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La Audiencia retoma esta semana el juicio de corrupción por La Loma tras el parón navideño

El exalcalde Fernando Muguruza durante su declaración en el juicio. | ARCHIVO

EUROPA PRESS

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La Audiencia Provincial retoma este lunes 13 de enero, tras el parón navideño, el juicio del caso 'La Loma' de Castro Urdiales, contra 11 acusados por irregularidades en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable SUNP 12 de Santullán, donde la promotora Vallehermoso construyó 46 chaléts cuya demolición solicitan tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la Junta Vecinal.

Esta semana comienzan las declaraciones de los primeros testigos, entre ellos el alcalde pedáneo de Santullán y concejal del PRC en la actual Corporación castreña, Julián Revuelta.

Su denuncia por la invasión de unos caminos de la Junta Vecinal durante la ejecución de unas obras del SUNP 12 en el año 2006 fue la que dio origen a la macrocausa de La Loma, instruida por el polémico juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del juzgado número 2 de Castro Urdiales.

Revuelta era en aquella época alcalde pedáneo por el PSOE y dirigió la denuncia contra el entonces alcalde Fernando Muguruza (PRC), que estaba aforado por ser diputado regional, y contra el concejal de Obras, Salvador Hierro (IU).

La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.

La decisión de la fiscal, Pilar Santamaría, de “contraer” la causa al SUNP 12 y retirar los cargos a 39 acusados -todos menos seis-, propició que se retiraran de la causa todas las acusaciones particulares salvo la Junta Vecinal de Santullán, y dejó el número final de acusados en 13, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, acusados de prevaricación y cohecho, respectivamente.

Acusados y cargos

El ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en el SUNP 12, y sostiene que algunos de los acusados que ostentaban cargo público recibieron contraprestaciones económicas por “promover y silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación” de los instrumentos urbanísticos señalados.

Por todo ello, advierte la comisión de delitos de cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística, así como falsedad documental en concurso con prevaricación. La Fiscalía atribuye al exalcalde Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión.

Para Díaz Helguera pide cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.

Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales, César Sáiz, le atribuye un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación, otro delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.

Por su parte, la fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.

Asimismo, al acusado que ejerció funciones de arquitecto municipal, Pedro Restegui, el ministerio público le considera autor de un delito continuado de cohecho y la pena solicitada es de cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.

Finalmente, la Fiscalía también acusa al promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina, al que atribuye delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros. Está previsto que el juicio se prolongue hasta finales de febrero.

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