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El Ayuntamiento de Santander reclama daños y perjuicios a Codelse por el incendio en el Museo de Arte

Los bomberos tras sofocar el fuego en el Museo de Arte Moderno de Santander. | LARO GARCÍA

Rubén Vivar

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El equipo de Gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Santander ha iniciado un expediente administrativo para reclamar a la empresa Codelse, responsable del mantenimiento de los sistemas de alarmas de los edificios municipales, una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incendio que el pasado mes de noviembre arrasó la biblioteca del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (M.A.S) y calcinó ocho obras de arte.

Además, el Consistorio también ha acordado rescindir el contrato suscrito con Codelse para la prestación de este servicio alegando el “incumplimiento” de los pliegos de condiciones, así como “pérdida de confianza”. Ambas resoluciones fueron aprobadas el pasado 3 de julio, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. Ahora, la empresa tiene un plazo de diez días hábiles desde la fecha de notificación para presentar alegaciones.

Más de ocho meses después de aquel siniestro aún continúan existiendo muchas lagunas. La investigación abierta por el Ayuntamiento puso de manifiesto que el sistema de detección de incendios estaba desconectado cuando se produjo el incendio, lo que “posiblemente agravó de forma notable los daños”. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta quién lo desconectó, ni tampoco cuáles fueron las causas por las que se inició el fuego.

En aquellas fechas, la empresa SIEC estaba acometiendo obras en el M.A.S para reformar la cubierta del inmueble, así como para eliminar las barreras arquitectónicas. Los trabajos se iniciaron en el mes de mayo y durante su ejecución, “la central antiincendios del edificio, junto a otros elementos de seguridad anti robo, habrían sido desactivados sin la autorización, ni el conocimiento previo de la Administración”.

Sin embargo, la investigación no ha logrado esclarecer quién desactivó estas medidas de seguridad, aunque apunta que “supuestamente” fueron trabajadores de SIEC con el conocimiento de Codelse.

Este hecho provocó que cuando los bomberos llegaron al Museo se encontraron “con un incendio completamente desarrollado”. “De haber estado operativo el sistema anti incendios y las alarmas existentes en el interior del edificio, previsiblemente, habrían permitido advertir con la debida antelación la existencia del fuego”, recalca el informe de los técnicos municipales.

No obstante, el propio informe municipal reconoce que “existe constancia de que dos alarmas anti robo llegaron a sonar en la comisaría de la policía local en la madrugada en la que se produjo el incendio”, si bien no detalla cómo se gestionó esta señal.

En cualquier caso, el equipo de Gobierno considera que Codelse incumplió las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con el Ayuntamiento para el mantenimiento integral de las alarmas en edificios municipales y para justificar la revocación del contrato acude a la cláusula 1.3 del pliego de condiciones técnicos, que establece “la obligación de emitir en el plazo de los dos primeros meses de vigencia del contrato, un informe detallado respecto a las deficiencias observadas en las instalaciones y equipos objeto de mantenimiento”.

“El plazo para emitir este informe finalizó el 21 de septiembre de 2017, y el informe fue emitido el 18 de diciembre de 2017 fecha posterior al incendio”, explica el equipo de Gobierno, que califica el incumplimiento de “muy grave”, y que además de acordar la revocación del contrato, propone la aplicación de una penalización al contratista de entre el 8% y el 10% del importe del mismo.

En el mismo acuerdo, los populares acuerdan reclamar una indemnización a la empresa “por los daños y perjuicios ocasionados que resulten determinados”.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ya archivó el pasado mes de enero la causa abierta por el incendio “por falta de autor”, mientras que la oposición pidió a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que cesara a la concejala de Cultura, Miriam Diaz, por su “incompetencia” y “dejación de funciones”.

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