por lo que decide sobreseer la causa.

Un plan para salvar al Racing

En su auto, el tribunal de apelación reconoce la “decidida e inequívoca voluntad política del Gobierno de Cantabria de utilizar los recursos públicos para atajar la situación de insolvencia en que se encontraba” el Racing cuando en diciembre de 2004 ordena a CEP Cantabria que formalice un préstamo y tutele, planifique y controle el proceso de saneamiento del club, al tiempo que encomienda a Cantur que adquiera más de un millón y medio de acciones para después recolocarlas en el mercado.

La sala repasa cada uno de los pasos dados por ambas empresas públicas y concluye que las operaciones obedecen a un plan diseñado por CEP cuyo objetivo en esencia no era, como sostiene la querella y el auto recurrido, “liberar del pasivo al Racing en beneficio de la familia Montalvo” sino, como afirman los recurrentes y así lo entiende también el Ministerio Fiscal, “salvar al Racing.

En relación a la operación de compra y simultánea cesión de uso de la marca Racing por parte de CEP al club, la Audiencia “no aprecia irregularidad alguna en dicha operación” que, como calificó el administrador concursal, “es bastante compleja, de ingeniería, a su entender muy bien pensada, para procurar al Racing el dinero que necesitaba”.

“La valoración conjunta de las múltiples diligencias de investigación practicadas pone de manifiesto que nos encontramos ante un negocio jurídico complejo y atípico, cuya existencia por tanto es real y no ficticia”, señala el auto.

Además, en alusión a lo manifestado por el fiscal en su informe, la Audiencia coincide en señalar que “dichas operaciones se hicieron con el debido asesoramiento jurídico”, al tiempo que considera que “fueron conocidas por el Gobierno de Cantabria, no pudiendo deducirse, ni de su diseño, ni de su ejecución, reproche penal alguno, ello con independencia de que las mismas finalmente generaran un menoscabo para las arcas públicas por causas ajenas a la voluntad de los querellados”.

Finalmente, en relación al proceso de venta de las acciones a WGA, explica la resolución que se inicia en “un contexto de crisis patrimonial que afectaba tanto al grupo de empresas a que pertenecía la mercantil financiera Dumviro, como al club deportivo”.

También pone de manifiesto la “preocupación” del Gobierno de Cantabria por actuar con “corrección y con arreglo a derecho”, “ajustándose a las recomendaciones que le fueron efectuadas, no apreciándose por tanto en dicha conducta concierto de voluntades alguno destinado a perjudicar al ente público”.

Investigación sobre las subvenciones

El auto recurrido, además de incoar jurado por las operaciones relacionadas con la venta del Racing, deducía testimonio para que se investigara el destino dado a las subvenciones que el Gobierno de Cantabria concedía anualmente al club deportivo.

En este punto, la Audiencia decide mantener esta decisión, ya que considera que “no se cumplió una de las condiciones para poder acceder a la subvención, como era la de acreditar el fortalecimiento de la situación financiera”, máxime cuando el club fue declarado en concurso de acreedores en 2011 y ese mismo año la subvención le fue reconocida e incluso abonada.

A juicio de la sala, “se obvió palmariamente la condición consistente en la acreditación del fortalecimiento financiero, lo que pone de manifiesto la existencia de indicios de la posible comisión, tanto por los directores de Deportes firmantes de las correspondientes certificaciones justificativas del cumplimiento de los requisitos de la subvención, como eventualmente por el consejero que ordenó el pago, así como por los responsables del club, de los correspondientes delitos de prevaricación, malversación o incluso fraude de subvenciones”.

Exime a Emiliano Garayar

Sobre las imputaciones de Emiliano Garayar, la Audiencia señala que “carecen de suficiente respaldo y apoyo probatorio, no existiendo indicio alguno de que la facturación del despacho fuera excesiva, ni mucho menos que no obedeciera a la efectiva prestación de servicios profesionales”.

