Buruaga advierte de que el Gobierno está “a punto de dar la puntilla” al sector de la Dependencia

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido hoy de que el Gobierno está “a punto de dar la puntilla” al sector de la dependencia con la imposición de una normativa “que nadie quiere” y ha denunciado que la “falta de planificación” durante la legislatura “ha dejado en la estacada a miles de personas dependientes”.

Buruaga ha mantenido hoy una reunión con empresas y entidades prestadoras de servicios a personas dependientes en la que, según ha explicado, ha constatado “lo que ya sabía: que ésta ha sido una legislatura nefasta también para este sector por la gestión de un Gobierno que ha sido el del freno y los recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia”.

Según la popular, el sector de la Dependencia “no puede más y si no se planta es por responsabilidad”.

Para Buruaga, estos cuatro años han sido “los de la falta de planificación y el incumplimiento de compromisos” y la consecuencia es que la situación “es hoy mucho peor, porque nada ha mejorado ni para las personas dependientes, ni para las empresas y entidades que las atienden a pesar de la actitud hipócrita de un Gobierno que intenta apropiarse del discurso del bienestar, pero que, en realidad, dice una cosa y hace justo lo contrario”.

Según la dirigente popular, en esta legislatura se destina menos presupuesto que en 2015 a financiar las prestaciones del sistema, las plazas en residencias, centros de día y ayuda a domicilio, y se han disparado tanto las personas que esperan, como el tiempo que esperan por falta de planificación y de gestión.

A ello se suma “la voladura del diálogo y el trabajo conjunto”, hasta el punto de que el Gobierno “va a imponer una normativa de acreditación que va a ser la puntilla para un sector que está al límite y no se planta por responsabilidad”.

Por ello, Buruaga ha exigido al Gobierno que abra “de inmediato” una vía de diálogo con las empresas y entidades del sector de la dependencia para negociar una normativa reguladora “que sitúe en el centro la atención a la persona”; que cuente con “alto grado de consenso”, perdure en el tiempo y venga acompañada de una financiación “estable y suficiente para garantizar tanto la máxima calidad en la atención como la viabilidad” de la red pública de atención a la dependencia.