En el mismo sentido, al referirse sobre su participación en la venta de las acciones del Racing a Dumviro, el tribunal de apelación manifiesta que fue “absolutamente neutral e inocua, sin que obren en la causa datos que permitan afirmar que el mismo desempeñara ningún tipo de actuación irregular, siendo su labor principal la propia de un asesor jurídico”.

También considera la Audiencia la “improcedencia” de la remisión al juzgado de copia de las actuaciones por la posible existencia de indicios de prevaricación en la contratación de Garayar por parte de CEP sin expediente, publicidad ni concurrencia, tal y como había acordado la instructora.

Finalmente, entiende el tribunal que todos los hechos que se le imputan a Garayar relativos a su participación en la venta del Racing por Dumviro están prescritos, dado que sucedieron entre 2005 y 2006, cuando su declaración como imputado tuvo lugar en diciembre de 2014.

Ecoparque Besaya

Por otro lado, la Audiencia también decide archivar la deducción de testimonio que realizó la instructora para que un juzgado de instrucción investigara la recompra de participaciones del Ecoparque Besaya a una empresa de Montalvo.

Entiende la sala que de las diligencias practicadas “no se desprenden indicios que hagan pensar que con dicha operación se pretendió favorecer a las empresas de la familia Montalvo en detrimento de las arcas públicas”.

En este sentido, explica la resolución que tal recompra perseguía resolver el contrato derivado del concurso de adjudicación, cuyo pliego de condiciones había sido anulado por el TSJC por sentencia.

“La sala no alberga duda alguna respecto a que dicha escritura pública –de trasmisión de participaciones sociales, cesión de préstamos participativos y extinción de relaciones jurídicas– supuso la resolución y extinción de las relaciones jurídicas derivadas de la inicial adjudicación, cuyo pliego había sido anulado por sentencia”.

Pese a que Montalvo no recurrió el auto de la instructora de la Sala Civil y Penal, la Audiencia también sobresee la causa respecto a él.

“Causa política”

El primero en hacer una valoración ha sido el secretario de Coordinación y Política Institucional del PSOE de Cantabria, Ramón Ruiz, que ha manifestado su “satisfacción” por el archivo del 'caso Racing', en el que estaba imputado el presidente de su partido, Ángel Agudo, y el exconsejero regionalista Javier López Marcano, porque “era una causa más política que real”.

El también consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno bipartito ha indicado que, por el momento, solo conoce que se ha archivado la causa, tras revocar la Audiencia Provincial el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que imputaba a los dos políticos por malversación en la venta del Racing al empresario indio Ali Syed.

López Marcano tuvo que renunciar a su acta de diputado tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, ya que era una condición de Podemos para alcanzar un pacto con el PRC para la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria, pero Ángel Agudo siguió al frente del PSOE, ya que no ostentaba un cargo público sino orgánico.

Difamación y linchamiento

En este sentido, el Partido Regionalista de Cantabria ha instado al Partido Popular a que pida públicamente disculpas al vicesecretario general del PRC, Francisco Javier López Marcano, después de que la Audiencia de Cantabria haya archivado la causa de la compraventa de acciones del Racing.

El presidente cántabro y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado “una gran alegría” tras conocer el auto de la Audiencia Provincial que determina el sobreseimiento del llamado 'caso Racing', revocando la imputación de su compañero de partido.

Además, el jefe del Ejecutivo ha denunciado la “caza” a la que el PP, durante su etapa en el Gobierno (2011-2015), sometió al exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, al promover hasta cinco causas judiciales en su contra, “todas ellas desestimadas por los tribunales de justicia”.

En una valoración a preguntas de los medios de comunicación durante un receso de la Conferencia de Presidentes que este martes se celebra en Madrid, en el que también ha mantenido un breve contacto telefónico con López Marcano, Revilla ha reivindicado su “inocencia absoluta”, tras los reiterados fallos judiciales que han desestimado cada uno de los procesos judiciales promovidos en su contra por el PP.

“Lo que ha sufrido este hombre es terrible, le han minado incluso la salud y le han interrumpido su vida política”, ha declarado. En este sentido, el líder del PRC ha valorado la “entereza” con la que ha afrontado “esta cacería” y su decisión de regresar a su actividad profesional como profesor tras su renuncia al escaño que obtuvo en las elecciones autonómicas de 2015. “No todos lo hacen”, ha recalcado.

También para el portavoz del PRC, Pedro Hernando, el archivo de la causa  supone “una gran satisfacción” porque “refrenda el buen hacer” del representante de su partido.

No obstante, ha incidido en que produce “cierta tristeza” porque “evidencia lo más oscuro de la política”, en referencia a lo que considera “la utilización de las instituciones y del dinero público que hizo el PP cántabro, con su presidente, Ignacio Diego, a la cabeza, para manipular a los ciudadanos y difamar y linchar a un adversario político”. 

En su opinión, el Partido Popular lo único que pretendió con su actuación fue “derribar” a una persona que ha trabajado “muy duro, quitando horas a su vida personal y familiar por Cantabria y sus ciudadanos”.

Para Hernando, la pasada legislatura el Gobierno de Diego se dedicó a “sembrar dudas sobre la gestión de López Marcano, poniendo en marcha comisiones de investigación que solo buscaron ruido, titulares en los medios de comunicación y judicializar la vida política cántabra”, ha asegurado.

“Su buen hacer, su dedicación y su hoja de ruta han sido intachables y hoy, aunque los regionalistas siempre lo hemos sabido, lo corroboran los tribunales”, ha concluido el portavoz del PRC.

Obligación de actuar

El diputado Íñigo Fernández, que formó parte de la comisión de investigación sobre Cantur en la que se sustanciaron las denuncias que en su momento fueron remitidas a la justicia, ha afirmado que el Partido Popular “cumplió con su obligación” al llevar ante los jueces el llamado 'caso Racing'.

“Ni que decir tiene que cualquier valoración al respecto empieza desde el respeto a las decisiones que tome la Justicia, que es la misma que en su día decidió imputar a los exconsejeros Agudo y a Marcano, poniendo a ambos a las puertas de un juicio oral”, ha afirmado Fernández en una primera valoración del auto, después de que el líder de su partido, Ignacio Diego, haya declinado hacer declaraciones al respecto.

“Cumplimos con nuestra obligación al poner los hechos en conocimiento de la Justicia. Se habían perdido 40 millones de dinero público, se había causado un gran quebranto a las arcas públicas, y como trasfondo había una serie de intereses muy poco claros que debían ser investigados”, ha señalado en una nota de prensa.

“No cabe rehabilitación política”

Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha manifestado que la Audiencia de Cantabria ha fallando un sobreseimiento provisional, lo que, a su juicio, “no significa que no se haya cometido un delito, sino que no hay pruebas suficientes porque, de lo contrario, hubiera dictado un sobreseimiento libre”.

Por tanto, para Podemos “no cabe rehabilitación política posible” a pesar del contenido del auto hecho público este martes. “Que dejen de estar imputados, lamentablemente, no va a hacer aparecer el dinero de toda la ciudadanía cántabra”, ha finalizado la diputada de la formación morada.

“Al día con la justicia”

Una opinión muy distinta ha mantenido Ciudadanos, que “no ve problema alguno” en que los exconsejeros del Gobierno vuelvan a la vida pública al estar “al día con la Justicia”, tras el auto de la Audiencia Provincial que revoca sus imputaciones por presunta malversación en la compraventa del Racing.

“Si Francisco Javier López Marcano o Ángel Agudo no están imputados y, por tanto, no tienen ningún problema con la justicia, obviamente no habría ningún problema para que participen de la vida pública como cualquier otra persona”, ha señalado Rubén Gómez, portavoz de C's en el Parlamento.

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